¿Confesionario o refugio de agresores sexuales?

No basta con arrodillarse ante el altar que profanaron, y con puño cerrado darse golpes en el pecho de un ‘mea culpa’ pidiendo perdón ante su dios, para abrirse el camino al ‘cielo’
violencia sexual en menores
Por Katherine Angueira Navarro 4:02 am

El confesionario religioso no puede ser un santuario de impunidad para refugiar a agresores sexuales.  Quienes violentan la dignidad, la integridad física y emocional de su prójimo en violación de los estatutos penales del Estado, son criminales. Esto no se trata de ‘debilidades intrínsecas a la condición humana’. La violencia sexual es un delito. Abusar de su autoridad eclesiástica de forma premeditada contra sus víctimas vulnerables entre su rebaño cautivo que los sigue a ciegas bajo su dogma, es un delito. 

No basta con arrodillarse ante el altar que profanaron, y con puño cerrado darse golpes en el pecho de un ‘mea culpa’ pidiendo perdón ante su dios, para abrirse el camino al ‘cielo’. Su dogma de ‘borrón y cuenta nueva’, no lo libera de su responsabilidad ante el Estado. De lo contrario, bajo la cláusula de la separación de Iglesia y Estado se podrán instaurar cultos religiosos que entre sus ritos, sacrifiquen sobre su altar, no a una oveja, ni una gallina como ofrenda a sus dioses, sino en pleno Siglo XXI abusar sexualmente a menores, jóvenes y adultos(as), so color de su ‘dogma’.

Un asunto es su filosofía religiosa en cuanto a la espiritualidad, y otra es pretender incluir bajo la sombrilla de su fe, trámites investigativos de conducta constitutiva de delito criminal. Estirar la sábana de la confidencialidad que cobija ‘la confesión’ como dogma eclesiástico, a todo el trámite investigativo administrativo de conducta del clero, que más que ‘impropia’, es criminal, es acomodaticio.

Mantener en “secreto”  la agresión sexual sufrida a manos de religiosos, perpetúa la visión errada de una “complicidad” entre la víctima y su victimario al interior del andamiaje eclesiástico, análogo a las cuatro paredes de un hogar en que se esconde conducta incestuosa o violencia doméstica intrínsecos al acto criminal.  Su ‘secreto’ religioso solo pretende esconder la negligencia de parte de la Iglesia que en aparente complicidad, no evitó  la comisión de delito(s) sexual(es).

Recurrir al Tribunal  con una demanda para coartar la facultad ministerial investigativa del Departamento de Justicia es una movida que denota la soberbia eclesiástica; la misma que se utiliza por parte de los agresores sexuales religiosos para someter a sus víctimas. La Iglesia pretende erigir las murallas de su iglesia medieval para impedir que la desvistan de su sotana para ejercer como juez, cuando es parte, en su complicidad con los victimarios que albergan en su rebozo. No son una entidad imparcial. Ahora usurpan para su beneficio el discurso de la llamada ‘re-victimización’ de los(as) sobrevivientes de agresión sexual en el procesamiento criminal.

Utilizan el viejo truco de escudarse tras los más vulnerables para proteger la maldad del villano. Caracterizan al testimonio de los hechos de agresión sexual que ocurrieron al interior de su iglesia,  como si fuese una ‘confesión’ de las víctimas. Ni tan siquiera en el ámbito del Estado, el privilegio de la confidencialidad de la comunicación entre una víctima y su consejera(o), o profesional de ayuda psicológica, es un derecho absoluto. Cuando el Estado tiene un interés apremiante para velar por la seguridad de la ciudadanía, un tribunal puede ordenar levantar el velo de la confidencialidad de dicha comunicación privilegiada.

Lo mismo ocurre con la comunicación entre un profesional de ayuda psicológica y un convicto agresor sexual. La víctima sobreviviente de un delito tiene derecho al acceso a la totalidad del expediente de su agresor para emitir una opinión informada ante las autoridades pertinentes en torno a la determinación de otorgar o denegar el privilegio de excarcelación temprana que puede poner en riesgo la seguridad de la comunidad  (Angueira Navarro vs JLBP, et al, 2000 TSPR 2, 11 enero 2000 y 2000 TSPR 103, 29 junio 2000).

Desde hace décadas hemos advertido que mantener en secreto la identidad de las sobrevivientes de violencia sexual, no publicar sus nombres en los escritos legales, ni en la prensa, cerrar la sala del tribunal durante su testimonio, o en su defecto, no activar el procesamiento criminal contra el agresor sexual, solo beneficia al victimario. Es un círculo vicioso que solapadamente abona hacia la vergüenza y posible sentimiento de culpa que le inculcan a la víctima, en lugar de  fortalecerlas para mantener la frente en alto al desenmascarar públicamente a su agresor sexual al revelar sus atrocidades.

Debemos demoler el refugio sacro-santo eclesiástico para agresores sexuales para que las víctimas sobrevivientes de agresión sexual logren liberarse de su yugo. Por el contrario, ¡condenarlas al silencio, es re-victimizarlas!

Katherine Angueira Navarro

Psicóloga Social-Comunitaria


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