Peluzzo Perotín podría declarase culpable

A cambio de que el gobierno recomiende una sentencia de cárcel menor.
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Por Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO 4:22 pm

El abogado Antonio Peluzzo Perotín, acusado por presuntamente ser el gestor de un esquema de fraude para conseguir licencias de arma de fuego fatulas, podría declararse culpable por este caso, según una moción radicada por su abogado Jorge Armenteros.

En la moción el letrado informa al juez federal Francisco Besosa que se ha mantenido en conversaciones con la fiscalía federal sobre la probabilidad de aceptar una oferta para que su cliente se declare culpable a cambio de que el gobierno recomiende una sentencia de cárcel menor.

Empero, el abogado no ha podido discutir la oferta del ministerio público federal con el acusado debido a que fue trasladado del Centro de Detención Metropolitano de Guaynabo (MDC, por sus siglas en inglés) a otra institución penal en Estados Unidos.

Por lo que Armenteros pidió al juez que extienda la fecha límite para informarle si su cliente aceptará o no la oferta del gobierno cinco días después de que su cliente sea trasladado nuevamente a la Isla.

Por este caso también fueron acusados los esposos Julio Colón Santiago y María del Carmen Rivera Negrón y el instructor de tiro Julio Medina Mojica. Estos solicitaron al juez Besosa declararse culpables por este caso. El quinto acusado José Prado Colón, quien también es instructor de tiro, pidió al juez tiempo adicional para informar a la corte si se declarará no culpable, ya que aun no han concluido las negociaciones con el ministerio público federal.

Peluzzo Perotín y los esposos Colón Santiago y Rivera Negrón enfrentan 490 cargos por falsificación de sellos y formas, producción de documentos falsos, conspiración para cometer una ofensa contra el gobierno de Estados Unidos, robo de identidad y robo de identidad agravada. Los esposos son los propietarios de la armería “The Lawman Shop”.

De acuerdo a la acusación, el matrimonio le referían clientes a Prado y a Medina Mojica para que ofrecieran cursos sobre el uso y manejo de armas de fuego –requeridos para obtener las licencias de armas-.

Sin embargo, los acusados les entregaban certificados de que habían tomado los cursos, cuando no era cierto.

A los instructores de tiro se les imputan cargos por robo de identidad agravada y robo de identidad agravada.

Como parte del esquema, The Lawman Gun Shop cobraba entre $1,000 y $1,500 por solicitud.

El pliego acusatorio alega que Colón Santiago y Rivera Negrón, como dueños de la armería, le pagaban aproximadamente a Peluzzo Perotín $480 por licencia falsa.

La armería, a través de sus dueños y el abogado, se encargaban de todo el trámite para conseguir licencias de portación de armas fraudulentas a sus clientes.

El establecimiento le proveía a sus clientes facturas que detallaban los servicios que supuestamente ellos ofrecían, fotocopias, declaraciones juradas, sellos, cargos de Hacienda, servicios de intermediarios y certificados médicos. Estos, en su mayoría nunca fueron prestados.

Usualmente, los acusados le cobraban $250 a sus clientes por la compra de comprobantes que necesitaban del Departamento de Hacienda.

Los acusados reciclaban los comprobantes al hacer copias y los volvían a usar, mientras que los clientes pensaban que eran originales.

También les cobraban $75 en honorarios por asistir a los tribunales, a pesar de que ni las solicitudes ni los documentos eran radicados en ninguna corte.

Los clientes de la armería no tenían que ir a corte no proveer ningún otro documento como requerido bajo la Ley de Armas de Puerto Rico.

Como parte del esquema, los acusados llevaban las solicitudes para licencia de portar armas a la Comandancia de Bayamón sin importar donde los clientes residían y así evitaban que estos llevaran las solicitudes en persona a las comandancias que les tocaba de acuerdo a su residencia. También recogían las solicitudes de los clientes a la
comandancia cuando estaban listas.

Se alega que los acusados le llevaba donas, café y pitorro y le daban propinas al personal que trabajaba en la comandancia de Bayamón por acelerar los procesos y no ser tan exigentes durante los procedimientos para expedir licencias.

Con estos documentos falsos los acusados provocaron que la Policía de Puerto Rico creara identificaciones falsas.

Los acusados también enfrentan un cargo por ilegalmente haber ayudado a un convicto por Ley de Armas a obtener, poseer y portar armas de fuego.

Específicamente, le facilitaron a esa persona la portación y posesión de una pistola Glock, modelo 27, calibre .40 y una escopeta Maverick, modelo 88, calibre 12.

El pliego acusatorio enmendado incluye una alegación de confiscación por $1.5 millones y la armería con todo su inventario que constaba de 200 mil municiones y cerca de mil armas de fuego. Esto en adición a una guagua Ford King Ranch del 2013, un BMW del 2014, Porsche 911 del 2011 y un Mustang del 2014.

Las sentencias máximas que enfrentan los acusados por falsificar documentos de la corte es de cinco años y 15 años por la creación de identificaciones falsas. Asimismo, se exponen a cinco años por el cargo de conspiración, dos años consecutivos por cada cargo de robo de
identidad y hasta 10 años por ayudar a una persona convicta de delito grave para poseer y portar armas de fuego.

De ser encontrados culpables todos y cada uno de estos 490 cargos podrían ser impuestos de forma consecutiva.

Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO

Periodista con más de 20 años de experiencia. Asignada a la cobertura del Tribunal Federal.


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