Millonario fraude de multas en los CESCO

Agentes del NIE del Departamento de Justicia realizaron los arrestos en la madrugada en los pueblos de Carolina, Ponce y Arecibo
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Por Miguel Rivera Puig, EL VOCERO 4:03 am

Al menos un 30% de las multas que llegaban a los Centros de Servicios al Conductor (CESCO) pudieron haber sido objeto del traqueteo de empleados corruptos, según reveló ayer el secretario de Transportación y Obras Públicas Miguel A. Torres Díaz, durante el anuncio de que cinco funcionarios, una de ellas con 28 años en la agencia y cinco individuos que fungían como gestores habían sido arrestados por cargos de soborno, infracciones a la Ley de Protección Vehicular y a la Ley de Ética Gubernamental.

Torres Díaz dijo que las auditorías que están en desarrollo reflejan que un 30% de las transacciones de boletos no pueden conciliarse. Tanto para Torres Díaz como para el secretario de Justicia Cesar R. Miranda, el monto del fraude es uno millonario, que todavía no se ha cuantificado.

Agentes del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) del Departamento de Justicia realizaron los arrestos en la madrugada mediante órdenes expedidas el pasado miércoles. Los cargos fueron radicados en ausencia de los acusados y como parte de la investigación que comenzó en octubre del 2012 se utilizó un agente encubierto.

El pasado enero agentes del FBI allanaron la mayoría de los CESCOS a través del país y estatalmente fue acusada una empleada. A raíz de los allanamientos unos 70 empleados fueron entrevistados y 10 de ellos suspendidos. Tres de los arrestados Ángel Luis Pedrógo Munera, con siete años en el CESCO de Ponce, al que se le señaló una fianza de $150 mil; Evelyn Enid Vázquez Robles, con seis años de servicio y Nichole M. Barreto Agostini, con fianzas de $45 mil y $75 mil, ambas del CESCO de Arecibo estaban suspendidos desde enero.

En Ponce fue arrestada Betzhaida Torres Rosado, evaluadora de conductores con 28 años en la agencia, con fianza de $75 mil y el gestor oficial Nelson Lugaro Pagán, con $45 mil de fianza. La licencia de la escuela de conducir para la que trabajaba quedó suspendida mientras prosigue la pesquisa.

En Arecibo se formularon cargos contra Raúl Ferrer Aguilar, José M. Márquez Rodríguez y Ramón Rosario Colón, con fianzas de $45 mil quienes ejercen como gestores no autorizados.

En San Juan fue arrestada Irma Santos Meléndez, con 20 años en la agencia, quien sufrió un colapso al ser aprehendida en su lugar de trabajo. Le señalaron una fianza de $45 mil y el ex guardia de seguridad José Luis Díaz Reyes, con fianza de $45 mil.

El secretario Miranda apuntó que en caso de los empleados públicos imputados por la Ley de Ética no incluye el beneficio de sentencia suspendida y son penas severas. Los cargos por borrar boletos y cambiar categorías contemplados bajo la Ley de Protección Vehicular conllevan una pena de 8 años.

Torres Díaz sentenció que “quien mete la mano que sepa que será encontrado. Rayan en lo antiético e ilegal no se irán con la impunidad de costumbre llego el momento de limpiar la casa”.

Torres Díaz sostuvo que se está buscando cambiar los procesos con un nuevo protocolo de mayor seguridad al momento de expedir licencias y gravar multas. Una de ella es que se use las huellas biométricas del empleado que registre la transacción.

Defiende a los ‘atornillados’

Según Torres Díaz los 118 empleados que se contrataron a última hora la semana pasada son de carácter transitorio. Dijo que la Oficina de Gerencia y Presupuesto había expedido la autorización en enero y que los empleos terminarán en junio. Para esa fecha estima que la mayoría de los contratados podrán quedar cesantes en la medida que se implementen otros métodos seguros y rápidos para atender a la clientela.

Los CESCO perdieron alrededor de 270 empleados por la Ley 7 y la Ley 70, así como por personas que optaron por jubilarse ante los cambios en el sistema de Retiro.

Aunque una de las medidas a imponerse será una estricta investigación de los candidatos a empleo, en el caso de los 188 no se hizo la misma.


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