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Empresarismo Gubernamental

En la isla, algunos expertos se refieren a nuestras corporaciones públicas como monopolios vagos.
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Por Luis G. Rivera Marín 4:02 am

Las empresas manejadas por el gobierno históricamente se caracterizan por su mala administración. La sabiduría de los forjadores de la Constitución de los Estados Unidos se tradujo en prohibiciones para prevenir que el gobierno se inmiscuyese en actividades comerciales adecuadamente atendidas por el sector privado.

En la isla, algunos expertos se refieren a nuestras corporaciones públicas como monopolios vagos. Realmente carecen de visión empresarial, no hay reclamo para que operen eficientemente para poder enfrentar a la competencia, ni de que desarrollen planes estratégicos a largo plazo que les permita sobrevivir y atender las necesidades de su clientela. En estos momentos, Puerto Rico vive en carne propia el desván creado por décadas de estos efectos. Ninguna corporación pública sobreviviría en el mercado abierto de la competencia si fuesen desprovistas de las barreras artificiales de protección, de los incentivos y de las concesiones que solo éstas reciben.

Contamos con una AMA que genera ingresos de apenas $6 millones y gastos operacionales que sobrepasan los $86 millones. El estado benefactor, que promueve la dependencia de los usuarios y de las corporaciones públicas, ya no puede seguir cargando el lastre y cubriendo la cuenta. Al fin del camino, le pasa la carga a la atribulada clase media que en ocasiones ni se beneficia de estos servicios.

Ni hablemos de Carreteras, ATM o la AEE, todas en posición precaria en estos momentos. Esta administración ha optado por echar fuera de borda esta carga para que el buque no zozobre. La recién creada Autoridad de Transporte Integrado, hereda una titánica tarea, al descargársele el Tren Urbano con un déficit similar al de la también heredada AMA, unido a la pesadilla de la ATM y una descapitalizada Autoridad de Carreteras.

El razonamiento descansa en que habrán de convertirse en entidades autosuficientes para que no sean una carga para el Banco Gubernamental de Fomento ni para el Gobierno Central. Las brechas antes detalladas entre ingresos y gastos, la mala gerencia, la falta de planificación estratégica y la indebida intromisión política en su manejo diario, imposibilitará que se logre este objetivo.

Remontémonos a la década del 1940-50, ya que debemos reconocer el pasado para mirar hacia el futuro. Anterior a esa época, el servicio de agua estaba en manos de los municipios, mientras que la energía era pública, excepto en San Juan y Mayaguez. El agua estaba contaminada en las zonas rurales, por lo que, Tugwell consiguió ayuda federal para mejorar los sistemas, ayuda que estuvo condicionada a que su administración pasase a manos del gobierno central. Sergio Cuevas Bustamante comenzó la administración de AAA a nivel central. Paralelamente, un brillante ingeniero de Ponce, Antonio Lucchetti, gestó un sistema energético amplio, eficiente y moderno, generando energía exclusivamente mediante turbinas hidroeléctricas.

En 1941, Lucchetti logra crear la empresa que hoy conocemos como AEE, integrando los sistemas privados de San Juan y Mayaguez. Estas movidas garantizaron el desarrollo de infraestructura fundamental para sentar las bases de desarrollo económico para la isla, complementadas por la creación en 1942 del Banco Gubernamental de Fomento y la Compañía de Fomento Industrial. Con este armazón, comenzó a mediado de los 40’s la operación “Manos a la Obra”. Para acceder los mercados de capital, se convierten todas estas empresas en corporaciones públicas, aspirando a que fueran autosuficientes según sus leyes orgánicas.

El gobierno central comenzó a influir indebidamente en ellas a tal punto que se desvaneció la desvinculación e independencia en la gestión corporativa, desvirtuando todos los propósitos originales. Ochenta años después, se han convertido de ser entes facilitadores de desarrollo económico en ser su mayor obstáculo. Hoy, el gobierno central se desentiende del fracasado empresarismo gubernamental, abandonando a su suerte las corporaciones públicas luego de haberlas hipotecado y explotado políticamente a la saciedad.

Luis G. Rivera Marín

Ex secretario del DACO y Turismo. Colaborador de El Vocero.


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