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Asoman cierres de tribunales municipales

La administradora de la OAT, Sonia Ivette Vélez, adelantó el cierre de los tribunales de Moca, Cataño y Naranjito
juicio
Por Yennifer Álvarez Jaimes, EL VOCERO 4:00 am

El clausura de varios tribunales municipales y la cancelación del plan de expansión de las Salas Especializadas de Violencia Doméstica, Sustancias Controladas, y otros programas judiciales de acceso a la justicia son algunos de los efectos directos que tendrá la Ley de Sostenibilidad Fiscal sobre la ciudadanía.

Además, una Orden Administrativa firmada por la presidenta del Tribunal Supremo, Liana Fiol Matta, establece que se evalúen los aranceles que se cobran a la ciudadanía, en algunos renglones, por lo que no se descarta que aumente el costo de presentar una demanda o solicitar otros servicios en los tribunales.

Aunque el estatuto implica una reducción en el presupuesto y por ende, un recorte de gastos, la Rama Judicial aseguró que “de ninguna manera (estas medidas) significan un retroceso en su política pública de proveer a la ciudadanía el mayor acceso posible a la justicia”.

“Si bien algunos de los programas diseñados a adelantar esa política pública se verán afectados en sus operaciones como consecuencia de la reducción en el presupuesto de la Judicatura, la Orden Administrativa adoptada a estos efectos especifica que se evaluarán los programas judiciales de acceso a la justicia “para identificar alternativas que permitan su continuidad”, agregó en comunicación escrita la Oficina de Prensa de la Rama de Judicial.

En entrevista con EL VOCERO, la administradora de la OAT, Sonia Ivette Vélez, indicó que a pesar del recorte de $53 millones en el presupuesto, la Rama Judicial se asegurará de no afectar a los servicios.

La Orden Administrativa establece además buscar que se redacte legislación para “generar fondos propios”.
Veléz confirmó el cierre de los tribunales municipales de Moca, Cataño y Naranjito. Sin embargo, la funcionaria no quiso adelantar cuáles serán los otros tribunales municipales que serán clausurados hasta discutir el plan con la presidenta del Tribunal Supremo.

Las medidas para atender la situación fiscal fueron detalladas en la Orden Administrativa- en poder de este rotativo- sobre medidas de control de gastos para el año fiscal 2014-2015 emitida el pasado 7 de julio.

Otra de las medidas adoptadas por la Rama Judicial para enfrentar los efectos de la Ley de Sostenibilidad Fiscal es la reducción entre 10 y 20 por ciento en el pago global de rentas de los edificios y locales.

La semana pasada EL VOCERO reportó que nueve centros judiciales están ubicados en instalaciones arrendadas en vez de edificios del Gobierno.

La administradora de la OAT justificó el alquiler de edificios porque los contratos incluyen el mantenimiento, y a largo plazo, las estructuras pasarán a ser propiedad de la Rama Judicial.

Según la OAT, el nuevo Centro Judicial de Caguas pasará a ser propiedad de la Rama Judicial en 2043. Mientras, el Centro Judicial de Fajardo en 2028 y el Centro Judicial de Humacao en 2031. En tanto, el Centro Judicial de Mayagüez será propiedad de la Rama Judicial en 2032, las Salas de Familia y Menores en Bayamón en 2036 y el Centro Judicial de Carolina en 2018.

Aclara situación con Centro Judicial de Carolina

La Oficina de la Administración de Tribunales (OAT) aclaró que el arrendador del edificio que alberga el Centro Judicial de Carolina cumple con los requisitos de ley para hacer negocios con el Gobierno.

La semana pasada la OAT informó a EL VOCERO que el edificio que alberga el Centro Judicial de Carolina es propiedad de Oficinas de Carolina, Inc., entidad que no cuenta con un registro de incorporación desde febrero de 2014. No obstante, la OAT aclaró que por error se identificó a la entidad como una corporación cuando en realidad es una sociedad especial.

De acuerdo al contrato, durante los primeros 20 años la OAT pagó un total de $42 millones al arrendatario por el alquiler del edificio que alberga el Centro Judicial de Carolina. Durante los últimos 10 años del arrendamiento- que culmina en 2018- habrá pagado otros $19 millones, lo que suma el costo total del edificio en $61 millones.

Yennifer Álvarez Jaimes, EL VOCERO

Graduada de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras con ocho años de experiencia como periodista en prensa escrita, radio y televisión.


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