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Juez federal advierte al Gobierno sobre fondos para pacientes con retardación

El presupuesto actual del programa de pacientes con retardación mental es de unos $39 millones.
mallete
Por Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO 3:57 pm

Ante la precaria situación fiscal que atraviesa la Isla, el juez federal Gustavo Gelpí advirtió al gobierno de Puerto Rico a no reducir los servicios al Programa de Pacientes con Retardación Mental, en caso de que el ejecutivo reduzca el presupuesto para este proyecto.

“El Estado Libre Asociado (ELA) puede, de buena fe, intentar disminuir los costos operacionales en este caso, teniendo en mente que los servicios a los participantes no pueden ser reducidos bajo ninguna circunstancia”, afirma la orden contenida en el expediente electrónico del Tribunal Federal.

“La corte está al tanto de la precaria situación fiscal que atraviesa el ELA. A la luz de los esfuerzos del ejecutivo para reducir y balancear el presupuesto, la corte insta y permite a las partes a modificar y revisar el presupuesto, sujeto a aprobación (de la corte)”, agrega la orden.

Gelpí explica que la pasada administración tomó medidas similares, aprobadas por la corte y que fueron efectivas. Ello, debido a que el ELA proveyó garantías colaterales.

No obstante, el juez indica que no recomienda soluciones en particular, ni una reducción del presupuesto en este momento. En cambio, lo deja a la “imaginación e ingenio de las partes y de los abogados” en el caso.

Advierte que si se considerara una reducción en el presupuesto, debe ser realista.

“Cualquier medida que se tome ahora, así como en el pasado, solo serán temporeras y serán reexaminadas en los próximos años fiscales. Si en algún momento el ELA incumple con sus obligaciones, se les requerirá a cumplir con el presupuesto original. En otras palabras, el ELA está invitada a hacer más con menos para la población de pacientes del Programa de Retardación Mental”, expresa orden.

El juez informó que el presupuesto actual del programa es de unos $39 millones. Históricamente el presupuesto para ese programa fluctuaba entre los $38 a $41 millones.

Originalmente, cuando se inició el pleito habían unos 315 pacientes. Actualmente, hay 315 participantes del programa.

El 21 de abril del 1999 la División Civil de la Fiscalía Federal demandó al gobierno de Puerto Rico por alegadas violaciones de derechos civiles contra un grupo de personas con retardación mental en instalaciones residenciales que proveían servicios y tratamiento por contrato.

Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO

Periodista con más de 20 años de experiencia. Asignada a la cobertura del Tribunal Federal.


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