ELA sufre revés en Tribunal Federal en pleito ciudadanos con retardo mental

La solicitud del gobierno de Puerto Rico surge tras la aprobación de la Ley de Sustentabilidad Fiscal del ELA
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Por Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO 3:28 pm

El Estado Libre Asociado (ELA) sufrió un nuevo revés luego de que el juez federal Gustavo Gelpí denegara la petición del Departamento de Hacienda para que la monitora federal en el denominado pleito de retardo mental Sylvia Fernández, sea contratada por el gobierno de Puerto Rico.

La solicitud del gobierno de Puerto Rico surge tras la aprobación de la Ley de Sustentabilidad Fiscal del ELA, la cual establece restricciones en el uso de fondos públicos.

El gobierno de Puerto Rico argumenta que para que el Departamento de Salud pueda incluir de forma apropiada el presupuesto de la oficina de la monitora para el año fiscal 2014-2015, tiene que haber una obligación contractual.
El referido estatuto requiere que se provean documentos adecuados para el desembolso de fondos públicos.

Asimismo, el ELA expuso que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado en varias ocasiones el requerimiento de un “contrato formal por escrito” para el pago con fondos públicos por servicios al ELA, sin excepciones.

En su orden Gelpí observa que a pesar de que los gobiernos de Puerto Rico y de Estados Unidos llegaron a unos acuerdos en relación a este caso, el Tribunal Federal retiene la jurisdicción del mismo. Ello, a fin de garantizar el cumplimiento de los acuerdos.

Gelpí afirma que las leyes del ELA no pueden interferir con remedios dispuestos por la Corte Federal.
“Actualmente, la monitora (JCC, por sus siglas en inglés), responde sólo a la corte (federal) y es oficial federal. Todos los gastos de la monitora son manejados, supervisados y aprobados finalmente por la corte y forma parte del récord público. Este proceso salvaguarda tanto los principios fiduciarios como éticos. Forzar a un monitor de la corte federal a firmar un contrato con el ELA frustraría el largo interés de la corte de un oficial judicial independiente”, afirmó Gelpí en su orden.

El juez argumenta que si acogiera a la solicitud del ELA la monitora tendría que responder a la Rama Legislativa, al Contralor y a la Oficina de Etica Gubernamental.

“Cualquier acción válida autorizada por la Corte Federal resultaría en una investigación legislativa o ejecutiva. Más aun, con cada cambio de administración los oficiales de nuevos incumbentes, congelarían, rescindirían, modificarían o decidirían no renovar el contrato con la monitora y se trataría el mismo como cualquier otro acuerdo de servicios profesionales”, apuntó Gelpí.

El juez comentó que durante el pasado año la monitora enfrentó innumerables obstáculos con el Departamento de Salud para la obtención de documentos e información.

Gelpí afirmó, que al presente hay asuntos significativos que aun no han sido resueltos, por lo que se requiere monitoreo independiente de la corte. Entre estos, empleo, salud y la ubicación de pacientes en centros adecuados.
El 21 de abril de 1999 la división de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó al ELA para vindicar los derechos constitucionales de ciudadanos con discapacidades como el autismo, síndrome down y retardo mental.

El 19 de octubre de 2011 las partes llegaron a un acuerdo en el que el gobierno estatal asigna un presupuesto de entre $35 a $40 millones anuales para la prestación de servicios para pacientes mentales.

La doctora Fernández fue nombrada monitora federal en este caso. La monitora y su equipo de trabajo son compensados de fondos del ELA, los cuales son depositados en la Secretaría del Tribunal Federal. Los fondos son aprobados por la legislatura de Puerto Rico.

Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO

Periodista con más de 20 años de experiencia. Asignada a la cobertura del Tribunal Federal.


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