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Intensa la selección del TCA

El próximo 15 de mayo, Justicia federal y estatal deberán estar cumpliendo con la orden de someter el nombre que quien estaría encargado de cumplir con la esperada reforma de la Policía
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Por Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO 4:13 am

A exactamente una semana, para que se cumpla la fecha límite en que los departamentos de Justicia de los Estados Unidos y Puerto Rico den a conocer al juez federal Gustavo Gelpí su candidato para el cargo de asesor técnico de la Policía (TCA, por sus siglas en inglés), el ambiente parece ser uno de plena confianza y consenso. No obstante, todavía los nombres siguen siendo una caja de sorpresas y nadie se atreve a señalar cuál será finalmente el escogido.

El próximo 15 de mayo, Justicia federal y estatal deben tener claro quién será el encargado de coordinar la esperada reforma de la Policía.

El juez Gelpí ha indicado que está abierto a extender la fecha límite si las partes así lo solicitan.
Sin embargo, el propio secretario de Justicia, César Miranda, dijo estar esperanzado en no tener que pedir una prórroga.

“Estamos muy adelantados en esta etapa de la negociación. Estamos deseosos que se resuelva (la selección) y queremos encontrar una persona con credibilidad tanto para el gobierno Puerto Rico y del de Estados Unidos”, señaló Miranda en entrevista con EL VOCERO.

“Esperamos que se resuelva antes del 15 de mayo para comenzar los trabajos de la reforma de la Policía. Estamos en conversaciones intensas con el Departamento Justicia federal y le diría que próximamente estaríamos conversando con el tribunal para informar las conclusiones que hemos llegado”, agregó.

Los departamentos de Justicia le presentan el candidato a Gelpí, para su aprobación. De ahí en adelante comenzaría el proceso en la uniformada.

“Tenemos candidatos. Estamos trabajando en consenso”, mantuvo Miranda.
El funcionario declinó revelar los nombres de los candidatos.

Comentó que el juez ha expresado su deseo que la persona resida en la Isla, tenga experiencia de trabajo con la alta oficialidad y sepa lidiar con la constante presión a la que está sometido el cuerpo.

“De hecho, el propio acuerdo consigna la deseabilidad que sea una persona local. La idea es que conozca nuestra cultura, idiosincrasia que opera el País y sobre todo que pueda dedicar tiempo mayor a esta tarea”, expuso.

En febrero pasado el TCA Juan Mattos, renunció a su nombramiento por razones personales. Este nunca llegó a asumir su cargo.

La designación del TCA surge como parte del acuerdo entre el Estado Libre Asociado (ELA y el Departamento de Justicia federal por la demanda incoada por el gobierno estadounidense por violaciones a los derechos civiles de los residentes en la Isla.

El 30 de octubre del pasado año Gelpí emitió una orden en la que aclaró que el TCA no es el superintendente de la Policía y que su rol “no es manejar los asuntos del día a día” de la uniformada.

Observó que ese rol es “exclusivo” del superintendente de la Policía, quien solo responde al gobernador de Puerto Rico. “El TCA no puede de ninguna forma interferir o intervenir” con el gobierno de Puerto Rico.

En julio del 2012 el Departamento de Justicia estadounidense y el gobierno de Puerto Rico llegaron a un acuerdo sobre la demanda por violaciones de derechos civiles.

Según el Departamento de Justicia federal, el acuerdo fue diseñado no solo para promover los servicios policiales constitucionales, sino optimizar la seguridad pública y de los agentes e incrementar la confianza de la comunidad en la Policía.

El 21 de diciembre del 2012, el Departamento de Justicia federal demandó en el Tribunal Federal a la Policía de Puerto Rico por violaciones a los derechos civiles de los ciudadanos residentes en la Isla por el uso excesivo de la fuerza durante manifestaciones públicas, discrimen contra inmigrantes, allanamientos y registros ilegales, así como fallas en proveer adiestramientos a los agentes y faltas de supervisión a policías entre otros.

El gobierno federal alegó que la Policía de Puerto Rico ha fallado en implementar una reforma para corregir las deficiencias que han resultado en violaciones a los derechos civiles.

La demanda surgió tras una investigación efectuada por la división de Derechos Civiles del Departamento de Justicia estadounidense entre el
2008 al 2011.

En julio pasado las partes llegaron a un acuerdo sobre este caso. Según el Departamento de Justicia federal, el acuerdo fue diseñado no solo para promover los servicios policiales constitucionales, sino optimizar la seguridad pública y de los agentes e incrementar la confianza de la comunidad en la Policía.

El acuerdo requiere acción correctiva en once áreas principales. Estas son el uso de la fuerza, allanamientos y confiscaciones, protección igualitaria, políticas y procedimientos, capacitación, supervisión, quejas de civiles e investigaciones internas, participación comunitaria y sistemas de información.

El acuerdo también brindará al público oportunidades significativas de participar en el proceso de reforma a través de reuniones comunitarias periódicas, informes públicos, comités de interacción civiles, encuestas comunitarias y la implementación de principios de prestación

Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO

Periodista con más de 20 años de experiencia. Asignada a la cobertura del Tribunal Federal.


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