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Precipicio fiscal y económico

"...al día de hoy no se vislumbra un acuerdo sobre el proyecto de presupuesto que sometió el gobernador, el cual bajo una declaratoria de emergencia fiscal estipula una reducción y ajustes de gastos".
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Por Jaime Benson 4:00 am

A prácticamente 3 semanas del cierre del corriente año fiscal y comienzos del próximo, no existe un acuerdo entre el poder ejecutivo y el poder legislativo sobre un presupuesto balanceado para el año fiscal que comienza el 1 de julio. Peor aun, al día de hoy no se vislumbra un acuerdo sobre el proyecto de presupuesto que sometió el gobernador, el cual bajo una declaratoria de emergencia fiscal estipula una reducción y ajustes de gastos de hasta $1,375 y de entre $357 y $650 millones en nuevos impuestos. Este proyecto presupuestario a la luz de los insuficientes recaudos de abril y con toda probabilidad los insuficientes recaudos del mes que transcurre, se quedará corto de lograr el cuadre presupuestario por más de $900 millones según diversos estimados oficiales.

Y aún ante esta tímida e insuficiente propuesta de recortes de gastos, que conlleva dejar sin efecto los convenios colectivos en las agencias del gobierno central y en las corporaciones públicas, como implementar los consiguientes recortes en algunos de los beneficios laborales estipulados en los mismos; se ha levantado un muro de oposición encabezada por los sindicatos más poderosos de las corporaciones públicas. A tal punto, que su liderato ha anunciado una huelga general indefinida durante el mes que transcurre y ya han realizado varios paros concertados.

La paralización de labores y servicios en las corporaciones públicas, conllevará la perdida de producción, la reducción en la prestación de servicios y reducciones sustanciales en sus precarios e insuficientes ingresos, así como acentuar el efecto contraccionario en el resto de la economía. Esto en corporaciones públicas que están al borde de la quiebra (Autoridad de Energía Eléctrica, Autoridad de Carreteras y Banco Gubernamental de Fomento), puede precipitar el incumplimiento con el pago de sus deudas, una nueva degradación y la restructuración de sus respectivas deudas con consecuencias imprevisibles. Lo anterior unido a no lograr el objetivo del presupuesto balanceado podrían desembocar en una nueva degradación de los bonos de obligación general del gobierno central y a la larga a un incumplimiento de pagos.

La potencial pasividad, complicidad y consiguiente impunidad de la actual administración a la luz de obvias afinidades y lealtades políticas partidistas del liderato sindical, ante la paralización de labores y suspensión de servicios públicos; sería un elemento catalizador de la consiguiente crisis política, social y de deuda. Este ha sido el objetivo de aquellos sectores (incluyendo el liderato sindical) que ha planteado como salida una moratoria en el pago de la deuda para propiciar una restructuración de la misma.

Lo que obvian consciente o inconscientemente los que promulgan dicha salida extrema, es que el costo social y sufrimiento humano en términos de perdida masiva de empleos, quiebra de planes de retiro, la consiguiente suspensión o reducción de las mensualidades a los retirados, la congelación o reducción dramática de beneficios laborales de todo tipo, el cierre o privatización de corporaciones y agencias públicas, sería de una magnitud mucho mayor a los relativamente tenues sacrificios que tendría que incurrir en la actualidad para evitar tal catástrofe. El que no me crea, que consulte con sus amistades argentinas y griegas.

Jaime Benson

Catedrático de Economía de la UPR


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