Revelan traqueteo en Tribunal de Caguas

El ambiente que se describe en el Tribunal de Caguas es uno donde supuestamente es ‘uso y costumbre’ el que algunos abogados paguen en efectivo gastos de viajes, cenas, almuerzos, fiestas y otras actividades de entetenimiento a jueces
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Por Redaccion, EL VOCERO 4:15 am

Melissa Correa Velázquez
Rafy Rivera
EL VOCERO

El Tribunal de Caguas podría convertirse próximamente en el lugar donde la judicatura de Puerto Rico estaría recibiendo el mayor golpe de vergüenza de toda su historia.

Y es que a raíz del escándalo del caso del contable Lutgardo Acevedo, quien se declaró culpable de sobornar al juez de Aguadilla, Manuel Acevedo Hernández, el fantasma de la corrupción en los tribunales parece haber quedado al descubierto.

A esto se le une el que, alegadamente, autoridades federales y estatales tienen al presente esfuerzos en conjunto y estarían entrando en acción en cualquier momento. De hecho, las investigaciones, tanto contra jueces, abogados y funcionarios de tribunales, es una que data de principios de año y que EL VOCERO destacó en exclusiva.
Desde mayo pasado varios abogados del país habrían consultado con colegas para orientarse legalmente de surgir intervenciones similares a la de juez Manuel Acevedo Hernández, acusado de aceptar un soborno en efectivo de $54,000.

Precisamente, en agosto del 2013, el director del FBI en Puerto Rico, Carlos Cases, anunció la creación de una escuadra federal especializada para investigar a la rama judicial y las controvertibles situaciones que venían ocurriendo. El FBI ha sido parco en confirmar la serie de pesquisas que llevan a cabo contra varios juristas locales.

El ambiente que se describe en el Tribunal de Caguas es uno donde supuestamente es ‘uso y costumbre’ el que algunos abogados paguen en efectivo gastos de viajes, cenas, almuerzos, fiestas y otras actividades de entetenimiento a jueces. Este supuesto esquema de corrupción, alegadamente ha imperado durante años en ese foro.
Las supuestas acciones fueron denunciadas a EL VOCERO por dos exfiscales que laboran en el mencionado tribunal y que solicitaron mantenerse en el anonimato. Para efectos del reportaje estos se identificarán como Fiscal A y Fiscal B.

“Lo increíble es que estos abogados llegan a sala, se sientan y lo dicen. Hacen alarde de eso. Los que estamos allí los escuchamos. Hay uno en específico que alardea que se ha ido de viaje con jueces y que se va con $10 mil en efectivo y le cubre los gastos. Hay abogados que mueven mucho dinero en efectivo que pueden hacer este tipo de gastos y no hay evidencia porque es en efectivo”, afirmó el Fiscal A.
“Hay varios abogados que antes de empezar las vistas nos dicen ‘yo estoy bien cómodo en esta sala’ o ‘la juez es amiguita mía”, expresó el Fiscal A.

“Tengo familia y cuentas que pagar, si denuncio esto, pierdo mi trabajo. Esto es un problema que ha existido durante años”, señaló.

El ambiente de tensión es tal en el Tribunal de Caguas, que supuestamente ya hay abogados que cuando conocen que litigaran en ese lugar, en ocasiones comentan que perderán los casos. Es como una especie de combinación de ‘pitcher’ y ‘catcher’ entre influyentes abogados y jueces.

“Los fiscales estamos luchando solos contra los abogados de defensa y contra jueces que se convierten en abogados de defensa. Esos jueces ya tienen su mente hecha y han hablado con los abogados y saben como van a decidir. Los fiscales tenemos que batallar contra todo”, apuntó el Fiscal B.

La fiscalía federal alegadamente ya tiene conocimiento de este supuesto esquema de labores, y de los actos cometidos por jueces y abogados.

Los fiscales entrevistados coincidieron además en el nombre de una reconocida abogada de Caguas que tiene influencias políticas y que alegadamente ha controlado a magistrados que tenían renominaciones pendientes. También, en las decisiones de casos.

“Ella tenía controlado eso allí. Ella está en la misma categoría de (Ramón Delgado Rodríguez) Bronco”, dijo el Fiscal B. El licenciado Delgado Rodríguez se declaró culpable en el foro federal por interferir con un testigo del gobierno en el caso contra el narcotraficante Cruz Roberto Ramos González, mejor conocido como “Robert Belleza”.
El Fiscal B recalcó que la influyente abogada comenzó a litigar casos en el Tribunal de San Juan, luego de que una jueza del Tribunal de Caguas fuera transferida a la Capital. De manera incierta, los casos de esta letrada llegaban a manos de la jueza transferida.

“La abogada comenzó a ir a San Juan. No sé cómo los casos de esa abogada le caían en la sala de esa jueza amiga suya. Esto viene de Secretaría por ahí para arriba. Había un caso de asesinato y esa abogada se unió a los abogados que tenían el caso para obtener un resultado a favor de ellos”, explicó.

Mientras, el Fiscal A indicó que esta abogada aporta dinero a campañas políticas. “Si te pones en el camino de ella, ella se pone en tu camino para que no te renominen. Se comentaba que hay un juez del Tribunal de Fajardo, que iba ser trasladado al Tribunal de Caguas y esa abogada estaba haciendo lo posible para que no lo trasladen o que si lo trasladan sea para ver casos civiles”, aseguró el Fiscal A.

Comentó, además, que “una jueza de Caguas que tenía una relación sentimental con un abogado de Asistencia Legal, no se inhibía de presidir los casos de su novio. Esto era de público conocimiento de todos los allegados al Tribunal de Caguas”.

“La relación terminó en matrimonio, pero antes de casarse con él, la jueza veía sus casos y todo el mundo sabía de esa relación”, expuso el Fiscal A.

Catalogó de “algo rutinario” las reuniones de magistrados con los abogados de defensa en sus despachos antes de que comenzaran las vistas u otros procesos, mientras que los fiscales permanecían esperando en sala.

El Fiscal A manifestó que esta situaciones entre abogados y magistrados es conocida por agentes de la Policía. “Muchos agentes no se atreven a llevar casos porque saben que van a perder”.

Afirmó que cuando le ha tocado casos que son presididos por jueces amigos del abogado de defensa, ha optado por llegar a preacuerdos con los acusados para evitar que el caso se caiga del todo.

“Es poco el historial de investigaciones a jueces. Es un foro que ha sido corrupto por mucho tiempo. Lo que hacen es trasladar a jueces y sigue con la misma mala costumbre. Si los mueves, contaminas a otros tribunales. Si la Oficina de la Administración de Tribunales (OAT) no lo sabe es incompetente. Si lo sabe, lo tapa. Entiendo que quiera mantener la integridad de la judicatura, pero es mejor que se limpie la casa, porque el mensaje que se está llevando es erróneo”, sentenció el Fiscal A.

“Esto no debe ocurrir en ningún tribunal porque debemos combatir la corrupción. Me alegro que exista el Tribunal Federal. Esto se sabía, pero no es hasta que los federales llegan, que se le pone el cascabel al gato”, agregó.
El martes la administradora de los Tribunales Sonia Ivette Vélez y la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico defendieron la integridad de la rama judicial. Sin embargo, las declaraciones encontradas de parte de Vélez, en torno a cómo ha manejado las informaciones respecto a supuestos regalos, favores o situaciones entre abogados y jueces no fueron resueltas del todo. Vélez expresó que en ocasiones sostuvo reuniones con los jueces, les explicó la situación describiendo las mismas como unas de percepción. La jueza aceptó que hay jueces señalados y otros que han sido removidos o trasladados.

Alegados vientos de cambio
Tras la discusión pública que se ha creado por el caso del juez Manuel Acevedo Hernández, EL VOCERO supo que la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) hará anuncios próximamente sobre los mecanismos investigativos a su alcance.

La fuente aseguró que la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Liana Fiol Matta, evalúa enmiendas a la Ley 91 que rige la Comisión de Evaluación Judicial para ampliar sus poderes.

Además, se buscará reformar el número de miembros de la Comisión de Evaluación Judicial ya que muchos de estos términos están vencidos.

Asimismo, la OAT contratará abogados especializados en investigaciones para su División Legal y se revisarán los reglamentos de la Comisión de Disciplina Judicial y Evaluación Judicial.

Rafy Rivera y Yennifer Álvarez Jaimes colaboraron con este reportaje.


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