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Nuevo revés para matrimonio acusado esquema fraude de armas

Conceden fianza de $100 mil a cada acusado
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EL VOCERO / Archivo
Por Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO 11:16 am

El magistrado federal Bruce McGiverin había concedido sendas fianzas de $100 mil al matrimonio dueño de la armería “The Lawman Gun Shop” en Bayamón, acusado junto al abogado Antonio Peluzzo Perotín por presuntamente participar en un esquema para conseguir licencias de portación de armas de fuego fatulas en el que se fabricaban las firmas de jueces.

Pero, el fiscal federal Luke Cass pidió al magistrado que la orden fuera detenida para que se revise la misma. Ello, al plantear que la evidencia contra la pareja es sólida, ya que el gobierno cuenta con 3,000 documentos y que una de las licencias fatulas era para un convicto que no podía poseer armas de fuego.

McGiverin acogió la solicitud de Cass por lo que los esposos Julio Colón Santiago y María del Carmen Rivera Negrón, continuarán por el momento en el Centro de Detención de Guaynabo (MDC, por sus siglas en inglés) en donde llevan ingresaos desde el pasado 13 de marzo.

Colón Santiago y Rivera Negrón enfrentan junto a Peluzzo Perotín 490 cargos por falsificación de sellos y formas, producción de documentos falsos, conspiración para cometer una ofensa contra el gobierno de Estados Unidos, robo de identidad y robo de identidad agravada.

Hasta al momento, hay aproximadamente 1,300 licencias creadas con documentos falsificados.

Como parte del esquema, The Lawman Gun Shop cobraba entre $1,000 y $1,500 por solicitud.

El pliego acusatorio alega que Colón Santiago y Rivera Negrón, como dueños de la armería, le pagaban aproximadamente a Peluzzo Perotín $480 por licencia falsa.

La armería, a través de sus dueños y el abogado, se encargaban de todo el trámite para conseguir licencias de portación de armas fraudulentas a sus clientes.

El establecimiento le proveía a sus clientes facturas que detallaban los servicios que supuestamente ellos ofrecían, fotocopias, afidavits, sellos, cargos de Hacienda, servicios de intermediarios y certificados médicos. Estos, en su mayoría nunca fueron prestados.

Usualmente, los acusados le cobraban $250 a sus clientes por la compra de comprobantes que necesitaban del Departamento de Hacienda.

Los acusados reciclaban los comprobantes al hacer copias y los volvían a usar, mientras que los clientes pensaban que eran originales.

También les cobraban $75 en honorarios por asistir a los tribunales, a pesar de que ni las solicitudes ni los documentos eran radicados en ninguna corte.

Los clientes de la armería no tenían que ir a corte no proveer ningún otro documento como requerido bajo la ley de Armas de Puerto Rico.

Como parte del esquema, los acusados llevaban las solicitudes para licencia de portar armas a la Comandancia de Bayamón sin importar donde los clientes residían y así evitaban que estos llevaran las solicitudes en persona a las comandancias que les tocaba de acuerdo a su residencia. También recogían las solicitudes de los clientes a la comandancia cuando estaban listas.

Se alega que los acusados le llevaba donas, café y pitorro y le daban propinas al personal que trabajaba en la comandancia de Bayamón por acelerar los procesos y no ser tan exigentes durante los procedimientos para expedir licencias.

Con estos documentos falsos los acusados provocaron que la Policía de Puerto Rico creara identificaciones falsas.

Los acusados también enfrentan un cargo por ilegalmente haber ayudado a un convicto por Ley de Armas a obtener, poseer y portar armas de fuego. A preguntas de la prensa, Rodríguez no descartó la radicación de cargos contra esta persona.

Específicamente, le facilitaron a esa persona la portación y posesión de una pistola Glock, modelo 27, calibre .40 y una escopeta Maverick, modelo 88, calibre 12.

El pliego acusatorio enmendado incluye una alegación de confiscación por $1.5 millones y la armería con todo su inventario que constaba de 200 mil municiones y cerca de mil armas de fuego. Esto en adición a una guagua Ford King Ranch del 2013, un BMW del 2014, Porsche 911 del 2011 y un Mustang del 2014.

Las sentencias máximas que enfrentan los acusados por falsificar documentos de la corte es de cinco años y 15 años por la creación de identificaciones falsas. Asimismo, se exponen a cinco años por el cargo de conspiración, dos años consecutivos por cada cargo de robo de identidad y hasta 10 años por ayudar a una persona convicta de delito grave para poseer y portar armas de fuego.

De ser encontrados culpables todos y cada uno de estos 490 cargos podrían ser impuestos de forma consecutiva.

Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO

Periodista con más de 20 años de experiencia. Asignada a la cobertura del Tribunal Federal.


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