Pide declararse culpable por fraude de licencias de armas

Hasta al momento, hay aproximadamente 1,300 licencias creadas con documentos falsificados
juicio
EL VOCERO / Archivo
Por Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO 1:42 pm

El instructor de tiro Julio Medina Mojica, acusado por participar en el esquema de fraude para conseguir licencias de portación de armas de fuego fatulas junto al abogado Antonio Peluzzo Perotín, solicitó al juez federal Francisco Besosa declararse culpable por este caso.

Así consta en una moción radicada por su abogado Ovidio Zayas, contenida en el expediente electrónico del caso.

El acusado se entregó en las oficinas del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) el pasado 2 de mayo tras advenir en conocimiento de que fue acusado por un Gran Jurado en un pliego acusatorio enmendado.

Por este caso también fueron acusados los esposos Julio Colón Santiago y María del Carmen Rivera Negrón y otro instructor de tiro José M. Prado, quien fue arrestado en su negocio Advance Prado Locks.

Se alega que el matrimonio le referían clientes a Prado y a Medina Mojica para que ofrecieran cursos sobre el uso y manejo de armas de fuego –requeridos para obtener las licencias de armas-.

Sin embargo, los acusados les entregaban certificados de que habían tomado los cursos, cuando no era cierto.

A los instructores de tiro se les imputan cargos por robo de identidad agravada y robo de identidad agravada.

Peluzzo Perotín y los esposos Colón Santiago y Rivera Negrón enfrentan 490 cargos por falsificación de sellos y formas, producción de documentos falsos, conspiración para cometer una ofensa contra el gobierno de Estados Unidos, robo de identidad y robo de identidad agravada.

Hasta al momento, hay aproximadamente 1,300 licencias creadas con documentos falsificados.

Como parte del esquema, The Lawman Gun Shop cobraba entre $1,000 y $1,500 por solicitud.

El pliego acusatorio alega que Colón Santiago y Rivera Negrón, como dueños de la armería, le pagaban aproximadamente a Peluzzo Perotín $480 por licencia falsa.

La armería, a través de sus dueños y el abogado, se encargaban de todo el trámite para conseguir licencias de portación de armas fraudulentas a sus clientes.

El establecimiento le proveía a sus clientes facturas que detallaban los servicios que supuestamente ellos ofrecían, fotocopias, afidavits, sellos, cargos de Hacienda, servicios de intermediarios y certificados médicos.

Estos, en su mayoría nunca fueron prestados.

Usualmente, los acusados le cobraban $250 a sus clientes por la compra de comprobantes que necesitaban del Departamento de Hacienda.

Los acusados reciclaban los comprobantes al hacer copias y los volvían a usar, mientras que los clientes pensaban que eran originales.

También les cobraban $75 en honorarios por asistir a los tribunales, a pesar de que ni las solicitudes ni los documentos eran radicados en ninguna corte.

Los clientes de la armería no tenían que ir a corte no proveer ningún otro documento como requerido bajo la ley de Armas de Puerto Rico.

Como parte del esquema, los acusados llevaban las solicitudes para licencia de portar armas a la Comandancia de Bayamón sin importar donde los clientes residían y así evitaban que estos llevaran las solicitudes en persona a las comandancias que les tocaba de acuerdo a su residencia. También recogían las solicitudes de los clientes a la comandancia cuando estaban listas.

Se alega que los acusados le llevaba donas, café y pitorro y le daban propinas al personal que trabajaba en la comandancia de Bayamón por acelerar los procesos y no ser tan exigentes durante los procedimientos para expedir licencias.

Con estos documentos falsos los acusados provocaron que la Policía de Puerto Rico creara identificaciones falsas.
Los acusados también enfrentan un cargo por ilegalmente haber ayudado a un convicto por Ley de Armas a obtener, poseer y portar armas de fuego. A preguntas de la prensa, Rodríguez no descartó la radicación de cargos contra esta persona.

Específicamente, le facilitaron a esa persona la portación y posesión de una pistola Glock, modelo 27, calibre .40 y una escopeta Maverick, modelo 88, calibre 12.

El pliego acusatorio enmendado incluye una alegación de confiscación por $1.5 millones y la armería con todo su inventario que constaba de 200 mil municiones y cerca de mil armas de fuego. Esto en adición a una guagua Ford King Ranch del 2013, un BMW del 2014, Porsche 911 del 2011 y un Mustang del 2014.

Las sentencias máximas que enfrentan los acusados por falsificar documentos de la corte es de cinco años y 15 años por la creación de identificaciones falsas. Asimismo, se exponen a cinco años por el cargo de conspiración, dos años consecutivos por cada cargo de robo de identidad y hasta 10 años por ayudar a una persona convicta de delito grave para poseer y portar armas de fuego.

De ser encontrados culpables todos y cada uno de estos 490 cargos podrían ser impuestos de forma consecutiva.

Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO

Periodista con más de 20 años de experiencia. Asignada a la cobertura del Tribunal Federal.


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