Cautela en Justicia con la Diócesis de Arecibo

El Tribunal Supremo favoreció la postura del obispo Luis Daniel Torres de la Diócesis de Arecibo.
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Por Yennifer Álvarez Jaimes, EL VOCERO 4:09 am

El Departamento de Justicia todavía no ha decidido si pedirá una reconsideración al Tribunal Supremo, luego que el máximo foro judicial revocó la decisión del Tribunal de Primera Instancia, que ordenaba a la Diócesis de Arecibo entregar los expedientes de las presuntas víctimas adultas, que solicitaron confidencialidad, en casos de abuso sexual por parte de sacerdotes.

El Departamento de Justicia tiene 10 días laborables para pedir una reconsideración al Tribunal Supremo. La procuradora general, Margarita Mercado Echegaray y el titular de Justicia, César Miranda, informaron ayer que todavía analizan si se solicitará una reconsideración.

Miranda lamentó la sentencia emitida por el Tribunal Supremo y la catalogó como una retrógrada.

“El Tribunal Supremo acaba de desperdiciar una gran oportunidad. La oportunidad que añora todo buen jurista: la de establecer un precedente en la normativa jurídico social que dé al traste con prácticas que atentan a diario contra la honra, la salud mental y la dignidad del ser humano. En estos casos: menores de edad”, dijo ayer el secretario de Justicia en rueda de prensa.

Miranda aseguró que su deseo era que el caso llegara hasta el Tribunal Supremo pues “entendía que el máximo foro judicial optaría por la protección absoluta de los menores agredidos sexualmente, adoptando una norma de plena apertura que facilitara el encausamiento penal de los que atentan contra los menores”.

“No ha sido así. En alguna medida quedan protegidos los pederastas. Pensé que el Tribunal Supremo se uniría a la corriente mundial que propicia la apertura para procesar casos de pederastia. Me equivoqué, la sentencia del Tribunal Supremo ha establecido un escollo indebido a la capacidad investigativa del Departamento de Justicia. Nos ha devuelto a la Edad Media”, sentenció.

Para el funcionario el Tribunal Supremo ignora la intención apremiante del Estado de defender, mediante el procesamiento criminal, a las víctimas de delitos sexuales.

Agregó que esta sentencia establece un procedimiento restrictivo para que el Estado pueda obtener información relevante a sus investigaciones criminales. Del mismo modo, impone un poder de veto con la mera objeción de una presunta víctima.
“La sentencia es una carta en blanco que puede liberar de responsabilidad penal a los que han cometido delito. La disidente del juez (Luis) Estrella lo consigna con claridad”, aseguró.

“Yo hago un llamado, muy respetuoso, a que no estemos creando un santuario a la impunidad”, concluyó. Miranda hizo las declaraciones acompañado de la procuradora general y el jefe de fiscales, José Capó.

Sobre el derecho a la intimidad de las víctimas, la procuradora general dijo, a preguntas de EL VOCERO, que el Departamento de Justicia puede garantizar la confidencialidad de las víctimas e impedir que sus nombres sean filtrados a los medios de comunicación.

Por su parte, el jefe de fiscales, José Capó, adelantó que la Fiscalía continuará con el caso hasta encausar a los responsables. Admitió que sin poder identificar a las víctimas será más cuesta arriba poder radicar cargos contras los presuntos pederastas.

Aunque dejó claro que el Departamento de Justicia no pretende implicar que en la Diócesis de Arecibo se pudo haber encubierto a los sacerdotes pederastas, Capó adelantó que si alguna de las víctimas es identificada y acepta se investigue el caso, a su pedido, la Iglesia deberá entregar el expediente a la Fiscalía para asegurarse de que nadie encubrió un delito.

Yennifer Álvarez Jaimes, EL VOCERO

Graduada de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras con nueve años de experiencia como periodista en prensa escrita, radio y televisión.


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