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Juez federal extiende orden restricción temporera caso MCS

MCS solicitó una orden de interdicto preliminar contra la Ofincina del Procurador del Paciente, al alegar que sufrirá daño irreparable si se le impone el pago de los $1,700 millones
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Por Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO 4:37 pm

El juez federal Juan Pérez Giménez, extendió la orden de restricción temporera que le solicitó MCS Health Management Options (HMO), para que se detenga la imposición de una multa de $1,700 millones parte de la Oficina del Procurador del Paciente (OPP), por presuntamente incumplir con las disposiciones de informar a pacientes con 30 días de anticipación sobre la cancelación de contratos de la aseguradora con 26 ginecólogos.

El pasado 18 de marzo Pérez Giménez emitió una orden de restricción temporera que le solicitó MCS.

Pérez Giménez escuchó los argumentos de MCS, representada por el abogado Salvador Antonetti y de Huaralí Reyes de la OPP, durante una vista de causa probable en la Corte Federal del Viejo San Juan. El juez instruyó a las partes a someterle en 30 días sus argumentos escritos y anunció que iba a extender la orden de restricción temporera hasta que analizara los planteamientos para tomar una determinación.

MCS solicitó una orden de interdicto preliminar contra la OPP, al alegar que sufrirá daño irreparable si se le impone el pago de los $1,700 millones, la cual considera desproporcionada, excesiva, inconstitucional y la más alta en la historia de Puerto Rico.

Asimismo, la aseguradora expuso que la OPP violaba su derecho constitucional de Debido Proceso al negarles el descubrimiento de prueba.

“Pedimos el descubrimiento de prueba para ver la proporción de la multa…ha sido un proceso injusto. Hemos tratado de corregir las fallas -negativa del descubrimiento de prueba- en el tribunal estatal, pero ha sido imposible. Son violaciones a los derechos constitucionales”, afirmó Antonetti.

Por su parte, Reyes planteó que el Tribunal Federal debe de abstenerse de ver al caso bajo la doctrina Younger. Ello, debido a que queda pendiente una solicitud de reconsideración ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

La letrada se negaba a entrar en los méritos del caso en el foro federal.

Empero, Reyes insistió en que MCS-HMO no notificó en un término de 30 días a las aseguradas que había concluido el contrato entre MCS y la Administración de Seguros de Salud (ASES).

En septiembre de 2012 la OPP le informó a MCS-HMO que se disponía a emitir una multa de $1,700 millones por cancelar el contrato Mi Salud 30 días antes de que se iniciara el período de transición.

Antonetti expuso que en este caso no aplica la abstención del Tribunal Federal.
MCS-HMO alega que solicitó una vista administrativa y de descubrimiento de prueba la cual le fue denegada. Por lo que apelaron ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico y ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, pero sus solicitudes fueron denegadas. Actualmente, está pendiente una reconsideración ante el más alto tribunal de Puerto Rico.

Antonetti afirmó que la multa original era de $5 millones, que luego incrementó a $25 millones hasta llegar a $1,700 millones.

La OPP inició una pesquisa en el 2011 contra MCS-HMO para determinar si había violado la Carta de Derechos del Paciente como parte de la terminación del contrato con Mi Salud y en relación al proceso de transición.

La OPP requirió información sobre los motivos por los cuales la aseguradora sacó a una veintena de ginecólogos de su red de proveedores. Un oficial examinador de la OPP concluyó que la aseguradora había violentado los derechos de los pacientes y recomendó la imposición de multas.

Al concluir la vista, el procurador del Paciente Carlos Mellado, reconoció a preguntas de la prensa que la cantidad de la multa es “exhorbitante”. Sin embargo, afirmó que la misma no sería la cantidad final a imponerse. “La multa no se ha impuesto”, apuntó el funcionario.

Mellado señaló que como parte de los procesos en el foro estatal hay vigente un informe previo al juicio en el que se mencionan los testigos y la prueba sobre este caso. Por lo que rechazó que se le negara a MCS el descubrimiento de prueba.

Acusó a la aseguradora de ser la que dilata los procesos al solicitar las posposiciones de las vistas durante dos años.

Indicó que la Ley 170 establece multas desde $500 a $5 mil por cada violación. “MCS no ha demostrado aun por qué no debe imponérsele la multa”, aseguró Mellado.

Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO

Periodista con más de 20 años de experiencia. Asignada a la cobertura del Tribunal Federal.


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