Fiscalía Federal ofrece cuatro años de cárcel a acusado fraude

Valentín Valdés Ayala, quien preside la Fundación “Tears in Prison”, presuntamente levantó $600 mil como parte del esquema fraudulento.
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Por Miguel Rivera Puig, EL VOCERO 11:14 am

La fiscalía federal ofreció recomendar una sentencia de cuatro años de cárcel para Valentín Valdés Ayala, acusado por someter 412 peticiones fatulas bajo el Capítulo 13 de la Ley de Quiebras para detener el encarcelamiento de padres que deben pensión alimentaria.

Así lo informó la fiscal federal Mariana Bauzá a la magistrada federal Silvia Carreño durante una vista de status del caso a la que asistió el abogado del acusado, Nicolás Nogueras.

El letrado busca que su cliente sea sentenciado a probatoria. Nogueras solicitó a Carreño que se le permita a su cliente prestar fianza de una cuenta de una compañía del acusado que la corte autorizó a ser utilizada para estos fines.

La corte había prohibido el uso de varias cuentas de compañías del acusado para prestar la fianza.

Nogueras expuso que su cliente lleva seis meses encarcelado. La fiscal Bauzá afirmó que se opone a que al acusado se le imponga fianza al plantear que ha incumplido las órdenes de la Corte de Quiebras al continuar radicando peticiones fatulas y porque debe sobre $200 en multas en ese tribunal.

Bauzá argumentó que los seis meses que Valdés Ayala lleva encarcelado serán acreditados a su sentencia.

Destacó que el acusado enfrenta 30 cargos por fraude a la Ley de Quiebras y que se expone a un mínimo de dos años de cárcel. Valdés Ayala se expone a un máximo de 30 años de prisión. Carreño ordenó a Nogueras a que en una semana le provea al gobierno su prueba.

Asimismo, le concedió tres semanas para radicar una moción para que su cliente informe si solicitará declararse culpable porque de lo contrario, se señalará fecha para el juicio.

Valdés Ayala, quien preside la Fundación “Tears in Prison”, presuntamente levantó $600 mil como parte del esquema fraudulento. Según el pliego acusatorio emitido por un Gran Jurado el 26 de noviembre de 2013, Valdés Ayala, se hizo pasar como abogado y actuó como preparador de peticiones de quiebra desde agosto de 2010 a noviembre de 2013.

El Capítulo 13 de la Ley de Quiebras ayuda al deudor con ingreso a desarrollar un plan de pago para todas o parte de sus deudas y establecer pagos a plazo a sus acreedores.

Al solicitar la protección bajo el Capítulo 13, los deudores que han sido encarcelados por no pagar la pensión alimenticia pueden obtener revelo y ser excarcelados.

Se alega que a pesar de numerosas órdenes de cese y desista de la Corte de Quiebras Federal, el acusado continuó sometiendo las solicitudes.

De acuerdo al testimonio de algunos clientes, así como prueba documental obtenida, Valdés Ayala prometía a sus clientes que serían excarcelados en menos de 24 horas sin tener que hacer ningún pago a ASUME. A veces les prometía que les iba a eliminar o reducir la deuda.

El acusado supuestamente, le decía a sus clientes y familiares que para poder ser puestos en libertad tenían que radicar una petición de quiebra. Una vez recibía el pago, Valdés presentaba la solicitud de quiebra incompleta, donde el único acreedor listado era ASUME.
La mayoría de las peticiones de quiebra fueron desestimadas posteriormente por incumplimiento con los requisitos.

Asimismo, se alega que representó falsamente el cumplimiento del requisito de asesoría de crédito a pesar de que la mayoría de sus clientes estaban todavía encarcelados.

Cuando sus clientes recibían notificaciones de la Corte de Quiebras, Valdés Ayala les instruía a que le enviaran a él, todos los documentos del tribunal, que no asistieran a ninguna vista en la corte, ni a las reuniones de la sección 341 de acreedores y que no mencionaran su nombre ni cuánto le pagaban si el personal de la corte los llamaba.

Se alega que una vez lograba sacar a sus clientes de la cárcel, el acusado se desaparecía y no contestaba llamada a sus clientes.

En al menos una ocasión, el pago a Valdés Ayala de $1,500 era más que la cantidad adeudada en ASUME.

Como parte de la falsa representación, presuntamente ganaba acceso a los clientes que estaban en la cárcel identificándose como abogado o capellán.


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