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Dominicana reconocerá a desnacionalizados

Luego de la aprobación de un proyecto de ley en el Senado de ese país
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Por AP 7:47 am

SANTO DOMINGO, República Dominicana — El Senado de la República Dominicana aprobó la noche del miércoles un proyecto de ley para validar la ciudadanía a los descendientes de haitianos que por orden del Tribunal Constitucional serán desnacionalizados, siempre y cuando estén inscritos en el registro civil.

La iniciativa enviada por la presidencia fue aprobada de urgencia en dos votaciones consecutivas con el apoyo unánime de los 26 legisladores presentes, de los 32 que componen el organismo.

La Cámara de Diputados también había aprobado de urgencia el proyecto el 16 de mayo pasado, por lo que sólo se necesitará su promulgación por parte del presidente Danilo Medina y su reglamento de ejecución para entrar en vigencia.

Reinaldo Pared, presidente del Senado, pidió que el proyecto fuese declarado con carácter urgente y evitar su envío a una comisión de estudio, al considerar que “ha sido ampliamente consensuado, ha sido aplaudido por toda la población y sectores”.

La ley reconocerá de manera automática la nacionalidad y los derechos adquiridos de los descendientes de extranjeros, en su gran mayoría de origen haitiano, nacidos entre el 16 junio de 1929 y el 18 abril de 2007 de padres que no tenían permiso de residencia, como ocurría con los miles de inmigrantes haitianos que durante gran parte del siglo XX fueron llevados a trabajar a los cañaverales dominicanos, donde procrearon a sus familias y nunca volvieron a Haití.

La nueva ley sólo beneficiará con la nacionalidad a aquellos que estén en el registro civil, mientras que para quienes por diferentes razones nunca fueron inscritos —muchas veces por la negativa de las autoridades_, la pieza crea una régimen especial para que se regularicen como extranjeros y opten por la naturalización en un plazo de dos años.

El Tribunal Constitucional respaldó en una sentencia inapelable de septiembre de 2013 el programa que ya realizaba el registro civil desde 2007 para retener los documentos de identidad de los descendientes de haitianos, por considerar que los habían inscrito de forma fraudulenta para obtener la nacionalidad dominicana. El Tribunal también ordenó abrir juicios individuales para anularles la nacionalidad.

Debido a que el registro civil retiene de forma sistemática los documentos a los descendientes de haitianos, los afectados no pueden realizar ningún trámite, incluido inscribirse en una universidad, abrir una cuenta bancaria, conseguir un empleo formal, viajar, casarse o registrar a sus hijos.

La decisión del Tribunal generó críticas por parte de grupos defensores de los derechos humanos como Amnistía Internacional y de organismos internacionales como las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, que consideraron que la desnacionalización dejaría como apátridas a decenas de miles de personas.

La CIDH, que estudia la situación desde 2011, realizó a fines del 2013 una visita de cinco días a República Dominicana y recibió cerca de 4.000 denuncias de personas a quienes el registro les retiene sus actas de nacimiento y cédulas de identidad, y enfrentan la posibilidad de ser desnacionalizados.

Pared, también secretario general del gobernante Partido de la Liberación Dominicana, reveló durante la sesión del Senado que durante una audiencia en Roma el papa Francisco le manifestó en octubre pasado su preocupación por el impacto de la sentencia del Tribunal Constitucional en la población de ascendencia haitiana y le pidió que trataran de resolver el problema.

Diego José García, presidente de la Asociación de Abogados, había pedido el miércoles a los senadores que aprobaran de urgencia el proyecto para poner “punto final a parte del problema migratorio” y freno a una supuesta “campaña de descrédito” internacional contra República Dominicana por parte de quienes critican la desnacionalización.

Los organismos de derechos humanos sostienen, con base en una encuesta de la ONU, que 210.000 descendientes de haitianos perderán la nacionalidad, pero el registro civil asegura que 24.000 personas serán afectadas, y de ellas 13.000 son de origen haitiano.

La desnacionalización también generó una de las mayores tensiones de los últimos años entre República Dominicana y su vecino Haití, que además de compartir la isla caribeña La Hispaniola tienen una historia de 200 años de conflictos políticos y migratorios.

Los grupos de derechos humanos aglutinados en la organización Reconoci.do, que representan a los afectados por la desnacionalización, elogiaron la ley, pero expresaron esta semana en un comunicado su rechazo a que quienes nunca fueron inscritos en el registro civil “debido a las condiciones de exclusión y marginalidad en las que hemos vivido, sean considerados como migrantes, a pesar de haber nacido al igual que nosotros en esta tierra”.

De forma paralela al proyecto de naturalización y de validación de la nacionalidad de los descendientes de extranjeros, el gobierno tiene previsto comenzar el 1 de junio la regularización de los inmigrantes haitianos que viven y trabajan en República Dominicana sin permiso de residencia, así como emitir por primera vez documentos para que los haitianos que cerca de la frontera puedan ingresar a territorio dominicano a realizar actividades comerciales, recordó esta semana el ministro del Interior, Ramón Fadul.

AP

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