Piden protección para víctimas de curas pedófilos

Por Yennifer Álvarez Jaimes, EL VOCERO 4:03 am
Diócesis de Arecibo hace la petición al Tribunal de San Juan con miras a detener futuras denuncias
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La representación legal de la Diócesis de Arecibo solicitó al Tribunal de San Juan que proteja la confidencialidad de las víctimas para evitar desalentar futuras denuncias.

El licenciado Frank Torres Viada pidió al Tribunal de San Juan que “determine cómo proceder y tutelar los intereses e intimidad de las personas que confiaron sus casos a las autoridades eclesiásticas, ante la insistencia de la Fiscalía de Arecibo de requerir que se revele la identidad de las mismas”.
 
Según explicó el licenciado Torres Viada, el Obispado se vio en la necesidad de recurrir a los Tribunales “con el fin de proteger el interés y el reclamo de confidencialidad que la Iglesia garantizó a los querellantes y testigos de sus investigaciones internas, las que culminaron en la expulsión histórica de seis sacerdotes en Arecibo”.

El representante legal del obispo de Arecibo, Daniel Fernández Torres, alegó que la información que ha compartido con las autoridades “es suficiente para que la fiscalía realice su investigación sin necesidad de obligar a la Diócesis a revelar la información que bajo carácter de confidencialidad los querellantes suplieron a la Iglesia”.

 “Cuando una persona acude a la Iglesia a querellarse contra un Sacerdote, lo hace buscando un remedio dentro de la confidencialidad para evitar que se exponga públicamente su identidad y los pormenores de su caso.  

Para esto, la Iglesia cuenta con cánones y protocolos estrictos, cuyos objetivos primarios son proteger esos reclamos legítimos de confidencialidad.  La mayoría de las víctimas no han querido exponer sus casos ante las autoridades estatales.  

Si la Iglesia incumple los acuerdos de confidencialidad, estaría desalentando a futuros querellantes y violentando sus propios cánones”, sentenció el licenciado Torres Viada.

 El abogado agregó que los querellantes  son adultos y presentaron sus denuncias a la Diócesis siendo ya adultos.  
“A pesar de ello, desde su nombramiento, hace tres años, el obispo Daniel Fernández Torres ha promovido que las víctimas adultas se sientan en la comodidad de querellarse ante las autoridades civiles.  

Mientras que en el caso de los menores, el Obispado procede a instruir a los padres o tutores de su obligación de presentar la denuncia ante las autoridades estatales.  

En caso de que estos no lo hagan, la Iglesia presenta la denuncia correspondiente.  Además, como parte del proceso, por primera vez se expusieron públicamente los nombres de los sacerdotes expulsados”, agregó el licenciado.  

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Yennifer Álvarez Jaimes, EL VOCERO

Graduada de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras con ocho años de experiencia como periodista en prensa escrita, radio y televisión.


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