No ve nada malo en reducir aumentos salariales

Su evaluación se basa, principalmente, en la determinación del Tribunal Supremo sobre la Ley 7 el pasado cuatrienio
Secretario de Justicia César Miranda junto al fiscal José Capó. EL VOCERO Agustín Santiago
Por Maricarmen Rivera Sánchez, EL VOCERO 4:02 am

El secretario de Justicia, César Miranda, aseguró que el proyecto que busca declarar una emergencia fiscal y pone un detente a los aumentos salariales negociados, es constitucional.

Su evaluación se basa, principalmente, en la determinación del Tribunal Supremo sobre la Ley 7 el pasado cuatrienio, la cual fue validada a pesar de permitir el despido de miles de empleados públicos. Luego de defender el proyecto, Miranda sugirió varias enmiendas a la medida.

Citó la Constitución al indicar que “la Asamblea Legislativa no tan solo tiene la prerrogativa de establecer asignaciones por ley y fijar cómo habrán de computarse, sino también está investida del poder para establecer cambios en estas y disponer una nueva política pública en esta materia”.
“A la luz de esta facultad, el mantenimiento de una asignación fija y establecida por ley está sujeta a los cambios que la propia Asamblea Legislativa que la fijó, o una próxima, estime conveniente propulsar a tenor con la realidad histórica imperante en ese momento”, dijo.

Miranda compareció ayer a una vista pública de las comisiones de Hacienda de Cámara y Senado en la que se discutió el proyecto. Esta medida fue radicada bajo la premisa de que, sin estos ahorros, sería imposible cuadrar el presupuesto del próximo año fiscal. Ya el liderato legislativo ha advertido que este proyecto debe ser entonces aprobado antes del presupuesto, el cual debe estar a su vez firmado antes del 30 de junio.

La medida propone, entre otras cosas, reducir en un 10% del gasto anual en contratos de servicios, lo que produciría $26 millones en ahorros. Propone además reducir en un 20% el gasto de nómina, reducir la contratación de empleados de carrera y detener por tres años los aumentos salariales negociados. Esto último produciría un ahorro de $120 millones.

Propone además eliminar la liquidación de las licencias en exceso de enfermedad y uniformar los bonos de Navidad que se pagan en el Gobierno central y los municipios.

A la vista de ayer también comparecieron los líderes sindicales para oponerse al proyecto.
Varias de las principales organizaciones sindicales se unieron en una ponencia para rechazar el proyecto.
“Esta honorable Legislatura está a tiempo de evitar un error económico y político, que tendrá consecuencias para el futuro del país. Tiene la dorada oportunidad de demostrar que puede hacer cosas distintas a las que en el pasado han hecho y que han contribuido a que hoy enfrentemos esta crisis. No deben olvidar que esta misma receta de medicina amarga que la actual mayoría combatió, fue la que agravó la situación fiscal que hoy enfrentamos”, reza la ponencia presentada por varias uniones como la Central Puertorriqueña de Trabajadores y la Unión General de Trabajadores.

Maricarmen Rivera Sánchez, EL VOCERO

Tiene más de 15 años de experiencia como periodista en Puerto Rico y Estados Unidos. Tiene un bachillerato en Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y una maestría en Periodismo de Indiana University en Bloomington, Indiana.


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