Espera que desespera

Una gran preocupación por parte de APER es el hecho de que las limitaciones harían más difícil el cumplimiento con la Ley de Política Pública de Diversificación Energética
M28
EL VOCERO / Agustín Santiago
Por Stephanie Gómez Álvarez, EL VOCERO 4:00 am

SANTA ISABEL – Los desarrolladores de proyectos de energía eólica en Puerto Rico están a la expectativa si se aprueban enmiendas al reglamento de la Junta de Planificación (JP) que limitaría los terrenos disponibles para el desarrollo de esta fuente de energía renovable.

De concretarse, esta nueva restricción haría más cuesta arriba cumplir con la política pública establecida sobre energía renovable.

La Edición Comentada y Anotada del Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo y Uso de Terrenos contiene una prohibición de los molinos eólicos o de viento en las áreas clasificadas como Distrito Industrial Pesado (I-P) y Distrito Agrícola Productivo (A-P).

El director ejecutivo de la Asociación de Productores de Energía Renovable (APER), Julián Herencia, expresó su oposición a las enmiendas a la JP en un memorial enviado el pasado 17 de julio. “Hemos hecho nuestros planteamientos. Inclusive hemos recalcado lo exagerado de las enmiendas que limitan el uso de tecnología eólica aun en terrenos industriales”, aseveró el portavoz de la APER. Sin embargo, al momento no tienen conocimientos sobre su respuesta y si serán acogidas sus recomendaciones.

Para que el reglamento sea aprobado, solo es requerido el consentimiento de la misma JP. En una entrevista previa, el vicepresidente de la JP, Pedro Cardona, había asegurado que “las enmiendas no imponen restricciones adicionales a proyectos eólicos ni de placas”, a pesar de las enmiendas a las que las Secciones 17.12.2 y 17.22.2. “En las enmiendas del Reglamento Conjunto no hay nada que altere la condición de la consideración de un proyecto eólico de una manera distinta a lo que existe actualmente en el reglamento que está vigente”, reiteró Cardona.

Una gran preocupación por parte de APER es el hecho de que las limitaciones harían más difícil el cumplimiento con la Ley de Política Pública de Diversificación Energética por Medio de la Energía Renovable Sostenible y Alterna en Puerto Rico, que establece que desde el 2015 hasta el 2019 un 12 por ciento de la energía que se genere debe provenir de una fuente renovable. Desde el 2020 al 2027 sería un 15 por ciento, de acuerdo a la ley.

Herencia estableció que hoy día hay 19 proyectos de energía renovable- uno en construcción y 18 en proceso- que representarían el 6 por ciento de la energía consumida en el País.

“A largo plazo la implementación de la política pública sería más difícil ya que el borrador del nuevo reglamento conjunto limita las áreas en que se pueden implementar los proyectos”, detalló, al subrayar que incluso proyectos que ya cuentan con el acuerdo comercial de venta de energía (PPOA) con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) tendrían que ser relocalizados o hasta cancelados, de no encontrar terrenos apropiados cerca de los puntos de interconexión de la AEE.

A cinco meses de concluir el año y comenzar el 2015, la AEE no ha aprobado el por ciento necesario que establece la Ley 82.

“La limitación de tecnología eólica, limitaría propuestas de estas tecnologías. El recurso de viento es limitado en Puerto Rico y solo es apropiado en ciertas regiones costeras. Además, depende de puntos de interconexión disponibles. Ahora, sumar esta limitación trae consigo un menor número de ubicaciones viables para este tipo de proyectos”, sostuvo.

El director ejecutivo aseveró que hay un proyecto en específico, de Aspenall Energies en Santa Isabel, que sería imposible desarrollar con la aprobación de este reglamento. Dijo que el proyecto está provisto para un terreno privado con zonificación AP y cuenta con el aval del propietario de la finca, quien interesa continuar con sus cosechas y diversificar sus fuentes de ingreso.

En ese mismo pueblo del sur, ya está localizado en terrenos clasificados como A-P la Finca de Viento Santa Isabel, operada por Pattern Energy con inversión privada.

El desarrollador de este proyecto, Collie Powell, dijo a EL VOCERO que cualquier nueva ley o reglamentación que se implemente la JP crea incertidumbre y retos. “No necesariamente va a prevenir nuevos proyectos de energía renovable, pero añade a la difícil tarea de establecer un proyecto. Mientras más regulaciones hayan más difícil es encontrar inversión futura”, estableció.

Asimismo, indicó que Puerto Rico cuenta con suficientes regulaciones para asegurar la calidad de los proyectos, pero que sin embargo, no cuenta con el compromiso para agilizar procesos de desarrollo de nuevos proyectos. Pattern Energy interesa establecer otros proyectos similares en la Isla, aunque Powell no soltó prenda sobre estos ya que aun están en la etapa de conversaciones con las comunidades.

Para la APER la “la importancia de esta lucha estriba en exigir que los reglamentos y leyes tengan fundamento evidenciado”.

Herencia puntualizó que no se deben seguir aprobando ilógicas e irrazonables que limiten el uso productivo de los activos del País, que debido a su limitada extensión geográfica son escasos.

En esa misma línea, el gerente de operaciones de Pattern Energy, Ruben Rivera, aseguró que la experiencia con la Finca de Viento de Santa Isabel ha sido todo lo contrario establecido por la JP, ya que hasta el número de fincas agrícolas han aumentado de 21 a 25 desde su establecimiento en el barrio Paso Seco.

“En mi opinión, las turbinas no interfieren con la agricultura. Hasta cuando estábamos en el proceso de construcción se continuó con la producción y ahora hay más productores que antes de iniciar este proyecto”, puntualizó.

Stephanie Gómez Álvarez, EL VOCERO

Editora de la página web ElVocero.com y profesora universitaria graduada del Departamento de Comunicación de la Universidad de Sagrado Corazón.


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