Ni cadena perpetua ni pena de muerte

Justicia Federal le asegura a las autoridades españolas que mantiene detenida a Aurea Vázquez Rijos, acusada por el asesinato de su esposo Adan Anhang
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Por Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO 4:03 am

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de la división de Asuntos Internacionales y de la Fiscalía Federal de Puerto Rico, aseguró a las autoridades judiciales de España, que Aurea Vázquez Rijos, acusada por el asesinato de su esposo Adan Anhang, no será sentenciada a cadena perpetua ni a la pena de muerte.

“Es más importante que la traigamos y la procesemos”, respondió la jefa de la Fiscalía Federal en la Isla Rosa Emilia Rodríguez a preguntas de EL VOCERO.

Indicó que hace unas dos semanas su agencia envió la comunicación a las autoridades de España. La justicia española había puesto como condición de la extradición, que se garantice que Vázquez Rijos no sea condenada a la pena de muerte y que tampoco sea sentenciada a pasar el resto de si vida en prisión y que la reclamada se pueda acoger a medidas de clemencia.

Rodríguez declinó señalar a qué sentencia se expondría. “Es muy prematuro todavía. Además hay una orden de mordaza impuesta por el juez (Daniel) Domínguez” en relación al proceso criminal en el foro federal. Vázques Rijos fue detenida el 30 de junio del 2013 en el aeropuerto de Barajas en Madrid, en virtud de una orden de arresto vigente emitida por Domínguez el 4 de junio del 2008, tras ser acusada por un Gran Jurado federal.

El 18 de diciembre del 2013 la acusada alegó ser inocente y que es víctima de “mafiosos y corruptos desde hace nueve años. El 5 de septiembre, durante una vista de identidad, Vázquez Rijos manifestó que no deseaba ser extraditada y que no renunciaba al beneficio de especialidad extradicional.

El 10 de enero del año en curso la Audiencia Nacional española accedió a extraditar a Vázquez Rijos. El auto de la Audiencia Nacional de España, del cual EL VOCERO obtuvo una copia, indica que la defensa de Vázquez Rijos cuestionó la legalidad en la interceptación de las llamadas telefónicas. Sobre el particular la Audiencia expresó “le corresponderá a la reclamada…aquietarse o utilizar cuantos instrumentos legales disponga
para su impugnación, si lo considera”.

A su vez, los jueces españoles expusieron que “la petición formulada es atinente al derecho interno de un Estado y a la regularidad del proceso penal abierto por las autoridades judiciales de aquél, sin que el Estado requerido en el seno de un proceso extradicional, dada la naturaleza del mismo, asuma ni le incumba el control de la legalidad
en la obtención de una diligencia de prueba del procedimiento de otro Estado que incida sobre los hechos objeto de la demanda o extradición”.

En el documento, se menciona que el gobierno estadounidense informó a las autoridades españolas que entre la prueba contra la acusada figuran los récords de llamadas telefónicas que la acusada le hizo a su esposo el 22 de septiembre de 2005, registros de llamadas que reflejan el contacto entre los miembros de la conspiración, y entre
Vázquez Rijos y su esposo.

De igual forma, el ministerio público federal cuenta con el testimonio del sicario presuntamente contratado por la acusada Alex Pabón Colón, pruebas recuperadas en las calles San Justo y Luna -escena del crimen- el testimonio de agentes de ley y orden y del doctor Francisco Cortés del Instituto de Ciencias Forenses que llevó a cabo la autopsia, así como el testimonio de otros testigos confidenciales.

En la audiencia del 18 Vázquez Rijos alegó que le “estaban tratando de imponer la pena de muerte el gobierno de EEUU a través de mafiosos y corruptos, que salió de dicho país en el año 2006, si bien la declararon inocente, sin un pronunciamiento del Gran Jurado, pero sí a través de la Fiscalía”.

A su vez, la acusada dijo a las autoridades españolas que dispone de una tarjeta de residente comunitaria y que entre los años 2008 a 2013 no había tenido requerimiento alguno de su país, habiéndose renovado el pasaporte en el Consulado de Estados Unidos en Italia y que había venido en varias ocasiones a España por su trabajo de excusiones en países, habiéndose desplazado en avión, tren o vehículo.

De igual forma, Vázquez Rijos alegó a las autoridades españolas que hubo una trampa para detenerla. “Dijo que temía que la pena que le fueran a imponer fuera la de muerte y que su marido estaba en una red mafiosa y que a ella la querían imputar, temiendo por su vida ya que llevaban muchos años amenazándola.

La orden de las autoridades españolas dispone que la reclamada debe ser entregada en el plazo de 40 días contados a partir de esta resolución.

Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO

Periodista con más de 20 años de experiencia. Asignada a la cobertura del Tribunal Federal.


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