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La demonización del poder judicial

¿Qué realmente estará detrás?
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Por Columnistas, EL VOCERO 4:07 am

Por: Eliezer Aldarondo Ortiz
Socio Fundador, Aldarondo & López Bras, P.S.C.

Durante el año 2013 fueron aprobadas varias medidas legislativas dirigidas a modificar los sistemas de retiro público, incluyendo el de la judicatura. A esos efectos, mediante la Ley Num. 162 del 24 de diciembre de 2013, se promulgaron enmiendas a la “Ley de Retiro de la Judicatura,” las cuales motivan esta columna.

Dicha legislación aumenta la aportación que hacen los jueces en funciones al sistema, y se reducen las pensiones que recibirán al momento de su jubilación. De tal forma, se afectan, retroactivamente, los salarios y emolumentos de los jueces activos.

Varios sectores reclaman, equivocadamente, que se debe someter al Poder Judicial a las medidas dirigidas a restablecer la debacle económica causada por el Poder Político. Sin embargo, ignoran lo obvio; que ello está patentemente prohibido por el régimen constitucional vigente, pues colocaría al Poder Judicial a la merced del Poder Político.

Basta con referirse al texto de la Constitución de Puerto Rico, en particular el Art. V, Sección 10 y el Art. VI, Sección 11, al igual que la discusión de la Asamblea Constituyente en el Diario de Sesiones y, a su interpretación desde hace más de 60 años, para percatarse que los sueldos de los jueces activos, al igual que sus emolumentos, no pueden ser disminuidos. González Vélez v. Tribunal, 75 DPR 585 (1953). Ello garantiza que exista una judicatura independiente, que decida prontamente los casos en los méritos sin que esté sujeta a coacción, represalias y presiones indebidas, por parte de la rama política. González Vélez, supra (citando Notes and Comments of the Constitution of the Commonwealth of Puerto Rico, 86-98).

Abona a lo anterior y es de conocimiento público que, en defensa de la independencia judicial, y previo a que se convirtiera en ley, el Juez Presidente del Tribunal Supremo ilustró al Poder Político sobre la evidente invalidez del estatuto en cuestión, a su vez exhortando al Gobernador que no firmara dicho proyecto. Dicha exhortación cayó en oídos sordos.

Sin duda, la legislación también es injusta e irrazonable, por cuanto pretende que el Poder Judicial asuma una responsabilidad que no le toca. La debacle fiscal fue creada, durante diversos años, por el Poder Político, sin que el Poder Judicial contribuyera a ésta. Peor aún, también es innecesaria, ya que el déficit en el sistema de retiro de la judicatura es considerablemente menor y mucho más manejable al compararse con el gigantesco déficit billonario que existe en el de los otros empleados públicos.

Debemos preguntarnos, entonces, ¿por qué razón se promulga una ley cuya inconstitucionalidad es obvia y que, además, es injusta, irrazonable e innecesaria? ¿Será realmente un ejemplo claro del por qué la Constitución protege los salarios y emolumentos de la Rama Judicial para evitar presiones indebidas, coacción y represalias? ¿Por qué no se utiliza el tiempo y los limitados fondos para buscar alternativas realmente viables? ¿Por qué se coloca al Poder Judicial en este predicamento? ¿Por qué se demoniza en la difícil coyuntura histórica que vivimos? ¿Qué realmente estará detrás? ¿Será el comienzo de una saga promovida por el Poder Político para tratar de desacreditar y, consiguientemente, usurpar y menoscabar el poder y las prerrogativas del Poder Judicial? Más temprano que tarde, el tiempo contestará estas interrogantes. Mientras tanto, se coloca innecesaria y peligrosamente al Poder Judicial en una situación altamente embarazosa.


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