La colonia vestida de toga

El caso lo originó el reclamo de interés propietario sobre el cargo, por parte de otro señor que había sido designado por el gobernador anterior, a menos de cinco meses de las elecciones.
Capitolio
Por Columnistas, EL VOCERO 4:02 am

Por: Hugo Rodríguez Díaz

El viernes pasado un juez del tribunal federal de los Estados Unidos de Norteamérica ordenó al gobernador electo por los puertorriqueños a retirar el nombramiento que había hecho días antes, de una señora como presidenta de la Comisión Industrial. El caso lo originó el reclamo de interés propietario sobre el cargo, por parte de otro señor que había sido designado por el gobernador anterior, a menos de cinco meses de las elecciones. Su nominación era el colofón lógico de una enmienda a la ley para que el cargo fuera por un plazo fijo de seis años. Una nueva enmienda para revertir la duración del nombramiento a lo que decía la ley antes, permitió al incumbente actual seleccionar a la sustituta, lo que trabó la controversia entre ambos.

He omitido a propósito los nombres de los disputadores de la silla porque no pretendo que el tema de esta columna sea sobre la idoneidad de uno sobre la otra, ni sobre los méritos jurídicos de las teorías que defendieron. Eso no es importante. Se trata de dos peones inconsecuentes en un tablero político en el que tendrán poca trascendencia. Sin embargo, la decisión judicial sirve para traer otra vez a la atención pública el papel que cumple el tribunal de aquel país sobre los asuntos de nuestra sociedad.

El desempeño de poder de los funcionarios que elegimos es muy limitado. La injerencia enorme de las facultades federales impone esos límites y su tribunal es el brazo para hacerlos valer. Tal ejercicio ofende la capacidad de nuestro pueblo.

¿No podemos ni siquiera decidir el precio del cuartillo de leche sin que la corte de los Estados Unidos nos lo diga? ¿Somos tan incapaces que necesitamos que ellos interpreten las cruces hechas en las papeletas de unas elecciones generales? ¿No podemos legislar protecciones a nuestra producción nacional, sin que dictaminen que violan el comercio interestatal? ¿No se le permite al gobernador gozar su ilusión de que está al mando porque le anulan los nombramientos de gabinente? ¿Acaso el clamor de la gente contra los injustos ejercicios bélicos de la marina en Vieques no terminó con cientos de condenas de cárcel de parte de ese tribunal?

Parte del orgullo que tiene todo ser humano en su fuero interno consiste en la vocación de mandar en su propia tierra. Nosotros no somos la excepción. Me atrevo a aseverar que ningún puertorriqueño ―aun los que plantean subsumirse en otra nación o los que defienden pactar por una solución territorial― negaría que siente esa inclinación innata. Razones circunstanciales, o transacciones momentáneas, no han permitido que esa hambre natural de dirigir nuestro destino se haya cristalizado aun. Pero cada vez que se nos estruja en la cara la realidad descarnada de que el poder no reside en nosotros, es una afrenta y un bochorno.

Quien presida la Comisión Industrial, da lo mismo. El cuartillo de leche podrá valer diez centavos más o quince menos. Lo importante es que no tengamos que avergonzarnos porque otros lo deciden por nosotros.


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