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Colonialismo de Wall Street

Hoy, como parte de la patología colonial, esa ciudadanía de segunda clase humillantemente impuesta es celebrada por muchos, y por algunos, casi elevada a sacramento
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Por María de Lourdes Santiago 4:02 am

Esta semana se cumplieron 97 años desde que, por virtud de la Ley Jones y con la decidida oposición de los puertorriqueños —como quedó consignado en el  memorial sometido por la Cámara de Delegados al Congreso— se impuso la ciudadanía estadounidense a los nacionales de esta tierra. 

Esta imposición, diseñada, según el propio representante Jones, para que Puerto Rico “permaneciera como una posesión permanente de los Estados Unidos”, ha cumplido a cabalidad los maquiavélicos propósitos que la inspiraron. Por un lado, ha contribuido al estancamiento del debate sobre nuestra condición política, como anticipó Muñoz Rivera: “…si no podemos convertirnos en uno de sus estados, si no podemos constituir nuestro propio país, entonces tendremos que ser permanentemente una colonia…”. 

Por otro, ha servido para cimentar la estructura de la desigual relación colonial, que garantiza a la metrópolis beneficios que van desde las jugosas ganancias de las corporaciones estadounidenses hasta el tributo de sangre que representa el sacrificio de vidas puertorriqueñas en sus guerras.  

Hoy, como parte de la patología colonial, esa ciudadanía de segunda clase humillantemente impuesta es celebrada por muchos, y por algunos, casi elevada a sacramento.  Pero no se detiene ahí la malsana devoción a los designios del norte. Como un ejemplo de libro de texto del Síndrome de Estocolmo (el fenómeno del secuestrado enamorado del secuestrador), basta que un mandato llegue vía  mensajero con credencial estadounidense para que se dé por bueno, sin que importen las  consecuencias.  De ahí la sumisión extrema que en tiempos recientes ha provocado, como si no bastara la entrega a Washington, que ahora también padezcamos el colonialismo de Wall Street. 

Cada noticia sobre las determinaciones de las casas acreditadoras mantiene al país en vilo, porque es de esos señalamientos y no de los intereses de nuestro país que dependerá el curso de las políticas económicas cuyos efectos padeceremos por décadas. 

Ninguna de las drásticas medidas aprobadas con el alegado fin de estabilizar las finanzas públicas es fruto de la reflexión ponderada de los funcionarios electos o designados en el gobierno de Puerto Rico.  La infame Ley 7 del pasado cuatrienio, la desarticulación del Sistema de Retiro de gobierno central, y luego, del Sistema de Retiro de Maestros, la adopción de las nuevas medidas impositivas que tendrán efectos confiscatorios sobre los pequeños y medianos comerciantes puertorriqueños: todos son parte de la receta dictada desde Nueva York por los inversionistas y sus representantes. 

Para ellos la dócil aceptación de sus ideas representa un alivio a sus preocupaciones pecuniarias; para los nuestros, significa el castigo del desempleo, la condena a una vejez de pobreza para los empleados públicos, y perjuicios irreversibles a una parte importante del empresariado local.

Para completar la marcha forzosa al precipicio, esta semana finaliza el trámite de la aprobación para una nueva emisión de bonos por 3,500 millones de dólares. La transacción, dirigida a atraer a los especuladores más voraces, se realizará en términos que aún no podemos precisar, pues se le da mano libre al ejecutivo para finiquitarla, pero como mínimo nos obligará al pago de intereses que podrían llegar al 12% (recordemos el escándalo que apenas el año pasado provocó la emisión de AEE al 6.5%). 

Además, la engañosa cláusula de ‘inmunidad soberana’ permite que en caso de controversia se nos someta a la jurisdicción niuyorquina escogida por los inversionistas, y se accede a la incautación de ingresos o activos del Estado. Pasado más de un siglo, ya es imposible ocultar las grietas del sistema colonial; nada evitará que en mucho menos tiempo, padezcamos las peores consecuencias del nuevo colonialismo de Wall Street. 

María de Lourdes Santiago

Portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño en el Senado.


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