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Policía asesinado descubrió fraude de licencias

El agente que falleció en el cumplimiento del deber y el sargento que resultó herido
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EL VOCERO / Agustín Santiago
Por Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO 2:24 pm

Un matrimonio, propietario de la armería “The Lawman Gun Shop” de Bayamón, fue incluido en una acusación enmendada en el caso contra el abogado Antonio Peluzzo Perotín por presuntamente participar en un esquema para conseguir licencias de portación de armas de fuego fatulas en el que se falsificaban las firmas de jueces.

Curiosamente, este esquema fraudulento fue descubierto por el asesinado policía Joaquín Correa Ortega y por el sargento Víctor Pérez, herido durante un enfrentamiento a tiros con varios sujetos ocurrido el pasado lunes en la “Plaza de los Caballos” en Humacao.

“Ellos pertenecían a la división de Inteligencia en Humacao y descubrieron parte del esquema. A pesar de que en Bayamón se procesaban las licencias, habían clientes de varias regiones”, informó el fiscal federal José Capó durante una rueda de prensa junto a la jefa de la Fiscalía Federal Rosa Emilia Rodríguez, el director del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) Carlos Cases y el fiscal José Ruiz.

Rodríguez señaló que Correa Ortega y Pérez habían llevado el caso a las autoridades estatales, pero que sus superiores no le contestaron y “nosotros sí le hicimos caso”.

Julio Colón Santiago y su esposa María del Carmen Rivera Negrón, enfrentan junto a Peluzzo Perotín 490 cargos por falsificación de sellos y formas, producción de documentos falsos, conspiración para cometer una ofensa contra el gobierno de Estados Unidos, robo de identidad y robo de identidad agravada.

Hasta al momento, hay aproximadamente 1,300 licencias creadas con documentos falsificados.

Como parte del esquema, The Lawman Gun Shop cobraba entre $1,000 y $1,500 por solicitud.

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El pliego acusatorio alega que Colón Santiago y Rivera Negrón, como dueños de la armería, le pagaban aproximadamente a Peluzzo Perotín $480 por licencia falsa.

La armería, a través de sus dueños y el abogado, se encargaban de todo el trámite para conseguir licencias de portación de armas fraudulentas a sus clientes.

El establecimiento le proveía a sus clientes facturas que detallaban los servicios que supuestamente ellos ofrecían, fotocopias, afidavits, sellos, cargos de Hacienda, servicios de intermediarios y certificados médicos. Estos, en su mayoría nunca fueron prestados.

Usualmente, los acusados le cobraban $250 a sus clientes por la compra de comprobantes que necesitaban del Departamento de Hacienda. Los acusados reciclaban los comprobantes al hacer copias y los volvían a usar, mientras que los clientes pensaban que eran originales.

También les cobraban $75 en honorarios por asistir a los tribunales, a pesar de que ni las solicitudes ni los documentos eran radicados en ninguna corte.

Los clientes de la armería no tenían que ir a corte no proveer ningún otro documento como requerido bajo la ley de Armas de Puerto Rico.

Como parte del esquema, los acusados llevaban las solicitudes para licencia de portar armas a la Comandancia de Bayamón sin importar donde los clientes residían y así evitaban que estos llevaran las solicitudes en persona a las comandancias que les tocaba de acuerdo a su residencia. También recogían las solicitudes de los clientes a la comandancia cuando estaban listas.

“Los acusados le hacían regalitos y le daban propinas al personal que trabajaba en la comandancia de Bayamón por acelerar los procesos y no ser tan exigentes durante los procedimientos para expedir licencias”, destacó Rodríguez. Comentó que los acusados les llevaban donas, café y pitorro.

A preguntas sobre estos empleados sabían que las licencias eran ilegales, Rodríguez respondió “no voy a utilizar la palabra soborno porque eso está bajo investigación…se les pedían favores para que miraran para el lado”.

Con estos documentos falsos los acusados provocaron que la Policía de Puerto Rico creara identificaciones falsas.

Los acusados también enfrentan un cargo por ilegalmente haber ayudado a un convicto por Ley de Armas a obtener, poseer y portar armas de fuego. A preguntas de la prensa, Rodríguez no descartó la radicación de cargos contra esta persona.

Específicamente, le facilitaron a esa persona la portación y posesión de una pistola Glock, modelo 27, calibre .40 y una escopeta Maverick, modelo 88, calibre 12.

El pliego acusatorio enmendado incluye una alegación de confiscación por $1.5 millones y la armería con todo su inventario que constaba de 200 mil municiones y cerca de mil armas de fuego. Esto en adición a una guagua Ford King Ranch del 2013, un BMW del 2014, Porsche 911 del 2011 y un Mustang del 2014.

Las sentencias máximas que enfrentan los acusados por falsificar documentos de la corte es de cinco años y 15 años por la creación de identificaciones falsas. Asimismo, se exponen a cinco años por el cargo de conspiración, dos años consecutivos por cada cargo de robo de identidad y hasta 10 años por ayudar a una persona convicta de delito
grave para poseer y portar armas de fuego.

De ser encontrados culpables todos y cada uno de estos 490 cargos podrían ser impuestos de forma consecutiva.

Rodríguez instó a las personas que obtuvieron las licencias a través de los acusados a comunicarse con la Policía.

Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO

Periodista con más de 20 años de experiencia. Asignada a la cobertura del Tribunal Federal.


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