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Despidos ahora

"...se confirma la esencial identidad entre PPD y PNP, con una exposición de motivos que eleva al rango de evangelio la determinación del Tribunal Supremo sosteniendo la constitucionalidad de la Ley 7"
desempleo
Por María de Lourdes Santiago 4:00 am

La aprobación de la llamada ‘Ley de Sostenibilidad’ es la evidencia más clara de que el gobierno es impermeable al aprendizaje que debieron provocar las amargas lecciones de las fracasadas “recetas milagrosas”: la imposición del IVU, la Ley 7, el desmantelamiento de los sistemas de retiro, la patente nacional. No sólo han sido esas iniciativas insuficientes para arrimarnos a la tierra prometida del balance fiscal, sino que han impuesto una carga irreversible a los sectores más vulnerables de nuestro país. Y nuevamente, se confirma la esencial identidad entre PPD y PNP, con una exposición de motivos que eleva al rango de evangelio la determinación del Tribunal Supremo sosteniendo la constitucionalidad de la Ley 7, la misma decisión que los populares señalaron por politiquera, injusta y contraria a derecho.

Hoy, la víctima propiciatoria que se ofrece ante el altar de las casas acreditadoras (las mismas que un día “le valían” al Gobernador) son las empleadas y empleados públicos del país. Para preparar el terreno, durante semanas se ha estado construyendo la imagen mediática de los servidores públicos y los sindicatos como depredadores del tesoro público, incapaces de “poner un granito de arena” en medio de la crisis. Convenientemente, se ha ocultado el rostro de la mayoría de los trabajadores, los que todos los días salen a ganarse honestamente los modestos salarios que les ofrece el servicio público.

Igual que aquellas otras medidas ‘salvadoras’ que le precedieron, la Ley de Sostenibilidad no podrá conjurar la crisis. Por el contrario, con esta ‘Ley de Despidos Ahora’ se profundizarán problemas que el país no está listo para enfrentar. ¿Qué ocurrirá con los miles de empleados transitorios –tan solo en el Departamento de Educación son más de cinco mil—que se quedan sin trabajo? ¿Cómo es que eso es bueno para la economía? ¿Cuál será a largo plazo la gran ganancia de desvalorizar la cláusula constitucional que protegía contra el menoscabo de las obligaciones contractuales? De ahora en adelante, los convenios colectivos (o sea, la palabra del gobierno) no valen ni el papel en el que están escritos. Los aumentos ya negociados, se van. Los beneficios adquiridos, se van. La garantía de puestos, se va. La posibilidad de elecciones sindicales, se va. Se han inventado una nueva ‘inmunidad patronal’ que dicta ya cómo resolver cada caso que se presente impugnando acciones bajo la ley. Y de paso, hablando de inmunidad, a la posición ya privilegiada que tiene el Estado como litigante en casos civiles, se le añade la incertidumbre total al pago de la sentencia que recaiga en su contra.

Nadie pretende desconocer que hay una situación de crisis, pero le toca al gobierno, al que tiene la información, el poder y los recursos, actuar con un mínimo de transparencia y cientificidad. Hemos escuchado mil veces la letanía de “el que tenga una mejor idea que la traiga”. Ha habido muchas “mejores ideas”. Para empezar, no votar por la banda de incompetentes que nos han traído a este punto. Pero también, las medidas esenciales para enfrentar la crisis: la extensión de la contribución especial a las foráneas (propuesta por el PIP, adoptada tímidamente por el PNP y el PPD, y virtual salvavidas del presupuesto en los últimos años); la reestructuración de un sistema contributivo inefectivo, repleto de exenciones, créditos y deducciones que resultan ser una tomadura de pelo al tesoro público y la exigencia de poderes políticos que nos permitan hacer lo mismo que las naciones independientes en tiempos de crisis: proteger su producción, renegociar los términos de pago de deuda y crear un proyecto económico que no dependa de un tutor.

Son ocho los años en recesión, y todo apunta a que en cuestión de meses, estará de nuevo el PPD preguntándose que se inventan para hacer de verdugos con disfraz de salvador.

María de Lourdes Santiago

Portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño en el Senado.


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