Desellan Primer Informe de Progreso de la Reforma de la Policía

El informe fue sometido por el superintendente de la Policía José Caldero el pasado 1ero de agosto. El documento de 41 páginas fue incluido en el expediente electrónico del Tribunal Federal.
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Por Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO 5:40 pm

La creación de un manual de reclutamiento y selección de agentes, así como de un protocolo para lidiar con personas indigentes, son algunas de las áreas que están siendo atendidas como parte de la reforma de la uniformada, según indica en el Primer Informe de Progreso de la Reforma de la Policía, el cual fue desellado esta tarde por el juez federal Gustavo Gelpí.

El informe fue sometido por el superintendente de la Policía José Caldero el pasado 1ero de agosto. El documento de 41 páginas fue incluido en el expediente electrónico del Tribunal Federal.

“Los esfuerzos hacia la reforma han sido significativos, considerando que el acuerdo ha comenzado a correr su curso con el nombramiento del asesor técnico de la Policía TCA (Arnaldo Claudio) el 6 de junio del 2014. Hay numerosas políticas y procedimientos que han sido confeccionadas o se encuentran en proceso”, expresa el informe.
“Asimismo, ha comenzado el entrenamiento en varias áreas de cumplimiento. La Policía de Puerto Rico está confiada en que la reforma prosperará durante los cuatro años de la fase de desarrollo. La Policía de Puerto Rico está presta a trabajar con este tribunal y con el Asesor Técnico de la Policía y con el Departamento de Justicia de Estados Unidos en la implementación satisfactoria de este acuerdo”, agrega.

El documento destaca que el 85 por ciento de los agentes han completado los requerimientos de capacitación ética.
En cuanto a los ascensos, se ha identificado la necesidad de enmendar la Ley de la Policía para cumplir con los requerimientos.

Como parte de los trabajos de la reforma, está en proceso la creación de la Unidad de Investigaciones sobre el uso excesivo de la fuerza. Se destaca que enero pasado se reclutaron 99 instructores externos sobre el uso excesivo de la fuerza.

Se creó un manual para el reclutamiento y selección de los agentes de la División de Operaciones Tácticas. Se informa que de los 298 agentes que pertenecían a esta unidad, ocho no cumplían con los estándares por lo que fueron reasignados a otras tareas.

También se creó la política de manejos de crisis en colaboración con la Administración de Servicios de Salud y Contra la Administración (ASSMCA) y la política para las prácticas de arrestos.

En cuanto a la Igual Protección de Derechos y la Policía se reunió con líderes comunitarios de diferentes sectores, con ASSMCA y con la Comisión de Derechos Civiles para establecer esfuerzos colaborativos para el desarrollo de políticas de cumplimiento en este área.

El informe menciona que la Policía se reunió con líderes de la comunidad LGBTT para continuar esfuerzos para la inclusión de estos en la comunidad a tenor con la reforma.

Asimismo, está en proceso la implementación de un sistema de base de datos para los reportes de crímenes.

Al momento, se han realizado borradores sobre las prácticas del uso de armas de fuego, de la política de la Unidad de Operaciones Tácticas, del manejo de incidentes durante actividades multitudinarias, de registros y allanamientos y de la descripción de tareas para todos los rangos.

Asimismo, se confeccionan borradores para las detenciones en las vías de rodaje. Para esto la uniformada se reunió con personal de Servicios Comunitarios del Departamento de Justicia estatal, miembros del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) y el Consulado Dominicano.

De igual forma, está en desarrollo un manual para los conductores durante las intervenciones en las vías de rodaje.
En diciembre del 2012 el Departamento de Justicia federal demandó a la Policía de Puerto Rico por violaciones de derechos civiles a residentes de la Isla por el uso excesivo de la fuerza durante manifestaciones públicas, discrimen contra inmigrantes, allanamientos y registros ilegales, así como fallas en proveer adiestramientos a los agentes y faltas de supervisión a policías entre otros.

La demanda surgió tras una investigación efectuada por la división de Derechos Civiles del Departamento de Justicia estadounidense entre el 2008 al 2011.

Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO

Periodista con más de 20 años de experiencia. Asignada a la cobertura del Tribunal Federal.


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