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Responsabilidad Congresional

"Tanto la Ley Foraker como la Ley Jones estipularon que las leyes federales de Estados Unidos aplicarían en general a la isla"
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EL VOCERO / Archivo
Por Columnistas, EL VOCERO 4:10 am

José M. Saldaña,
Expresidente de la Universidad de Puerto Rico

La Ley Foraker, fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en 1900 para organizar el gobierno civil de Puerto Rico. La isla estaría representada ante el Congreso por un Comisionado Residente elegido por el pueblo puertorriqueño quien sería miembro sin voto de la Cámara de Representantes.

En el 1901 surgieron asuntos relacionados con el estatus conocidos como los Casos Insulares. Como resultado de estos, el Tribunal Supremo determinó que Puerto Rico no era parte de Estados Unidos. Se consideró a Puerto Rico como un territorio “no incorporado” en el cual la Constitución y Carta de Derechos de Estados Unidos solo aplicarían parcialmente.

En 1917, con la aprobación de la Ley Jones, el Congreso declaró a Puerto Rico territorio “organizado pero no incorporado”. Se le otorgó la ciudadanía estadounidense a las personas nacidas en la isla y se modificó la estructura del poder legislativo para incluir un Senado y una Cámara de Representantes.

Tanto la Ley Foraker como la Ley Jones estipularon que las leyes federales de Estados Unidos aplicarían en general a la isla.

En 1947, bajo la presidencia de Harry Truman se autorizó al pueblo puertorriqueño a elegir su propio gobernador, siendo electo por voto popular Luis Muñoz Marín.

En 1950, el Congreso aprobó la Ley 600 de Relaciones Federales autorizando a Puerto Rico a redactar su propia constitución “sobre asuntos de incumbencia puramente locales”, requiriendo que se estableciera un gobierno representativo y una carta de derechos.

La Constitución fue redactada, aprobada -sujeta a condiciones- por el Congreso, ratificada por el pueblo el 3 de marzo 1952 y firmada el 3 de julio 1952 por el Presidente Truman como Ley Pública 82-447. El gobernador Muñoz, promulgó la Constitución el 25 de julio de ese mismo año. Este proceso, avalado por el pueblo puertorriqueño en un referéndum, creó lo que se denominó “Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. Sin embargo las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos continuaron definidas por la Constitución de Estados Unidos y la Ley de Relaciones Federales.

Puerto Rico consintió ser un territorio no incorporado – una colonia – bajo los poderes plenarios del Congreso, sin los poderes de 2 senadores, 6 representantes y sin el voto presidencial, restringiéndose así nuestro pleno desarrollo social y económico.

Los Estados Unidos nos otorgó una serie de subsidios y concesiones como exenciones contributivas a las empresas establecidas en la isla bajo la sección 936 del código de rentas internas y la entrada privilegiada al mercado de la nación. Esas se convirtieron en los pilares del modelo económico colonial que propició algún desarrollo por un tiempo. Sin embargo, cuando se eliminó la 936 y la globalización abrió el acceso de infinidad de naciones al mercado de los Estados Unidos, se aceleró el colapso y quiebra de ese modelo económico que por décadas daba signos de deterioro. A esto contribuyó grandemente la irresponsabilidad fiscal de gobernantes que pretendieron hacernos creer que vivíamos en el mejor de dos mundos.

El 6 de noviembre del 2012 por primera vez retiramos el consentimiento al estatus colonial, incapacitante e indigno que lacera tanto nuestra autoestima como la reputación y el prestigio de los Estados Unidos como paladín de la democracia y la igualdad. El Congreso tiene ahora la palabra.


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