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Insisten matrimonio dueño de armería permanezca en cárcel federal

María del Carmen Rivera Negrón y Julio Colón Santiago, fueron acusados junto al abogado Antonio Peluzzo Perotín por participar en un esquema de fraude
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Por Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO 5:15 pm

El fiscal federal Luke Cass, expuso que el matrimonio dueño de la armería “The Lawman Gun Shop” en Bayamón, debe permanecer detenido hasta la celebración del juicio en su contra al argumentar que representan un peligro para la comunidad, un riesgo de fuga y que ayudaron a otras personas a obstruir la justicia.

María del Carmen Rivera Negrón y Julio Colón Santiago, fueron acusados junto al abogado Antonio Peluzzo Perotín por participar en un esquema de fraude en el que 1,300 personas que obtuvieron sus licencias de poseer y portar armas de fuego de forma ilegal.

Una cantidad indeterminada no cualificaba para poseer las licencias. Los esposos solicitaron al magistrado federal Bruce McGiverin que se les permita quedar en libertad bajo fianza. Hace unas semanas McGiverin accedió, pero el fiscal Cass pidió que su orden fuera detenida para presentarle argumentos adicionales para que deniegue la
solicitud de los acusados.

Según la acusación de un Gran Jurado, Peluzzo Perotín falsificaba las firmas de jueces estatales y órdenes de los tribunales de Caguas, Humacao, San Juan, Humacao, Bayamón, Aibonito y San Juan. Se alega que el letrado cobraba unos $480 por cada licencia falsa.

Cass argumentó que los esposos representan un peligro para la comunidad porque participaron voluntariamente en el esquema gestado por Peluzzo Perotín.

Afirmó que los acusados presuntamente le llevaban “regalos” al personal que trabajaba en la Comandancia de Bayamón – en donde se expiden las licencias- para que estos “hicieran más flexible” el escrutinio de los procedimientos de la Policía de Puerto Rico, que incluían modificaciones a los récords electrónicos a petición de los acusados.

Cass plantea que a pesar de que los acusados sabían que los documentos de los que se hacía cargo Peluzzo Perotín nunca iban a los tribunales, le cobraban a los clientes de la armería por los trámites hechos en las cortes, por comprobantes que no fueron comprados o que fueron adquiridos por menos dinero y por certificados médicos.

“En ocasiones rehusaban los comprobantes que sí habían sido comprados en Hacienda”, destaca el fiscal. Expone que Rivera Negrón mantenía las solicitudes por 30 días para hacer creer a los clientes que Peluzzo Perotín las había procesado.

“Rivera y Colón sabían que clientes de Lawman Gun Shop querían portar armas de fuego de forma oculta y ellos los ayudaron a obtener las licencias a sabiendas de estos no iban a ser sometidos a investigaciones de las autoridades. Además de conseguirle las licencias falsas, les vendían las armas de fuego”, apuntó Cass.

“La atroz conducta de Rivera y Colón y su indiferencia temeraria hacia sus conciudadanos ha creado un peligro para la comunidad. Aunque los acusados alegan que no se les imputa un crimen violento, sus actos ilegales crearon un peligro para la comunidad porque permitieron que 1,300 personas que no cualificaban porten armas de fuego en Puerto Rico.

Este nexo demuestra un sustancial riesgo y peligro para la comunidad”, apuntó el fiscal. Afirma que peligro a la comunidad no solo incluye violencia física o comportamiento violento.

Menciona como ejemplo que una de las personas que no cualificaban para la obtención de licencias, identificado por las iniciales JCG fue al establecimiento a obtener un arma de fuego en noviembre del 2012 y el 21 de diciembre de ese año, obtuvo el permiso ilegalmente. El 18 de septiembre de 2013 JCG fue acusado en el foro federal por ser
el líder de una violenta organización de narcotraficantes de Bayamón que importaba droga desde la República Dominicana a Puerto Rico y Estados Unidos.

Se alega que la pandilla operaba en San Juan y Bayamón y utilizaba armas de fuego como parte del negocio. Cass destaca que en enero del 2013 JCG estuvo involucrado en un tiroteo en Bayamón en el que resultaron heridas varias personas. Otro sujeto, identificado por las iniciales ATV obtuvo una licencia fatula para portar armas de fuego a través de la armería en noviembre de 2012.

Tras conseguir la licencia fue acusado y encontrado culpable en el foro federal por trasiego de drogas y uso de armas de fuego. ATV tenía expediente criminal previo. Asimismo, mencionó otros casos similares. De igual forma, el fiscal expuso que un inventario a la armería reveló que un total de 148,677 amuniciones no fueron reportadas por el
establecimiento y que las mismas fueron vendidas o transferidas a desconocidos. Al día de hoy las autoridades desconocen qué pasó con las amuniciones.

Cass mantiene que la pareja representa también un riesgo de fuga debido a que se exponen a sentencias de hasta cadena perpetua y que tienen los recursos económicos para evadirse de la jurisdicción. Plantea que los acusados tienen lazos en la República Dominicana y contacto con líderes de organizaciones de narcotraficantes. Afirmó que el dúo incurrió en obstrucción a la justicia a nombre de terceras personas, mediante la falsificación de documentos.

Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO

Periodista con más de 20 años de experiencia. Asignada a la cobertura del Tribunal Federal.


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