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Rechazo unánime al nuevo ‘refrescazo’

La Asociación de Restaurantes, MIDA y CUD auguran trastoque en sus negocios y en el bolsillo de los clientes
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Por Ileanexis Vera Rosado, EL VOCERO 4:05 am

Los comerciantes avalan la protección nutricional de los niños, pero rechazan tenazmente que el Gobierno imponga más contribuciones.

Al fin de cuentas esto repercutiría en mayores gastos para sus negocios, los que finalmente serían transferidos a los consumidores.

Las expresiones surgieron ayer tras la presentación de un proyecto legislativo que busca decretar un impuesto de 14 centavos a cada litro de refresco, el cual crearía un fondo que ayude a mejorar la nutrición de los niños y niñas en Puerto Rico.

Otra medida propone que los restaurantes de comida rápida estén obligados a ofrecer las botellas de agua como parte de sus ofertas, sin que esto represente un costo adicional para los clientes.

Gadiel Lebrón, director ejecutivo de la Asociación de Restaurantes (ASORE), dijo que no se opone a medidas encaminadas a reducir la obesidad infantil, pero sostuvo que es imposible que vayan a imponer nuevos impuestos, los que redundarían en el encarecimiento de sus productos.

“En una crisis como la que se vive, es imposible seguir  añadiendo impuestos a los comerciantes. En la Isla se ha incrementado el costo de agua, luz, café, leche y arroz, entre muchos otros productos, los cuales ya es imposible que el comerciante absorba, por lo que tienen que transferirlo al consumidor, que tampoco aguanta más. El más reciente golpe fue la patente nacional, la cual ha detenido la expansión de innumerables cadenas grandes y amenaza la permanencia de muchas otras cadenas establecidas en la Isla”, manifestó Lebrón.

De igual manera entiende es peligroso que el Gobierno se entrometa en las decisiones empresariales, como exigirle a los comerciantes sustitución de productos sin conocer los gastos que esto pueda acarrear. “Muchas cadenas ya hacen el cambio de refresco a agua sin costo adicional. Sin embargo, solo el comerciante conoce los acuerdos económicos con sus suplidores y la viabilidad de poder hacer el cambio acorde con su volumen de venta, pero esta decisión no la puede tomar el gobierno sino el comerciante”, puntualizó.

Enid Monge, presidenta del Centro Unido de Detallistas, quien exigió prudencia al Gobierno y que se mantenga al margen de las decisiones empresariales del país. Aunque coincidió en promover la buena nutrición, entiende que imponer un impuesto al refresco en nada cambia la modalidad de consumo, ya que el hábito tiene que venir desde el hogar.

“Si el padre está dispuesto a pagar más por el litro de refresco,  el niño lo va a seguir consumiendo igual. Sin embargo, si el padre excluye el producto de la dieta del hogar, ya ese menor no lo puede consumir y en ese proceso en nada medió el impuesto. Si el gobierno quiere hacer algo sería desarrollar una amplia campaña de concientización que apele a los efectos negativos de la obesidad en los niños. La realidad es que los comerciantes ni los consumidores aguantan un alza más. El Gobierno no puede seguir interviniendo en las interioridades de cómo se hace negocio en este país”, recalcó Monge.

Por su parte, la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), que recoge la posición de los distribuidores de refrescos de la Isla, manifestó a través de su presidente Ferdizac Márquez, que la intervención del gobierno en la toma de decisiones de los comerciantes es una acción peligrosa, ya que cada negocio conoce la realidad de sus finanzas y la viabilidad de poder hacer un cambio en su estructura de venta, por lo que una imposición en la misma le puede representar un serio problema al establecimiento.

En torno al arbitrio a  los refrescos a nivel del distribuidor, mencionó que finalmente repercute en un alza en el precio del producto que terminará pagando el consumidor, porque el comerciante no puede absorber un costo adicional.

“El Gobierno tiene que buscar otras formas de atenuar la situación sin poner mayor presión a los comerciantes y consumidores. Cada impuesto hace más onerosa la operación a los comerciantes, la cual de una u otra manera la pasa al consumidor. Es potestad del consumidor seleccionar lo que desee consumir, y no del gobierno imponerlo. Avalamos la sana nutrición de los niños y para lograrlo es importante una campaña de medios, no un impuesto adicional”, señaló.

Ileanexis Vera Rosado, EL VOCERO

Graduada de Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez y egresada de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, con más de 20 años de experiencia como periodista en prensa escrita, radial y televisiva.


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