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Barajan severos recortes

El Gobierno apuesta a la reducción del 2 por ciento de su presupuesto operacional para sembrar el camino hacia una recuperación económica, sin embargo, mantiene latente la reducción de la jornada laboral y el despido de empleados públicos
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Por Yennifer Álvarez Jaimes, EL VOCERO 4:09 am

Aunque en esta etapa no se ha concretado la reducción de jornada laboral en las agencias públicas, tal parece que algunas personas que trabajan por servicios profesionales puedan ver afectados sus contratos tras la degradación del crédito del País a chatarra.

El gobernador Alejandro García Padilla envió ayer una medida a la Asamblea Legislativa para reducir $170 millones en el presupuesto vigente y que según el primer ejecutivo “establecerá la base para un presupuesto balanceado de cara al próximo año fiscal”.

Sin embargo, para lograr el ahorro de esos $170 millones, las agencias públicas tendrán que reducir  2 por ciento de su presupuesto.

EL VOCERO recibió ayer llamadas de varios empleados públicos preocupados con la reducción de jornada laboral y posibles despidos. También, una fuente de este rotativo, aseguró que una agencia pública se reunió el personal para adelantar la posibilidad de reducir la jornada laboral próximamente.

Aunque el Primer Ejecutivo dijo que las cesantías están descartadas, lo cierto es que algunas personas que trabajan por servicios profesionales pudieran perder sus contratos y otras tendrán que renegociar sus tarifas para poder seguir brindando sus servicios.

La Oficina de Prensa de La Fortaleza explicó a EL VOCERO que para lograr una de reducción de $170 millones en el presupuesto la administración de García Padilla utilizará: $75 millones que tenía la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) en un fondo de contingencia para las agencias, $25 millones de asignaciones especiales que no han sido desembolsadas y que no van a ser necesarias, y $70 millones provenientes del ajuste de 2 por ciento en el presupuesto operacional de las agencias con excepción del Departamento de Educación (DE).

Al mismo tiempo, se indicó que algunas agencias pudieran tener una reducción menor en su presupuesto debido a que es muy limitado. La determinación estará a cargo de la OGP en conversación con los directores de agencias.
De otra parte, la medida radicada por el Ejecutivo propone enmendar los artículos 3 y 8 de la Ley 45-2013 a través de la cual se autorizó un financiamiento de $245 millones que sufragaría ciertas asignaciones presupuestarias, en particular el Fondo de Equiparación Municipal del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).

“A dichos fines, se transfiere la cantidad de $170 millones de la asignación que se giraría contra el financiamiento dispuesto en la Ley Num. 45-2013, para que sea sufragado de reducciones en otras asignaciones presupuestarias actualmente vigentes”, reza el proyecto.

De acuerdo a la exposición de motivos del proyecto, “los fondos que fluyen a los Municipios mediante el CRIM, por virtud del Fondo de Equiparaci6n Municipal, no se verían afectados negativamente”.

“Meramente, el dinero que procedía del Banco Gubernamental de Fomento mediante un préstamo provendrá subsiguientemente del Departamento de Hacienda, a ser cubierto por los recaudos u otros recursos del mismo”, detalla la pieza legislativa.

Además, La Fortaleza informó ayer que el gasto correspondiente a la nómina de confianza con cargo al Fondo General se ha reducido un 16 por ciento.

En una actividad pública en Ponce, el Gobernador insistió ayer en que su administración consultará las acciones a tomar con todos los sectores del País.

Informó que se reunió con la Asociación de Bancos y con varios representantes del sector sindical, profesional e industrial del País en la Mansión Ejecutiva, con el fin de discutir con todos los sectores ideas para sacar al País de la difícil situación fiscal que enfrenta.

“Los empleados públicos son parte del Gobierno…y en demasiadas ocasiones procuran ser parte de la solución y no se les da espacio, pues esta vez se les va a dar espacio. Se trata de la colaboración de todo el País. Fue una reunión introductoria y estoy seguro que habrá mucha colaboración entre el Gobierno y distintos sectores sindicales”, manifestó García Padilla en rueda de prensa luego de anunciar la inauguración de la represe del río Portugués en Ponce.

Sobre los ingresos, García Padilla sostuvo que su administración está en proceso de culminar las proyecciones revisadas de recaudos, sin impuestos nuevos para el próximo año fiscal, tomando en cuenta la proyección de crecimiento económico y las medidas de ingreso ya legisladas, junto a los esfuerzos de fiscalización contra la evasión.

Al mismo tiempo, el Gobernador ordenó  a las agencias acelerar el plan de inversión en infraestructura para reactivar la economía.

Según el Primer Ejecutivo, hay identificados $800 millones en inversión pública y privada de obras de infraestructura. Además, las agencias revisarán sus planes de obras de infraestructura para aumentar la inversión ya prevista. También, indicó que su Gobierno enfatizará en el desarrollo de proyectos de Alianzas Público Privadas (APP) para obras nuevas de infraestructura.

El Mandatario criticó nuevamente a las pasadas administraciones por “gastar más de lo que tenía el País”.
“Los Gobiernos se comportaron a través de los años como niños, gastaron más de lo que podían gastar, y que ironía que uno de los gobernadores más jóvenes venga hacer que el Gobierno se comporte como adulto. El Gobierno pasado gastó entre deuda y fondos ARRA $23 mil millones. ¿Saben cuánto hay de la deuda de $70 mil millones de mi administración? Nada, cero”, sentenció.

García Padilla dijo que la emisión que su administración espera hacer a fin de mes es para saldar deuda actual.
Agregó que el Gobierno tiene liquidez suficiente hasta el 30 de junio para enfrentar los pagos de la deuda cuyo vencimiento se aceleraría tras el anuncio de la degradación.

De acuerdo a García Padilla, su equipo económico continuaba en conversaciones con los bancos y otros acreedores de esta deuda para intentar que la misma se mantenga con los plazos acordados inicialmente y no se acelere su cobro.
Asimismo, lanzó otra advertencia al Tribunal Supremo para que no declare inconstitucional la Ley 160 que reforma del Sistema de Retiro de Maestros (SRM).

Yennifer Álvarez Jaimes, EL VOCERO

Graduada de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras con nueve años de experiencia como periodista en prensa escrita, radio y televisión.


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