Continuar a ElVocero.com

Rechazan trato preferencial con Lutgardo Acevedo

Enfrentó un proceso judicial por agredir y apuntar con un arma de fuego al comerciante en el 2010
default-thumbnail
Lutgardo Acevedo López
Por Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO 4:00 am

La presidenta de la Asociación de la Judicatura Elizabeth Linares, rechazó que el sistema de justicia de Puerto Rico esté parcializado a favor del contable Lutgardo Acevedo López, quien enfrentó un proceso judicial por agredir y apuntar con un arma de fuego al comerciante Orlando Soto Ventura en hechos ocurridos el 23 de agosto de 2010 en el restaurante Mesa Criolla.

“No es correcto que el sistema de justicia esté a los pies de este señor. Eso no es correcto”, afirmó la magistrada a EL VOCERO. Soto Ventura denunció a este rotativo el calvario que vivió tras radicar una querella contra el contable y alegó que la jueza superior de Aguadilla Marta Marchany, quería beneficiar a Acevedo López.

Linares, como presidenta de la asociación ofreció declaraciones a este rotativo debido a que Marchany, quien inicialmente presidió la vista preliminar en alzada contra Acevedo López no puede hacer expresiones a la prensa. Aclaró que su homóloga encontró incurso en desacato a Soto Ventura por entender que este incumplió una orden en la que prohibía a las partes discutir el caso con nadie.

Explicó que en la vista preliminar en alzada celebrada el 18 de agosto de 2011, Marchany solo escuchó a un testigo de cargo, el agente Luis Muñiz Alvarez en el interrogatorio directo del fiscal Orlando Velázquez, ya que el contrainterrogatorio se iniciaría en la continuación de la vista, señalada para el 26 de septiembre de 2011.

Señaló que esa fecha se escogió por acuerdo entre la abogada del contable, Mayra López Mulero y el fiscal Orlando Velázquez. Tras escuchar el interrogatorio del fiscal, Marchany llamó a sala a todos los testigos de cargo, incluso a Soto y les instruyó que estaban bajo las reglas del tribunal y les explicó que lo que eso significaba a tenor con la Regla 607 (G) era que no podían hablar entre ellos del caso, ni con nadie incluyendo amigos, familiares ni el ministerio público.
Soto Ventura fue entrevistado por el periodista Luis Francisco Ojeda y por EL VOCERO sobre el caso contra López Acevedo.

Soto Ventura alegó a este rotativo que el fiscal Velázquez le había dado su consentimiento a que ofreciera declaraciones a la prensa sobre aspectos procesales y una breve relación de los hechos ocurridos en Mesa Criolla. Linares indicó que en la reanudación de la vista preliminar, el 26 de septiembre de 2011 Acevedo López por conducto de López Mulero, solicitó la desestimación de los cargos en su contra, o en su defecto, que se encontrara incurso en desacato a Soto Ventura y/o que se suprimiera su testimonio.

López Mulero argumentó que Soto Ventura había violado la orden del tribunal bajo el amparo de la Regla 607 y como consecuencia de esos actos, al imputado se le violó su derecho de recibir el debido proceso de ley. Marchany encontró incurso en desacato a Soto Ventura por entender que este incumplió una orden suya en la que prohibía a las partes a discutir el caso con nadie.
La magistrado ordenó el arresto de Soto Ventura el 17 de noviembre de
2011 y le impuso una fianza de $5 mil. Ello, según Linares al amparo del artículo 284 (B) del Código Penal por lo cual el tribunal ordenó procesado bajo la Regla 242 (b) de Procedimiento Criminal por desacato al tribunal.
Asimismo, la magistrada destacó que ese mismo día Machany expidió una resolución en la cual determinó no desestimar las querellas contra Acevedo López sometidas por Soto Ventura.
Soto Ventura solicitó la inhibición de Marchany tras su resolución de desacato. El comerciante alegaba prejuicio o parcialidad de su parte.

Linares destacó que esta moción la atendió el entonces juez subadministrador del Tribunal de Aguadilla Manuel Acevedo, quien determinó que no procedía la inhibición de la jueza Marchany y ordenó la continuación de la vista ante ella. -El juez Acevedo es investigado por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI), por presuntos actos de corrupción judicial- Linares manifestó que la continuación de la vista preliminar en alzada nuevamente fue pospuesta a petición del fiscal porque uno de los testigos estaba enfermo. La audiencia fue reseñalada para el 15 y 17 de febrero del 2012.

Posteriormente, el 2 de febrero del 2012 la jueza Marchany fue informada por correo certificado en una misiva de la administradora de los Tribunales Sonia Ivette Vélez, de que el 24 de enero Soto Ventura había radicado una querella en su contra en la oficina de asuntos legales de la Oficina Administración de los Tribunales. En la misma se alegó que la magistrada había violado el canon 14 de ética judicial al expedir la orden de arresto en su contra por el desacato.

Posteriormente, la administradora de los tribunales informó que no se encontró evidencia de ninguna conducta impropia de parte de la jueza Marchany y que lo planteado por Soto Ventura era una determinación judicial que no era revisable mediante los procesos disciplinarios. Se ordenó el archivo de la querella presentada en su contra y se le notificó a Soto Ventura de su derecho a solicitar reconsideración.

Linares señaló que Marchany se inhibió de continuar presidiendo la vista preliminar en alzada contra López Acevedo, debido a que Soto Ventura le radicó una querella contra ella.
A raíz de esta situación Marchany tomó la determinación de inhibirse “motu propio” de continuar atendiendo el caso a tenor con el canon 20 de ética judicial y expidió una resolución a esos efectos el 9 de febrero del 2012.

“La jueza Marchany nunca tomó ninguna determinación judicial relacionada al acusado, ya que se inhibió de continuar atendiendo la vista preliminar en alzada y fue otro juez quien la vio y determinó si había causa o no. Tampoco es cierto que en la orden de arresto del señor Soto Ventura Marchany hiciera determinación alguna sobre autorizar o no el pago del 10 por ciento de la fianza impuesta, debido a que esa determinación la tenía que tomar en todo caso, el juez ante la cual se diligenció la orden de arresto”, apuntó Linares.

Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO

Periodista con más de 20 años de experiencia. Asignada a la cobertura del Tribunal Federal.


Noticias Relacionadas

Nuestras Voces


Nuestras Voces

Subir