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En el ojo del huracán

"El sistema de justicia me colocó a mí de víctima a victimario".
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Cortesía de Noticel.com
Por Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO 4:10 am

“El sistema de justicia me colocó a mí de víctima a victimario”. Así lo expresó a EL VOCERO, el comerciante Orlando Soto Ventura, a quien alegadamente el contable público autorizado Lutgardo Acevedo López le apuntó con un arma de fuego cargada a él y varios de sus empleados, en hechos ocurridos el 23 de agosto de 2010 en su restaurante Mesa Criolla de Moca.

Por estos hechos, y según documentos mostrados por Soto Ventura, el contable Acevedo López fue acusado por amenaza y por violar el artículo 5.15 que castiga el apuntar con un arma de fuego. El incidente ocurrido en el negocio de Soto Ventura fue capturado en un vídeo por las cámaras de seguridad del establecimiento.

Según relató Soto Ventura a EL VOCERO, el altercado se originó luego de que Acevedo López llegó borracho y agresivo a su restaurante, y comenzó a hacer comentarios contra dos policías que estaban en el local francos de servicio. La conducta de Acevedo López – según dijo Soto Ventura – provocó un enfrentamiento físico en el que uno de los policías terminó dándole un puño a Acevedo López ocasionándole una herida en la frente.

Días después de ocurrido el incidente, Acevedo López se personó al restaurante de Soto Ventura y le pidió que le revelara la identidad del policía que lo había agredido. Soto Ventura relató que Acevedo López le dijo que tenía dos personas que le pegarían dos tiros.

El comerciante se negó y alegadamente Acevedo López le dijo que “alguien iba a pagar por esto” y le pidió que le entregara el vídeo de las cámaras de seguridad del restaurante Mesa Criolla, “Yo le dije que no y me contestó ‘tú te vas a jo… conmigo”, expresó Soto Ventura. El empresario indicó que también recibió varias llamadas amenazantes en su negocio en las que se le requería que entregara el vídeo y que revelara la identidad del agresor de Acevedo López.

Según Soto Ventura, al otro día de ocurridos los hechos -24 de agosto 2010- dos individuos de nombre Eliezer Vega Mercado y Elliot Medina Pellot, acudieron a su negocio, enviados supuestamente por Acevedo López. Los sujetos le propinaron una golpiza que le provocó una fractura en el pómulo derecho teniendo que ser recluído en el Centro Médico de Río Piedras.

Vega Mercado y Medina Pellot fueron acusados por violación al artículo 122 del Código Penal -agresión grave cuarto grado y se declararon culpables en febrero del 2011. Medina Pellot fue sentenciado a 10 meses de cárcel por el juez Manuel Acevedo Hernández y Vega Mercado a siete meses de prisión.

A juicio de Soto Ventura, las sentencias impuestas por el juez fueron lenientes, ya que el magistrado no tomó en consideración que los acusados tenían expediente criminal. El juez Acevedo Hernández es actualmente objeto de una pesquisa del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) por corrupción judicial. Por su parte, Acevedo López nunca fue acusado por la golpiza propinada al comerciante.

Soto Ventura afirmó que a pesar de que fue amenazado con un arma de fuego por Acevedo López el 23 de agosto de 2010, no fue hasta el 26 de enero de 2011, que se presentaron denuncias contra éste por dos infracciones a la Ley de Armas. Acevedo López se allanó a la determinación de causa probable para el arresto y se señaló la vista preliminar para el 28 de febrero de 2011.

Previo al inicio de la vista de regla seis Soto Ventura se reunió con el fiscal a cargo del caso Joseph Esparra en su oficina en la fiscalía de Aguadilla. “Le expresé mi preocupación al fiscal Esparra en cuanto a la posibilidad de que los delitos cometidos contra mí y que mis empleados quedaran impunes por las influencias políticas de Acevedo López y su relación estrecha con la rama judicial. El fiscal Esparra en un momento de aparente sinceridad, cándidamente me dijo ‘estoy recibiendo una presión de arriba que ni te imaginas’. Ante lo afectado que me sentí por la admisión del fiscal, le pregunté que si pese a dicha presión, iba estar conmigo hasta que se me hiciera justicia. Este me dijo que sí, sin embargo, nunca más volví a saber de éste luego de varios intentos de comunicarme con él, cada uno con excusas diferentes”, agregó Soto Ventura.

Esparra fue acusado por la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI) por cargos de soborno, destrucción de evidencia y violación a la Ley de Etica Gubernamental. El juez Nelson Canabal determinó causa probable para juicio. Según el FEI el fiscal sobornó a Acevedo López para que utilizara sus influencias para que se dejara de obstaculizar su nombramiento como fiscal de distrito a cambio de archivarle el caso por agredir a Soto Ventura.

La vista preliminar del caso le había sido asignada al juez José Román Barceló del Tribunal de Aguadilla. El magistrado pospuso la audiencia del 28 de febrero para el 5 de mayo de 2011. El 5 de mayo el magistrado Román Barceló solicitó inhibirse porque conocía a Acevedo López. Más adelante, el caso recayó en la jueza Johann Torres Toucet, quien no halló causa para juicio contra Acevedo López.

Soto Ventura fue a vista preliminar en alzada el 18 de agosto con el juez superior Jaime Rodríguez González. Este juez terminó también inhibiéndose del caso el 29 de julio de 2011, porque Acevedo López era su contable.
La vista preliminar en alzada fue pautada para el 18 de agosto de 2011 con continuación el 26 de septiembre de 2011 y recayó en la jueza Marta Marchany Justiniano.

El 23 de septiembre Soto Ventura fue entrevistado en el programa de Luis Francisco Ojeda en donde habló de los aspectos procesales del caso y ofreció una breve relación de los hechos ocurridos en Mesa Criolla, información que ya había sido reseñada en la prensa. Soto Ventura expresó que tuvo el consentimiento del fiscal Orlando Velázquez para hacer esta entrevista.

El 26 de septiembre la abogada de Acevedo López, Mayra López Mulero solicitó la desestimación del trámite judicial y pidió sanciones contra Soto Ventura por haber ofrecido entrevistas a WKAQ Radio y a el periódico EL VOCERO. Posteriormente, la magistrada emitió una orden de mordaza.

El 17 de noviembre de 2011, la jueza Marchany Justiniano declaró no ha lugar a la solicitud de desestimación del trámite judicial contra el contable, pero ordenó procesar a Soto Ventura por desacato por haber ofrecido declaraciones a la prensa el 23 de septiembre de 2011. Soto Ventura insistió en que las expresiones a los periodistas fueron hechas antes de la orden de mordaza.

Marchany Justiniano ordenó el arresto del comerciante y le impuso una fianza de $5 mil sin derecho al 10 por ciento.

“La jueza Marchany Justiniano determinó causa probable contra Lutgardo, pero solo le impuso una fianza de $1,000. Nunca se le esposó, ni fue ingresado. En cambio, a mí que fui víctima de un delito violento por parte de Lutgardo, fui esposado y llevado a una celda y se me impuso una fianza de $5 mil. En ningún momento, luego de diligenciarse la orden de arresto fui llevado ante un magistrado para que se me hallara causa para arresto. En efecto, pasé de ser víctima a ser acusado, Fui tratado como un criminal, sin prueba alguna contra mí y a pesar de ser la víctima del delito. Me humillaron”, apuntó Soto Ventura.

Posteriormente, los cargos contra el comerciante fueron archivados.

“Aquí han habido demasiadas situaciones que más bien benefician a Lutgardo. Incluso no fue esposado cuando mató a Félix Babilonia -a quien Acevedo López atropelló con su vehículo y no se le encontró causa en su contra-. La jueza Marchany quería sacar a Lutgardo afuera. Todo el mundo sabe que los jueces para ser confirmados dependen de los legisladores y Lutgardo tiene muchas conexiones políticas”, afirmó Soto Ventura.

El 29 de diciembre de 2011, el fiscal Velázquez solicitó la inhibición de la jueza para la vista preliminar en alzada, alegando que Marchany Justiniano actuó contrario a derecho al considerar manifestaciones hechas por Soto Ventura para resolver una controversia interlocutora.

Empero, el juez Acevedo Hernández, quien era juez administrador del Tribunal de Aguadilla declaró no ha lugar la solicitud de inhibición hecha por el fiscal Velázquez. El comerciante radicó una querella contra la jueza Marchany Justiniano ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico. La magistrada se inhibió del caso. La querella contra la magistrada fue archivada.

El 15 de febrero de 2012 Acevedo López solicitó a través de la abogada López Mulero, que Soto Ventura fuera desarmado porque el contable alegaba que el comerciante lo había amenazado a través de terceros. “La solicitud fue sin fundamento en hecho o derecho. El tribunal refirió el caso a la Policía para que Lutgardo presentara una querella en mi contra. Luego de que Lutgardo presentara una querella en mi contra el 17 de febrero de 2012, la agente Ana Rivera López consultó con la fiscal Zulymar Méndez y esta le indicó que no había los elementos para desarmarme”, expuso.

“Sin embargo, el 27 de febrero de 2012, sin mediar orden del tribunal o de la fiscalía, el teniente Carlos Cruz Martínez procedió a desarmarme. Me indicó que la orden de desarme provino del coronel Leovigildo Vázquez”, acotó. El 13 de septiembre de 2012 la Policía de Puerto Rico le devolvió su arma sin que se le informara la razón por la que fue desarmado.

El 2 de marzo de 2013, se celebró la continuación de la vista preliminar en alzada contra el contable por apuntar a Soto Ventura y a sus empleados con un arma de fuego. La jueza Iris Reyes Maldonado ratificó la determinación de no causa contra Acevedo López. Ello, a pesar de que la prueba de cargo incluía las grabaciones de los vídeos del restaurante, los testimonios del querellante y de tres de sus empleados, así como declaraciones juradas.

“Al presente, queda ante la consideración del tribunal dos cargos de delito menos grave por amenaza contra Lutgardo Acevedo López. Tengo serias dudas sobre si se hará justicia en este caso porque Lutgardo ha demostrado tener influencia sobre el proceso judicial y por las irregularidades en los procedimientos de este caso”, aseguró el comerciante.

Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO

Periodista con más de 20 años de experiencia. Asignada a la cobertura del Tribunal Federal.


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