Acusado por fraude de licencias de armas viola condiciones de fianza

La fiscalía federal solicitó una vista de fianza en alzada
pistola
Por Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO 12:51 pm

La fiscalía federal solicitó al juez federal Francisco Besosa que celebre una vista de fianza en alzada contra el instructor de tiro Julio Medina Mojica, acusado junto al abogado Antonio Peluzzo por participar en un esquema de fraude de licencias de portación de armas, luego de que presuntamente violó sus condiciones de libertad bajo fianza.

Los fiscales federales José Capó y Luke Cass, así como la Oficina de Probatoria informaron al juez que Medina Mojica acudió al Club de Tiro de Humacao el pasado 15 de agosto.

Como parte de sus condiciones de libertad bajo fianza al acusado se le había prohibido visitar un polígono de tiro y disparar un arma de fuego.

La Oficina de Probatoria radicó una moción en la que plantea que la visita del acusado al Club de Tiro “lo puso en presencia de testigos del caso, en aparente violación a la condición -de fianza- número siete, evitar contacto directo o indirecto con víctimas o testigos del caso”.

El “Task Force” de la Oficina de Probatoria inició una pesquisa sobre el particular y entrevistó al administrador del Club de Tiro José Rivera, quien confirmó que el acusado había acudido al lugar, pero para darle mantenimiento a las instalaciones.

Posteriormente, entrevistaron al acusado, quien admitió haber hecho unos disparos, pero para propósitos educativos. Ello, porque presuntamente estaba enseñándole a disparar a un joven a quien le pertenece el arma de fuego.

Medina Mojica enfrentará el juicio en su contra el 29 de septiembre. Este fue incluido en un pliego acusatorio enmendado y emitido por un Gran Jurado el pasado 1ero de mayo.

Además de Peluzzo Perotín, fueron acusados los esposos Julio Colón Santiago y María del Carmen Rivera Negrón. El matrimonio se declaró culpable por este caso. También fue acusado por el Gran Jurado el instructor de tiro José M. Prado.

De acuerdo a la acusación, el matrimonio le referían clientes a Prado y a Medina Mojica para que ofrecieran cursos sobre el uso y manejo de armas de fuego –requeridos para obtener las licencias de armas-.

Sin embargo, los acusados les entregaban certificados de que habían tomado los cursos, cuando no era cierto.

A los instructores de tiro se les imputan cargos por robo de identidad agravada y robo de identidad agravada.

Peluzzo Perotín y los esposos Colón Santiago y Rivera Negrón enfrentan 490 cargos por falsificación de sellos y formas, producción de documentos falsos, conspiración para cometer una ofensa contra el gobierno de Estados Unidos, robo de identidad y robo de identidad agravada.

Hasta al momento, hay aproximadamente 1,300 licencias creadas con documentos falsificados.

Como parte del esquema, The Lawman Gun Shop cobraba entre $1,000 y $1,500 por solicitud.

El pliego acusatorio alega que Colón Santiago y Rivera Negrón, como dueños de la armería, le pagaban aproximadamente a Peluzzo Perotín $480 por licencia falsa.

La armería, a través de sus dueños y el abogado, se encargaban de todo el trámite para conseguir licencias de portación de armas fraudulentas a sus clientes.

El establecimiento le proveía a sus clientes facturas que detallaban los servicios que supuestamente ellos ofrecían, fotocopias, afidavits, sellos, cargos de Hacienda, servicios de intermediarios y certificados médicos. Estos, en su mayoría nunca fueron prestados.

Usualmente, los acusados le cobraban $250 a sus clientes por la compra de comprobantes que necesitaban del Departamento de Hacienda.

Los acusados reciclaban los comprobantes al hacer copias y los volvían a usar, mientras que los clientes pensaban que eran originales.

También les cobraban $75 en honorarios por asistir a los tribunales, a pesar de que ni las solicitudes ni los documentos eran radicados en ninguna corte.

Los clientes de la armería no tenían que ir a corte no proveer ningún otro documento como requerido bajo la ley de Armas de Puerto Rico.

Como parte del esquema, los acusados llevaban las solicitudes para licencia de portar armas a la Comandancia de Bayamón sin importar donde los clientes residían y así evitaban que estos llevaran las solicitudes en persona a las comandancias que les tocaba de acuerdo a su residencia. También recogían las solicitudes de los clientes a la comandancia cuando estaban listas.

Se alega que los acusados le llevaba donas, café y pitorro y le daban propinas al personal que trabajaba en la comandancia de Bayamón por acelerar los procesos y no ser tan exigentes durante los procedimientos para expedir licencias.

Con estos documentos falsos los acusados provocaron que la Policía de Puerto Rico creara identificaciones falsas.

Los acusados también enfrentan un cargo por ilegalmente haber ayudado a un convicto por Ley de Armas a obtener, poseer y portar armas de fuego. A preguntas de la prensa, Rodríguez no descartó la radicación de cargos contra esta persona.

Específicamente, le facilitaron a esa persona la portación y posesión de una pistola Glock, modelo 27, calibre .40 y una escopeta Maverick, modelo 88, calibre 12.

El pliego acusatorio enmendado incluye una alegación de confiscación por $1.5 millones y la armería con todo su inventario que constaba de

200 mil municiones y cerca de mil armas de fuego. Esto en adición a una guagua Ford King Ranch del 2013, un BMW del 2014, Porsche 911 del 2011 y un Mustang del 2014.

Las sentencias máximas que enfrentan los acusados por falsificar documentos de la corte es de cinco años y 15 años por la creación de identificaciones falsas. Asimismo, se exponen a cinco años por el cargo de conspiración, dos años consecutivos por cada cargo de robo de identidad y hasta 10 años por ayudar a una persona convicta de delito grave para poseer y portar armas de fuego.

Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO

Periodista con más de 20 años de experiencia. Asignada a la cobertura del Tribunal Federal.


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