OAT defiende la pureza de sus arrendadores

Tras el escándalo del contable Lutgardo Acevedo, la agencia recalca que no existe ninguna ilegalidad en los contratos con los propietarios de los edificios donde ubican varios tribunales
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Administradora de la OAT, Sonia Ivette Vélez. EL VOCERO / Archivo
Por Yennifer Álvarez Jaimes, EL VOCERO 4:00 am

La Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) aseguró ayer que existen salvaguardas para evitar posibles conflictos de interés entre la Rama Judicial y los propietarios de los edificios donde están ubicados nueve centros judiciales alrededor de la Isla.

La OAT mantiene nueve centros judiciales en instalaciones arrendadas con el fin de ofrecer los servicios a la ciudadanía de manera “segura y profesional”, aseguró la administradora de la OAT, Sonia Ivette Vélez.

Sin embargo, varios cuestionamientos surgieron recientemente, cuando se supo que el contable Lutgardo Acevedo  López es el propietario del edificio donde estaba ubicado hasta hace poco el Tribunal de Moca. El contable fue acusado por las autoridades federales por supuestamente participar en un esquema de corrupción judicial junto al juez del Tribunal de Primera Instancia en Aguadilla, Manuel Acevedo Hernández.

Tras la acusación contra Acevedo López, la administradora de OAT, informó la cancelación del contrato que espiraba en enero de 2015.

“En el día de hoy se le enviará una comunicación de que se rescindirá del contrato…creemos que en atención al desarrollo que ha habido en los últimos días y para que haya transparencia (se rescinde del contrato). No creemos que debamos tener relación contractual con esta persona”, indicó la funcionaria a principios del mes de junio.

La administradora de la OAT indicó ayer a EL VOCERO que “en el caso de los arrendamientos, los dueños son corporaciones” y aseguró que por lo general, los jueces o juezas desconocen ese tipo de información.
“Como regla general, a no ser que sea advertido sobre ello, o que el pleito ante la consideración del juez o jueza sea precisamente relacionado a hechos particulares de esa corporación y su relación contractual con la Rama Judicial, no tiene por qué conocer o manejar esa información que aunque pública es de naturaleza administrativa de la Rama”, sostuvo Vélez.

“De darse esa situación, las Reglas de Administración del Tribunal de Primera Instancia proveen el procedimiento para que la parte que entienda que existe algún conflicto solicite la inhibición del juez o jueza e incluso el traslado de jurisdicción, de ser ese el caso.  Ello incluye también el que el juez o jueza motu proprio lo ordene en aras de la transparencia y confiabilidad en los procesos.  De igual modo proveen alternativas en ese  sentido las Reglas de Procedimiento Civil, las Reglas de Procedimiento Criminal y los Cánones de Ética Judicial”, agregó la funcionaria.

Mantiene contrato con entidad sin registro de corporación

La OAT informó ayer, a preguntas de EL VOCERO, que el edificio que alberga el Centro Judicial de Carolina es propiedad de Oficinas de Carolina, Inc.

Sin embargo, una búsqueda de este rotativo en el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado, reveló que el 16 de abril de 2014 se revocó el certificado de incorporación de Oficinas de Carolina, Inc. “por incumplir con sus obligaciones” como pagos anuales, entre otros, desde 2008.
Al cierre de esta edición, se esperaba por una respuesta de la OAT para conocer cuándo fue la última vez que se le renovó contrato a esta corporación y si la administradora tenía conocimiento de esta situación que le impediría a la corporación hacer negocios con el Gobierno. No se pudo identificar en el registro digital de la Oficina del Contralor el contrato entre la OAT y Oficinas de Carolina, Inc.

En tanto, la OAT informó que las Salas de Relaciones de Familia en Bayamón están ubicadas en un edificio propiedad de Vicar Builder Developers, Inc., entidad incorporada por Carlos González. También, el Centro Judicial de Caguas está ubicado en un edificio vinculado con González pero con otra corporación identificada como Ramhil Developer, Inc.

Mientras, el Tribunal de Apelaciones y el Centro Judicial de Utuado están ubicado en edificios de Cecort Properties and Services Corporation, entidad incorporada por César Cortés.

Además, el edificio del Centro Judicial de Aibonito  es propiedad de Ramón Arturo Ortiz Aponte. Al mismo tiempo, el edificio que alberga el Centro Judicial de Fajardo  es propiedad de Carhill Developers, Inc. No se pudo identificar la corporación en el registro del Departamento de Estado.
De otro lado, el Centro Judicial de Humacao está ubicado en un edificio de Libra Goverment Building, Inc., entidad incorporada por Agustín Cabrer Roig, exvicepresidente de la desaparecida Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
El Centro Judicial de Mayagüez lo alberga un edificio de  West Coast Development Corporation, incorporada por Rudolph Jurgensen.

A preguntas de EL VOCERO, la administradora de la OAT justificó el alquiler de estos edificios, a pesar de que el Gobierno cuenta con decenas de estructuras en desuso.

“La Rama Judicial de Puerto Rico adoptó el modelo de arrendar instalaciones privadas hace más de dos décadas con la intención de ofrecer a la ciudadanía de estructuras modernas y adecuadas para ofrecer de forma profesional y segura el servicio que debemos brindar”, sostuvo Vélez.

“La contratación con estas empresas incluye el mantenimiento de los edificios. A través de los años, las estructuras que pertenecen a la Autoridad de Edificios Públicos se deterioran debido, precisamente, a la falta de mantenimiento por parte de la Autoridad.  Los Centros Judiciales de San Juan, Aguadilla, Ponce y Bayamón son ejemplos. A ello se suma que debemos pagar arrendamiento indefinidamente y el edificio nunca pasa a ser propiedad de la Rama Judicial. Con el modelo de arrendamiento privado, en la gran mayoría de ellos, el edificio pasa a ser propiedad de la Rama por un valor nominal al término del contrato”, concluyó la funcionaria en declaraciones escritas.

Yennifer Álvarez Jaimes, EL VOCERO

Graduada de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras con nueve años de experiencia como periodista en prensa escrita, radio y televisión.


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