‘Odiosa’: la deuda pública

"Debemos examinar si realmente esto es una deuda entre el gobierno y acreedores que les rige el derecho contractual, o si es un asunto de marca mayor, producto de la dinámica represiva colonial".
dineroc
Por Katherine Angueira Navarro 4:00 am

‘Odiosa’. Así se considera la deuda pública contraída bajo ciertas circunstancias que se dificulta o imposibilita su pago. La búsqueda de soluciones de cómo eliminar o invalidar la deuda pública en países pobres, colonias o estados que cambian de configuración política, es materia de debate internacional. El esquema elaborado para clasificar los tipos de ‘deuda pública odiosa’ incluye la contraída: en estados en guerra; para oprimir insurrecciones revolucionarias; o deudas para mantener regímenes, entre otras. (Paulus, C. The evolution of the Concepto of Odious Debt, ZaoRV 68, 2008). Aparte de la deuda pública que se contrae que no benefició a un Pueblo o se usó para mantenerlo bajo el yugo de la metrópolis, en relaciones territoriales-coloniales, existen otras circunstancias también onerosas que puedan configurarse como ‘odiosas’ (Howse, Robert. The Concept of Odious Debt in Public International Law, United Nations, 2007). Por su parte, Paulus, (2008), señala la deuda pública como ‘odiosa’ que surge cuando: (a) quien presta el dinero persigue ‘metas que son inmorales’; (b) ‘oficiales corruptos gubernamentales se roban el dinero prestado, a veces porque el dinero prestado no se utiliza para el propósito propuesto’; (c) ‘en ocasiones, se entiende la responsabilidad compartida de prestamistas que financiaron proyectos fallidos’.

Mientras en Puerto Rico nos enfrascamos en la pugna entre si las quiebras de las corporaciones públicas se deben ventilar en un tribunal criollo o en el tribunal federal, debemos ampliar dicha visión. Hay que salir de dicho entrampamiento discursivo.  Debemos examinar si realmente esto es una deuda entre el gobierno y acreedores que les rige el derecho contractual, o si es un asunto de marca mayor, producto de la dinámica represiva colonial. Por supuesto, que el sector que ha vivido del alegado ‘compact’ o ‘acuerdo bilateral’ entre EEUU y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA) tienen un punto ciego.  De igual forma, el sector estadista acostumbrado a argumentar que los desmanes coloniales se resuelven con la estadidad, tienen su propio punto ciego. Hay que tragar duro para aceptar que la Nación a la cuál quisieran incorporarse como el estado 51, ha sido capaz del maltrato que nos mantiene subyugados como ciudadanas-os de segunda y tercera categoría. Por otra parte, se les dificulta examinar el fundamento del sector soberanista e independentista que le pueda exigir a los EEUU se responsabilice de la deuda pública de su territorio-colonial. No por ello, se mantiene que el sector independentista realmente tenga una ruta trazada que posteriormente garantice la sobrevivencia económica de una república.  Por supuesto, esto se agudiza cuando surgen voces, como el ex-gobernador Aníbal Acevedo Vilá, acusado y absuelto por actos de corrupción, cuando sus allegados hicieron alegación de culpa por dicho esquema en el tribunal Federal.

Para salirnos del marasmo local, examinemos el alcance de cómo se invalidan deudas públicas en situaciones de corrupción, mirando al exterior. El caso entre Inglaterra y Costa Rica que involucró al ex-presidente Tinoco, nos ilustra cómo se pretendía responsabilizar al gobierno de Costa Rica por una deuda con el Royal Bank de Canadá.  Bajo el régimen del político, Tinoco y su hermano, contrajeron un préstamo con el Royal Bank, bajo el palio gubernamental para exiliarse fuera de su país (‘Reports of International Arbitral Awards’, RIAA, 375, 1923). El árbitro en dicho caso, William Taft, invalidó la deuda sobre fundamentos morales. Hay quienes argumentan que dicho préstamo contraído era nulo de todas maneras. (Paulus, 2008, p. 401).

En Puerto Rico se batea la cifra de cerca de 73 billones de dólares que suma la deuda pública.  Al día de hoy públicamente no se ha discutido el detalle de las emisiones de bonos realizadas, su propósito, y si se cumplió o no con el mismo realizando las auditorías correspondientes de cada centavo.  A diferencias del encausamiento criminal por la fiscalía federal por la malversación, fraude y robo de fondos federales, no se ha establecido una política pública clara para investigar y procesar criminalmente a  funcionarios públicos y sus secuaces en el sector privado por posible apropiación ilegal de fondos públicos de dichas emisiones de bonos; haciéndoles devolver a las arcas públicas cada centavo que posiblemente se robaron. ¿Deberán ser procesados a nivel federal como casos de violaciones al comercio inter-estatal o solamente a nivel local? Debemos derrumbar el partidismo odioso en Puerto Rico y unirnos como Pueblo en una acción concertada para limpiar la deuda pública ‘odiosa’. El Pueblo no tiene por qué cargar co

Katherine Angueira Navarro

Psicóloga Social-Comunitaria


Nuestras Voces


Nuestras Voces

Subir