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Ávido día de argumentos

La histórica audiencia se celebró con la presencia de ocho de los nueve jueces del máximo foro judicial porque el juez asociado Efraín Rivera García se excusó por encontrarse fuera del País tras el nacimiento de su nieto
Supremo
Por Yennifer Álvarez Jaimes, EL VOCERO 4:10 am

Cómo la ley que reforma el Sistema de Retiro de la Judicatura afecta la independencia judicial y la discusión sobre si la pensión, al igual que el salario de los jueces, está protegida por la Constitución, predominaron en la discusión durante la vista argumentativa que celebró ayer el Tribunal Supremo.
               
La vista es particularmente porque por primera vez en la historia se permitió su transmisión en directo a través de los medios de comunicación, y además, el debate surge mientras el magisterio reclama la inconstitucionalidad del estatuto que también reforma su sistema de pensiones.
               
La audiencia se celebró con la presencia de ocho de los nueve jueces del máximo foro judicial porque el juez asociado Efraín Rivera García se excusó por encontrarse fuera del País tras el nacimiento de su nieto, informó el juez presidente Federico Hernández Denton.
               
El licenciado Hiram Sánchez comenzó la argumentación en representación de uno de los demandantes, el juez del Tribunal de Apelaciones, Germán Brau.
                 
“Si la Legislatura aprueba un proyecto para bajarle el sueldo al gobernador, este Tribunal está obligado a declarar inconstitucional esa medida”, sentenció Sánchez al argumentar que la Asamblea Legislativa no puede alterar los salarios de otras ramas de gobierno.
               
Asimismo, el licenciado Sánchez catalogó como “una espada de Damocles sobre los jueces” la Ley 162 que reforma el Sistema de Retiro de la Judicatura por entender que si no se declara inconstitucional abre la puerta a represalias contra jueces que dicten sentencias en contra del Gobierno.
               
En su turno, el licenciado, Manuel Martínez Umpierre, representante de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, argumentó que “la Rama Judicial es la más débil”, porque depende de que el Gobernador designe y la Asamblea Legislativa confirme a los jueces.
               
“Hace falta que jueces tengan seguridad económica para que puedan ejercitar esa independencia judicial”, sentenció.
            
Además, el licenciado dijo que la Ley 162 afecta a los jueces porque el salario que tendrán será menor e inclusive el lenguaje del estatuto lo que provocaría es un éxodo en masa de jueces del sistema, lo que afecta la independencia judicial.
               
Precisamente, el abogado de la  Oficina de Administración de Tribunales (OAT), Manuel Marques, informó  que el estatuto provocará el retiro de al menos 44 jueces que evitarán recortes en su pensión al retirarse antes de la mitad del 2015. Apuntó que además hay más de 20 plazas de jueces sin nombrar por el Ejecutivo.
               
Martínez Umpierre planteó que la ley es nula porque en la exposición de motivos se habla de la ley aplicará a los nuevos jueces que entren a la Rama Judicial, es decir, con prospectividad, pero luego que hicieron cambios al proyecto pero no al título.
               
“O sea que en la prisa por legislar para irse ‘sine die’ antes de la Misa de Gallo, se les olvidó (a los legisladores) enmendar el título”, planteó el juez asociado Rafael Martínez Torres.
               
Los jueces Rafael Martínez Torres, Erick Kolthoff Caraballo y Luis Estrella lideraron la mayor parte de los comentarios y preguntas.
               
Un fuerte careo se registró entre el juez Martínez Torres y la procuradora general, Margarita Mercado intentó defender la posición del Estado Libre Asociado (ELA) que considera que la Ley 162 que reforma el Sistema de Retiro de la Judicatura es constitucional. El juez presidente Federico Hernández Dentón llamó en varias veces al orden ante las constantes interrupciones que hacían los jueces mientras argumentaba la licenciada Mercado.
               
En el turno de la Procuradora General, los jueces asociados cuestionaron en múltiples ocasiones el alegado cambio de postura del Departamento de Justicia sobre la Ley 162, debido a que en las vistas públicas en la Asamblea Legislativa, la agencia expresó que para que la ley fuera constitucional, tenía que ser prospectiva. La representante del Gobierno alegó que se trataba de proyectos diferentes y no explicó el cambio de postura.
               
Otro asunto cuestionado con insistencia fue el de la pensión como emolumento. Y aunque hubo un extenso debate sobre esta palabra,  la Procuradora General insistió en que la pensión no es parte del salario de los jueces, protegido constitucionalmente.
               
Además, la Procuradora General intentó hacer referencia a la decisión del máximo foro judicial con relación a la Ley 3 de 2013 que reforma el Sistema de Retiro de los Empleados de Gobierno. Sin embargo, el tema no se desarrolló lo suficiente en la vista que duró más de dos horas y media.
               
Precisamente, en su última intervención el juez Estrella Martínez dijo que no hubo un estudio actuarial ni un análisis responsable de la situación fiscal del Sistema de Retiro de la Judicatura.
               
Al terminar la vista, el Juez Presidente dijo que el caso quedó sometido y que el mismo será atendido con la prontitud que requiere. El Tribunal Supremo no tiene un término de tiempo establecido para emitir una decisión.

Yennifer Álvarez Jaimes, EL VOCERO

Graduada de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras con ocho años de experiencia como periodista en prensa escrita, radio y televisión.


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