Radican legislación para atender deslizamientos de tierras

Así como otros peligros en la infraestructura en el Distrito 12
PROYECTO 238 . SESION DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.  FOTO POR INGRID TORRES
EL VOCERO / Archivo
Por ElVocero.com 6:41 am

El promedio anual del costo económico de los accidentes de tránsito en Puerto Rico es de $743.8 millones, según estudios, por lo que el representante Héctor Torres Calderón radicó un paquete de medidas para mejorar la seguridad del tránsito en su distrito, que atiende a la vez los reclamos de los ciudadanos de mejoras en la infraestructura.

“La Autoridad de Carreteras y Trasportación (ACT) y el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) no pueden obviar su responsabilidad legal de mantener en buen estado la conservación de las carreteras y de vigilar toda obra pública. Si no atienden estos reclamos de la ciudadanía, estarían arriesgando la seguridad de los residentes y transeúntes de la zona. Por esta razón, radicamos estas medidas para atender con prontitud los reclamos de mejoras en la infraestructura de mis representados”, expresó el legislador por el Distrito Número 12, que comprende los pueblos de Morovis, Manatí, Vega Alta y Vega Baja.

Ante la alegada inacción del Estado en cuanto a las obras de mitigación de la PR-149, el representante radicó la Resolución Conjunta de la Cámara 162 la cual ordena al director ejecutivo de la ACT a priorizar en atender los deslizamientos en la carretera estatal PR-149 (expreso de Manatí a Ciales).

Este expreso se ha convertido en uno sumamente peligroso debido a los constantes deslizamientos de terrenos que acontecen. Se sabe, que ello es a causa de corrientes de aguas subterráneas que pasan por el lugar, convirtiéndose en una vía de alto riesgo para sus usuarios.

“A raíz de esta situación y después largos meses de espera, este servidor junto a los alcaldes de mi distrito, nos estaremos reuniendo con el secretario de Transportación y Obras Públicas el próximo 18 de marzo, para discutir y trazar las estrategias necesarias para mitigar la situación, esperanzados en que se atienda y se pueda resolver el asunto”, expresó Torres Calderón.

Otras vías de rodaje donde se han reportado desprendimiento son la PR-155, PR-159 y la PR-567, todas en Morovis. Para atender estas carreteras en particular estableciendo un plan de mejoras, el legislador radicó la Resolución Conjunta de la Cámara 511.

Por otro lado, la Resolución de la Cámara 904 ordena que el director ejecutivo de la ACT certifique el estado procesal en que se encuentra la programación del proyecto de construcción de dos rampas de acceso adicionales desde la autopista José de Diego a la avenida Trío Vegabajeño en Vega Baja.

“Esta zona de Vega Baja se proyecta como la de mayor expansión residencial del área, por lo que es importante mejorar las vías de acceso para que puedan sustentar el impacto vehicular”, añadió Torres Calderón.

La falta de agua de manera constante en los barrios Algarrobo y Alturas de Vega Baja, lugares de gran concentración poblacional y pleno desarrollo, preocupa de sobremanera al legislador, por lo que la Resolución de la Cámara 906 busca que la Cámara realice un estudio para identificar alternativas viables a la situación.

Para el 2011, se esperaba recibir los resultados del estudio Plan de Trabajo para el Puente Fátima por parte de DTOP. Este estudio, atendería los problemas de inundaciones sobre el mencionado puente que cruza el Río Cibuco en el Municipio de Vega Alta.

“Entendemos que a estas alturas DTOP no ha culminado el estudio, teniendo los vecinos que continuar usando el puente lo que atenta contra la vida y propiedad de estos. Por eso radicamos la Resolución Conjunta de la Cámara 512 para que la agencia cumpla y culmine con los trabajos establecidos en el estudio”, indicó el legislador.

El costo económico de los accidentes de tránsito en Puerto Rico, es un estudio realizado por los economistas José I. Alameda y Juan Lara, que estima que el total acumulado del costo para el Estado de los accidentes de tránsito entre los años 2000 al 2006 fue de $5,206,600 millones, por lo que sugieren crear una política pública agresiva para mejorar la seguridad del tránsito en Puerto Rico.

ElVocero.com

Equipo de redactores de ElVocero.com


Noticias Relacionadas

Nuestras Voces


Nuestras Voces

Subir