Porteadores escolares demandan gobierno por Ley 66

Los demandados son el gobernador Alejandro García Padilla, el secretario de Educación Rafael Román y el secretario de Justicia César Miranda.
AGP en el Tribunal Supremo(Foto Agustin Santiago)
El gobernador Alejandro García Padilla figura entre los demandados.
Por Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO 12:23 pm

Diecinueve empresas porteadores escolares, impugnaron en el Tribunal Federal la “Ley Especial de Sostentabilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” -Ley 66- al alegar que viola múltiples provisiones de la Constitución estadounidense y piden que se declare nula e inválida la cancelación de los contratos por parte del Departamento de Educación.

Los demandantes, representados por el abogado Francis Pagán, exponen que los artículos seis y 15 del nuevo estatuto provee para la reducción de los contratos por sus servicios, ajusta las tarifas -las disminuye- y perjudican la relación contractual con los transportistas escolares.

Los demandantes solicitan al juez federal Jay García Gregory que emita una orden de interdicto preliminar y permanente al plantear que sufrirán un daño irreparable y porque se afectarán los servicios de transportación para niños con necesidades especiales o discapacidades físicas.

Asimismo, solicitan que emita una sentencia declaratoria que clarifique que el artículo uno de la sección 10 de la Constitución de Estados Unidos prohibe a los estados aprobar leyes que perjudiquen las obligaciones contractuales.

“Las disposiciones de la Ley 66 e exime los contratos de servicios profesionales provistos directamente a niños y ancianos, así como niños con necesidades especiales junto a otros servicios indispensables de esta naturaleza. Por lo que rogamos a esta corte declarar la cancelación de los contratos de los transportistas escolares como nula e inválida”, señala el recurso legal.

Exponen que una misiva enviada el pasado 24 de junio por el Departamento de Educación a los transportistas es contraria a las disposiciones del artículo siete de la Ley 66 que excluye los servicios profesionales y no profesionales que son pagados con fondos federales.

Afirman que los demandantes proveen servicios de transportación a niños con necesidades especiales o discapacitados. Estos servicios están excluidos de una reducción como dispuso la Ley 66.

Mantienen que las nuevas regulaciones no proveen tratamiento individualizado a niños con discapacidades o con necesidades especiales. Tampoco establece que estos niños serán recogidos en sus hogares con la asistencia de trabajadores sociales.

Destacan que la nueva regulación establece que el Departamento de Educación entrará en contratos con propuestas seleccionadas en los próximos diez días. Comentan que las clases comenzarán el 11 de agosto y que algunas de las propuestas en San Juan, fueron presentadas el 5 de agosto.

Los demandados son el gobernador Alejandro García Padilla, el secretario de Educación Rafael Román y el secretario de Justicia César Miranda.

Los demandantes son Tito Ramírez Bus Service Inc., Sergio Colón Colón, Andrés Maldonado Ruiz, Rancel Bus Service, Charlie de Jesús Torres, Emilio Vélez Rosario, Luis Serrano Serrano, Wilfredo Torres Vega, Waldemar Torres Ortiz, Karen Ramos Serrano, Ernesto González Cordero, Freddy Cruz Vélez, Edwin Maldonado, Heriberto Acevedo Millet, Aníbal González Santiago, René Faria Torres, Alexis Santiago Colón e Iván Ruiz Dorta.

Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO

Periodista con más de 20 años de experiencia. Asignada a la cobertura del Tribunal Federal.


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