Indagada la licenciada Ana González

Fuentes aseguraron que el FBI supuestamente mantiene abierta una pesquisa contra González por alegados actos de corrupción en el que implicarían a la veterana jurista
FBI
Agustín Santiago/EL VOCERO
Por Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO 4:20 am

Por segunda semana consecutiva, el escenario judicial de Puerto Rico volvió a recibir un rudo golpe al conocerse ayer que alegadamente la reconocida abogada Ana González, quien mantiene como centro de operaciones los tribunales de San Juan y Caguas, es objeto de indagación por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI).

Fuentes aseguraron que el FBI supuestamente mantiene abierta una pesquisa contra González por alegados actos de corrupción en el que implicarían a la veterana jurista alegadamente arreglando casos a favor de sus clientes con la ayuda de varios allegados del tribunal.

Precisamente, el pasado 20 de agosto, EL VOCERO hizo referencia en uno de sus artículos de la existencia de una investigación federal contra una conocida litigante, la cual supuestamente tenía influencias políticas y que alegaba tener el control de magistrados, los cuales tenían renominaciones pendientes y que alardeaba de su relación con jueces. 

Una de las fuentes precisó que la letrada presuntamente efectúa fiestas en las que participan jueces, abogados y fiscales, los cuales luego alegadamente la favorecen en sus casos.

Otra fuente entrevistada por EL VOCERO explicó que González supuestamente comenzó a litigar casos en el Tribunal de San Juan, luego de que trasladaran a una jueza amiga suya a la Capital. 
Alegadamente, todos los casos de González siempre son vistos en la sala de su amiga jueza.

La alegada investigación contra González se une a los de las juezas del Tribunal de Caguas, Sylkia Carballo y Susana Serrano Mondesí, queines son objeto de una supuesta indagación de parte del FBI.

Ambas juezas fueron removidas de sus cargos el pasado viernes por la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Liana Fiol Matta.

Tras la vorágine de información de actos de corrupción en los tribunales estatales publicada por EL VOCERO, Fiol Matta anunció la creación de una Unidad Especializada en Investigaciones, adscrita de la Oficina de la Administración de Tribunales (OAT) para trabajar con las quejas relacionadas al desempeño de los jueces estatales. 
De igual forma, Fiol Matta también anunció la creación de equipos especiales de investigación para impactar las diferentes regiones judiciales con el propósito de identificar situaciones que afecten la administración de la justicia en esos lugares.

De acuerdo con las fuentes, ambas juezas se encuentran bajo una seria consideración de sus acciones, no solo del FBI, sino del Departamento de Justicia y OAT. La información sobre Carballo y Serrano surgió a días de que EL VOCERO hiciera público un alegado patrón de conductas impropias que incluyen pagos de viajes, influencias, fiestas y hasta arreglos de casos en el Tribunal de Caguas. Esto desató señalamientos de parte de todos los sectores del gobierno.

El caso que levantó sospechas contra ambas juezas fue el que se siguió contra José Alamo Capeles, acusado por agresión sexual contra una menor de 12 años. Inicialmente, la jueza Carballo lo tuvo bajo su consideración en hechos que se remontan a septiembre de 2013, por los cargos de agresión sexual por sostener relaciones sexuales con la menor de 12 años y que alegaba estar embarazada.

El caso llegó el 20 de noviembre ante la consideración de Carballo, quien más adelante no encontró causa para juicio en su contra, por lo que la fiscalía solicitó una vista en alzada. La vista en alzada se llevó a cabo ante la jueza Serrano Mondesí el 11 de febrero pasado.

En ese entonces, Serrano Mondesí tampoco encontró causa para juicio contra el acusado. Ello, tras admitir como prueba que la menor no era virgen. La magistrada fue revocada por el Tribunal de Apelaciones, foro que emitió una sentencia de censura en su contra.

En una sentencia del pasado 27 de marzo pasado, el Tribunal de Apelaciones criticó duramente a la jueza Serrano Mondesí por tomar en consideración para su determinación las experiencias sexuales previas de la víctima y su falta de virginidad. Un panel de juezas manifestó su oposición a la decisión de la jueza Serrano Mondesí.

Nuevamente, fuentes expresaron que las supuestas investigaciones del FBI sobre alegados actos de corrupción judicial ya se han extendido hacia los tribunales de Caguas, San Juan, Aibonito y Bayamón. Todo como parte del ‘Task Force’ que creó la agencia para combatir irregularidades en el manejo de los procesos y casos judiciales.
En agosto del 2013, el director del FBI Carlos Cases anunció la creación de la escuadra -compuesta por ocho agentes y un supervisor- para investigar casos de corrupción en los tribunales estatales. El funcionario explicó que tomó la decisión porque durante años su agencia recibió información sobre irregularidades cometidas en la rama judicial. Expuso que le solicitó a sus analistas un estudio de esa información y concluyeron que en efecto, hay un problema de corrupción judicial.

Al momento, el único juez que ha sido acusado es Manuel Acevedo Hernández del Tribunal de Aguadilla, quien fue acusado junto al convicto contable Lutgardo Acevedo López por soborno y extorsión. 

Lutgardo se declaró culpable de sobornar a Acevedo Hernández al pagarle $50 mil en efectivo, $3,200 para saldar una deuda con el Departamento de Hacienda, una motora, joyas y otros artículos de lujo a cambio de que lo absolviera del caso por homicidio negligente tras chocar con su vehículo al guardia de seguridad Félix Babilonia bajo los efectos del alcohol.

Por otra parte, el secretario de Justicia, César Miranda, designó los recursos de la División de Integridad Pública que sean necesarios para atender estos asuntos.

El equipo de investigadores debe rendir un informe a la jueza presidenta sobre cualquier irregularidad que detecten en la administración de la justicia, los aspectos operacionales y las áreas de servicio al cliente. Una vez completadas esas primeras dos regiones se investigarán otras dos regiones hasta completar las 13 regiones judiciales.

Asimismo, el Tribunal Supremo trabaja en enmiendas al Reglamento de Disciplina Judicial para apoyar los cambios en la investigación de las querellas. 

Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO

Periodista con más de 20 años de experiencia. Asignada a la cobertura del Tribunal Federal.


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