De escoltas, plagios y admisiones

"Los recursos de seguridad del estado deben estar mejor dirigidos"
capitolio
EL VOCERO / Archivo
Por Hugo Rodríguez Díaz 4:00 am

Hace poco leí en una red social el comentario de un colega y amigo. La idea que expondré aquí es la reflexión inspirada por su nota. Empiezo así porque no quiero que se me incluya en un grupo puesto de moda recientemente, gracias a un artículo del hijo de Rosselló: el de los plagiadores.

Escribió este amigo abogado que si algunos puertorriqueños se encuentran en un callejón a ciertos exgobernadores, quizás no podrían resistir la tentación de darle una bofetada. Hasta él, que lo considero ecuánime y serio, exponía que le atraía la idea. Para ser justo, no creo que se refería a hacer un atentado contra la vida de los señores. Más bien hablaba de esa indignación que siente el pueblo y que podría desahogarse en un manotazo liberador sobre la cara visible de los responsables del coraje.

Traigo esto porque cada cierto tiempo emerge a la discusión pública el gasto de los contribuyentes puertorriqueños en una partida digna de principados de otras latitudes: las escoltas a los exgobernadores. En un país pobre, endeudado y en donde a todos se les exige sacrificios, ha herido a muchos el que algunos personajes que vivieron en La Fortaleza quieran retener el privilegio que catalogan, con la complicidad de los adornos leguleyos de una opinión del Tribunal Supremo, como Derecho Adquirido.

La insistencia de esos exgobernadores en conservar el privilegio monárquico de andar con edecanes, bajo el manto de que son funcionarios para garantizar su seguridad, esconde dos cosas que son dignas de comentar. La primera es que no se trata meramente de guardaespaldas, ya que sus funciones rebasan el mirar si el carro tiene un explosivo escondido debajo del chasis, si el desayuno ha sido envenenado con cianuro, o si detrás de la esquina hay un francotirador apostado. Todo el país sabe que hacen labores de choferes y muchachos de mandado.

Lo segundo que amerita ser apuntado es que quizás esos exgobernadores reconocen que sus ejecutorias los hacen merecedores de la ira del pueblo y, por tanto, no está injustificado que alguien los cuide. Pareciera una admisión de temor porque alguien descargue la indignación patria en sus mejillas rebosantes. La historia reciente, sin embargo, no apoya esta teoría. En los últimos años no ha habido atentados contra los funcionarios que ejercieron la gobernación, tengan o no escolta. El simulacro de huevazo a Fortuño se vio malogrado por la pobre puntería del lanzador, y no por la acción preventiva de su seguridad. Tampoco cualifica como tentativa de magnicidio el puño propinado en el ojo de Romero. Se trató de una discusión de beodos y los llamados escoltas poco pudieron hacer para evitar la hinchazón ocular producto, no de puertorriqueños resentidos por las muertes del Cerro Maravilla, sino de un extranjero tan pasado de copas como el exgobernador que recibió el puñetazo.

Los recursos de seguridad del estado deben estar mejor dirigidos. Un buen ejemplo sería asignarle escolta al hijo de Rosselló, no vaya a ser que a las asociaciones de derechos de autor les dé por tomar la justicia en sus manos.

Hugo Rodríguez Díaz

Abogado, escritor y colaborador de El Vocero


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