Plan B

Las razones para llegar hasta aquí son harto conocidas en el país
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Por Columnistas, EL VOCERO 4:07 am

Por: Ángel Rosa
Presidente Comisión de Gobierno e Innovación Económica del Senado

La degradación del crédito de Puerto Rico es inminente. La deuda de algunos $70 mil millones, con su consabido pago anual de intereses de $3.4 millones, es impagable y debemos buscar avenidas alternas para lidiar con la acechante tormenta financiera.

Las razones para llegar hasta aquí son harto conocidas en el país. Por décadas, mientras nuestra economía recibía grandes cantidades de inversión, que generaba ingresos suficientes al estado y empleos bien pagos para nuestra fuerza laboral, decidimos utilizar el crédito para alimentar nuestros sueños de Primer Mundo. Así nos embarcamos en la tarjeta de salud, el Tren Urbano, el Coliseo de Puerto Rico, el Centro de Convenciones, los túneles de Maunabo y tantas otras extravaganzas.

Cuándo por acciones gubernamentales contrarias al interés público, se liquidó la Sección 936 y la abundante inversión externa dejó de fluir, los gobiernos decidieron tomar prestado para pagar lo que no podíamos presupuestar. Terminamos cogiendo prestado para cosas como subir salarios y comprar patrullas de policía. En cuestión de dos décadas adquirimos una deuda en el Municipal Bond Market sólo superada por California y Nueva York.

Mientras la economía se reducía aceleradamente por la actividad empresarial perdida, nuestros gobiernos -pensando que se trataba de una crisis pasajera, aumentaban el endeudamiento para cumplir con las cada vez más exigentes expectativas de gobernar en tiempos de escasez. Cada administración acudía al mercado de bonos a “renegociar” los términos de pago. Dicho de otra forma, a convertir en deuda a largo plazo la que ya no podía pagarse. Así comprometieron los ingresos de futuras generaciones para cubrir lo inmediato.

En los pasados 5 años las casas evaluadoras del crédito advirtieron que con una recesión económica persistente y la incapacidad de las administraciones de gobierno de recortar el gasto -nómina y operaciones, era imposible seguir confiando en la promesa de pago de Puerto Rico. Desde entonces, las degradaciones y perspectivas negativas de nuestra deuda han sido constantes. Añádase la creciente incapacidad del Banco Gubernamental de Fomento para respaldar con sus depósitos las obligaciones del estado unidas al alto costo de coger prestado cuándo el crédito no es bueno.

A eso se enfrenta la administración de Alejandro García Padilla. Una deuda impagable que ya se negocia como chatarra, un gobierno con $1.3 billones más de gastos que ingresos y un mercado de bonos renuente a prestarnos dinero. Por eso se han tomado las medidas urgentes y antipáticas, entre las que las reformas de los sistemas de retiro han resultado las más dolorosas.

El problema es que mientras más disciplina fiscal exige el momento, menos posible es una recuperación económica. Y el baile del gobierno por prescripción de los acreedores, se ha convertido en un círculo vicioso que va destruyendo nuestras posibilidades. El equipo financiero del gobierno se ha enfocado en evitar una degradación que ha estado por ocurrir en varias ocasiones, y que a estas alturas es francamente inevitable. Mientras, las condiciones para hacer negocios en la isla se reducen dramáticamente a base de las estrategias contributivas que buscan aumentar los recaudos. La economía no mejora, los recaudos no suben lo suficiente y el efectivo del BGF se acaba.

Es hora de actuar resueltamente para salirnos de la caja. Y hay alternativas: 1) Obtener términos de financiamiento intermedio respaldados por la Reserva Federal, 2) operar el gobierno central sin acudir al mercado de bonos, 3) impulsar un presupuesto balanceado mediante la reestructuración agresiva de las corporaciones públicas y la autosuficiencia municipal, 4) diseñar e implementar un nuevo sistema contributivo más eficiente y menos regresivo, y 5) comenzar a implementar una alianza con el sector privado que permita la creación significativa de empleos y el desarrollo económico utilizando como punta de lanza los nuevos estatutos de inversión, con los que hemos dotado al país Ley 93 y PS 233.

Se trata de encaminar acciones poco convencionales, que rompan el molde. Acciones que son necesarias ante la inminencia de la tormenta. Seguir negando la realidad no nos va a eximir de sufrirla. Las futuras generaciones nos agradecerán que tengamos un plan B.


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