Conscientes del daño

No empece al escándalo del caso de Lutgardo Acevedo y el juez Manuel Acevedo Hernández, tanto el Tribunal Supremo como la Oficina de la Administración de los Tribunales garantizaron la confiabilidad e imparcialidad del sistema judicial del país
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Sonia Ivette Vélez, directora de OAT, agregó que no ha sido contactada por las autoridades federales para colaborar en otros casos y que de ser así estaría dispuesta a cooperar. EL VOCERO/Archivo
Por Yennifer Álvarez Jaimes, EL VOCERO 4:01 am

Luego que el contador público autorizado, Lutgardo Acevedo, se declaró culpable en la esfera federal por conspirar y sobornar al ahora juez suspendido Manuel Acevedo Hernández, la imagen de la Rama Judicial quedó en entredicho, al punto que la confianza del país no es la misma.

La propia ciudadanía lo expresa a diario, que no tienen fe en los procesos y que el caso de Acevedo Hernández, bien podría ser el que finalmente destape la supuesta ola de corrupción judicial que existe.

No obstante, la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Liana Fiol Matta y la directora administrativa de la Oficina de la Administración de los Tribunales (OAT), Sonia Ivette Vélez, defendieron a brazo partido la integridad de los miembros de la judicatura.
En declaraciones escritas, la presidenta del máximo foro judicial, invitó al Pueblo “a no dejar que las acciones de unos pocos mancillen la imagen y la labor de los miles de empleados del Poder Judicial que día a día trabajan para garantizarles un sistema ágil, imparcial y accesible”.

Mientras, la directora administrativa de la OAT, defendió, en entrevista con EL VOCERO, a la Rama Judicial.

Vélez expresó que se mantiene al tanto de todo lo que sucede en el Tribunal Federal con relación al caso del juez Acevedo Hernández. También agregó que no ha sido contactada por las autoridades federales para colaborar en otros casos y que de ser así estaría dispuesta a cooperar.

La directora administrativa de la OAT dijo que “es innegable la contundencia y el efecto que debe tener la declaración de culpabilidad” del contable en el caso del juez suspendido Acevedo Hernández, pero indicó que el juez tendrá su día en corte y no se puede prejuzgar. La funcionaria insistió en la transparencia que caracteriza a la judicatura de Puerto Rico. Vélez dijo que en este momento no hay otro caso sobre corrupción judicial ante su consideración.
La funcionaria manifestó que en la Rama Judicial “hay cero tolerancia para cualquier miembro de la judicatura que lacere la confianza de nuestro trabajo”. “Nadie que no sea digno de usar la toga debe estar en un estrado”, lanzó.

A preguntas de EL VOCERO, la funcionaria aceptó que “constantemente” la OAT recibe quejas sobre los miembros de la judicatura, pero explicó que la gran mayoría de estas quejas son presentadas por personas que están inconformes con el fallo de los jueces o juezas.

“Muchas veces los ciudadanos no están conformes con lo que el juez resuelve. Se trata de procesos adversativos, la gente sale frustrada, y en lugar de recurrir al Tribunal Apelativo optan por venir a quejarse ante la OAT y nosotros no podemos intervenir en la determinación judicial”, apuntó la directora administrativa.

Desmiente informaciones sobre atención a querellas

Vélez además catalogó como incorrecta la publicación de un rotativo de circulación general en la que se alega que la OAT ignoró varias querellas que apuntaban un comportamiento cuestionable por parte del juez Acevedo Hernández.

“Es una irresponsabilidad porque es incorrecta y es injusta. No fueron señales, fueron hechos contundentes que no fueron ignorados, porque, precisamente, todos fueron trabajados, contestados y estudiados. Si lo que quieren decir es que (las querellas) fueron señales que reflejaban actuación de corrupción judicial de parte del juez Acevedo (Hernández) también es incorrecto porque ninguno de los tres asuntos tiene que ver con que el juez Acevedo (Hernández) haya tomado algo cambio por una determinación judicial”, sentenció Vélez.

La directora administrativa de la OAT dijo que la primera queja estaba relacionada a una persona que tenía dos abogados y el juez Acevedo Hernández no aceptó suspender el caso. En este caso Acevedo Hernández fue ratificado por el Tribunal de Apelaciones, sostuvo.

Mientras, la segunda queja contra Acevedo Hernández fue hecha por un confinado que nunca formalizó el proceso, y la tercera queja tenía que ver con una determinación judicial y “ninguna de las tres quejas fueron ignoradas”, aseguró Vélez.

Pendiente al trabajo de los federales

La directora de la OAT está atenta al caso que se sigue contra el juez suspendido Acevedo Hernández en el Tribunal federal y ya requirió información que permita presentar las quejas pendientes ante la Comisión de Disciplina Judicial.

La funcionaria recordó que existe un caso ante esta comisión relacionada a la queja que involucraba al señor Ángel Román, el conductor del vehículo en el que iba como pasajero el juez Acevedo Hernández en una alegada acción para tratar de influenciar a los miembros de la Policía en beneficio de Román.

Vélez recordó que la Rama Judicial “juega con los peloteros que le envían”, en referencia a que es el primer ejecutivo quien designa y el Senado el organismo que confirma a los miembros de la judicatura.

Apoya discutir un nuevo proceso de selección de jueces
Sin adelantar cuál es su preferencia, la funcionaria dijo que el País debe discutir si es necesario enmendar la Constitución para que la responsabilidad de designar a los miembros de la judicatura no recaiga solamente en el gobernador de turno.

“A veces quieren culpar (a la Rama Judicial) de toda esta situación, pero yo creo que lo más importante es que nos envíen el mejor talento. Sin duda, es un proceso que el País tiene que atender, porque quien tiene la facultad para alterar cómo se escoge a los jueces son los puertorriqueños y puertorriqueñas ya que se requeriría una enmienda a la Constitución”, manifestó Vélez.

La directora administrativa de la OAT dijo que hay varias alternativas y todas tienen pros y contras.

Las escuelas judiciales para que los abogados que quieren ser jueces ingresen traen al debate sobre si el País quiere una Rama Judicial con una judicatura que no ha practicado el Derecho activamente en los tribunales previo de llegar al estrado. Mientras, los miembros de la judicatura electos por el Pueblo presentan la preocupación de que los jueces y juezas tengan que financiar una campaña electoral.

“Hay que estudiarlo con mucho detenimiento y sería responsable por parte del País analizar si hay mejores alternativas”, sostuvo Vélez.

El expresidente de la Comisión de lo Jurídico en el Senado, Eudaldo Báez Galib, planteó que aunque la Constitución establece que los jueces los nombra el gobernador con el consejo y consentimiento del Senado, se debería evaluar la posibilidad de que el primer ejecutivo tenga que escoger a los miembros de la judicatura de un grupo preseleccionado por un ente diverso y sin intereses particulares. El grupo pudiera estar compuesto por decanos de las escuelas de Derecho, profesores universitarios, organizaciones profesionales y el Colegio de Abogados.

Yennifer Álvarez Jaimes, EL VOCERO

Graduada de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras con nueve años de experiencia como periodista en prensa escrita, radio y televisión.


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