Mano dura contra la Trata Humana

Por Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO 4:00 am
La Fiscalía Federal creó la unidad especializada en este tipo de delito debido a la alta incidencia registrada en Puerto Rico
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Rosa Emilia, jefa de la Fiscalía Federal. Rodríguez EL VOCERO / Agustín Santiago

Todas la semanas las autoridades federales reciben denuncias relacionadas a la explotación sexual de menores.

El cúmulo de casos llevó a que la Fiscalía Federal creara a principios de este mes la Unidad de Crímenes contra Menores y contra la Trata Humana -de niños y adultos- para investigar este tipo de delito.

“Siempre hemos creado unidades para atacar problemas inminentes grandes que vemos en la comunidad y ésta es una”, afirmó la jefa de la Fiscalía Federal Rosa Emilia Rodríguez, en entrevista con EL VOCERO junto al los fiscales Timothy Henwood jefe de la división de Cuello Blanco y Marshal Morgan coordinador del programa Salvemos a la Niñez.

Las autoridades federales emitieron 51 pliegos acusatorios contra 52 personas por explotación sexual de menores para el 2013. El 100 por ciento de los acusados fueron convictos.

Rodríguez comentó que la Fiscalía Federal trabajaba los casos de forma reactiva, cuando se había cometido el crimen.

La nueva unidad se dedicará a efectuar investigaciones a largo plazo, conseguir evidencia para procesar criminalmente.

El Departamento de Justicia en Washington asignó recursos adicionales para esta unidad a la que están asignados Morgan y las fiscales federales Elba Gorbea, Julia Meconiates y Ginnete Milanés.

“La trata humana tiene renglones en inmigración, prostitución de adultos y menores, tiene un ámbito grande, porque las reglas de Procedimiento Criminal federal prohíben el uso de cualquier persona a llevar a cabo cualquier acto de prostitución que tenga que ver con adultos mediante la fuerza o amenaza”, explicó Morgan.

“Tenemos jurisdicción para investigar cualquier caso de prostitución de adultos por fuerza. Al momento, no tenemos ningún caso en donde hayan adultos”, agregó Morgan.

Observó que el caso contra José Héctor Guivas Soto, es uno de trata humana. Este fue acusado por presuntamente transportar a una menor de 15 años que estaba de vacaciones en la Isla junto a su familia y prostituirla en el club de caballeros Lips.’

“Estas personas que se anuncian en los bilboards, sospechamos que están envueltas en la trata humana y muchas veces son de menores”, expuso Rodríguez.

Destacó que ha llegado a unos preacuerdos con el secretario de Justicia de Puerto Rico César Miranda, para trabajar los casos en conjunto.

Henwood indicó que se reunirán próximamente con el fiscal general estatal José Capó para desarrollar un escrito sobre qué casos serán procesados en el foro estatal y en el foro federal. La Fiscalía Federal le solicitó al Departamento de Justicia estatal la asignación de un fiscal en destaque para trabajar estos casos.

“Tras crear esta nueva unidad se puede ser más preactivos en términos de desarrollar relaciones entre fiscales federales y estatales para que trabajen este tipo de casos”, comentó Morgan.

Rodríguez indicó que muchos de los casos que han procesado criminalmente han sido encontrados mediante artículos de prensa. “A nosotros nos preocupan también los casos en donde se ha concedido la fianza a individuos que viven al lado o en la casa de las víctimas porque las pueden coaccionar para que no testifiquen. Cuando veo eso, llamo a Morgan y a Henwood. El Departamento de Justicia estatal también está intolerante y le dan importancia a estos asuntos”, dijo la funcionaria.

Morgan destacó que a partir de septiembre del 2012 se han radicado casos por transportación de menores para que incurran en relaciones sexuales. Mencionó que hacía 68 años que no se sometían acusaciones por estos cargos en la Isla. Unas 19 personas han sido acusadas bajo este estatuto.

En el 1945 el Tribunal Supremo de Estados Unidos confirmó al Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito con sede en Boston en su determinación de que el transporte de menores en Puerto Rico es suficiente para que haya jurisdicción federal.

Expuso que en el foro federal se puede procesar criminalmente a personas que aleguen que desconocían la edad de la personas a las que transportaban. Dos casos de transportación de menores que se han destacado son el de Bestían Carrasquillo Peñaloza, apodada “Gordi, la come hombres”, quien se declaró culpable por prostituir menores, incluso su propia hija. También el del psiquiatra pediátrico Gerardo Navarro Rodríguez, acusado por tráfico y transportación sexual de menores contra cuatro pacientes. “Una de las víctimas tenía 17 años y el artículo 130 del Código Penal de Puerto Rico dispone que si una persona ha sacado provecho de su posición, como un maestro, médico, como el psiquiatra pediátrico, que se aprovechó al usar su posición debe ser procesado”, expuso Morgan.

INTERES EN PROCESAR CASOS SACERDOTES

De otro lado, Rodríguez dijo que las autoridades federales están interesadas en procesar criminalmente casos sobre la alegada agresión sexual contra unas 20 víctimas por parte de seis sacerdotes.

“No es una cacería de brujas, es haciendo nuestro trabajo. Estamos muy interesados porque son alegaciones serias y nos preocupan”, sentenció Rodríguez.

La Diócesis de Arecibo se ha negado a proveer información relacionada a estas alegaciones. La Diócesis demandó al Departamento de Justicia para evitar la entrega de documentos sobre investigaciones que han llevado a cabo sobre abuso sexual contra feligreses.

Morgan advirtió que las personas que no denuncian estos crímenes violan las leyes federales y estatales. Comentó que la sección 477 del título ocho del Código Penal de Puerto Rico establece que no habrán conversaciones privilegiadas – excepto las de abogado cliente- para que una persona se niegue a ofrecer información a las autoridades sobre abuso sexual de menores.

Asimismo, la sección 446 del título ocho del Código Penal de Puerto Rico disponen que si una persona tiene conocimiento o sospecha que un menor es víctima de abuso sexual debe reportarlo a la Policía. Henwood afirmó que en el foro federal nadie puede negarse a ofrecer información requerida mediante un “supoena” de un Gran Jurado.

La sección 28 del título 18 de las Reglas de Procedimiento Civil Federal establecen que una persona que se niegue a cumplir con un requerimiento de Gran Jurado se expone a cumplir hasta 18 meses de prisión.

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Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO

Periodista con más de 20 años de experiencia. Asignada a la cobertura del Tribunal Federal.


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