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La determinación de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico de negar la extensión por un año de la moratoria al aumento de matrícula es una mala señal
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Por María de Lourdes Santiago 4:11 am

La determinación de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico de negar la extensión por un año de la moratoria al aumento de matrícula es una mala señal. No es descabellado anticipar que lo que se persigue es esperar hasta el verano –cuando es más difícil articular protestas estudiantiles—para anunciar el aumento. En el entretanto, la administración puede seguir con el libreto de ‘policía bueno, policía malo’: unos diciendo que viene el lobo y otros que no. Es la película que ya vimos, en su versión legislativa, con la desarticulación del Sistema de Retiro de Maestros—se negó rotundamente la existencia de un proyecto de ley redactado desde abril, se radicó la medida el día 19 de diciembre, se convocó a una sola vista el día 20, se aprobó el día 23, y se convirtió en ley en Nochebuena.

Además de la similitud en estrategia, hago la conexión porque creo que ambas iniciativas (aumento de matrícula en la UPR, reducción del retiro de las maestras), pintan de cuerpo entero la hipocresía detrás de la frase tan manoseada de que ‘en la educación está el futuro del país’. No es honesto cifrar esperanzas de progreso colectivo en el sistema educativo público por un lado y, por el otro, mutilar ese mismo sistema. Cierto que los efectos de la crisis creada por la combinación fatal de incompetencia, corrupción e inferioridad del sistema colonial salpicarán a todos los sectores de una forma y otra, pero en el caso de la Universidad de Puerto Rico la agenda para su debilitamiento antecede, por mucho, la apocalipsis crediticia. Durante muchos años, se ha denunciado cómo las pobres prácticas administrativas han alimentado una estructura más centrada en la burocracia que en la academia, con un número cada vez mayor de profesores trabajando en condiciones precarias, con recursos insuficientes para la investigación, una oferta académica menguada y una editorial aletargada.

Ahora, la crisis fiscal se ha convertido en el zapato que calza a cualquier número, y se le invoca como si al hacerlo se exorcisara la necesidad de dar mayores explicaciones. Así, mientras no se toca de lejos a alcaldes (a ver cuándo se animan a considerar mi Proyecto del Senado 900, para eliminar los pagos de días de vacaciones y enfermedad sin utilizar) ni se asume un verdadero control de la contratación de recursos externos, ni se elimina de cuajo la publicidad que no responda a obligaciones legales, ni se ejercita adecuadamente la fiscalización a la evasión contributiva, ni se considera una reforma contributiva integral, ni se revisa de manera crítica la eficiencia de las politizadas agencias, la Universidad les luce como un blanco fácil para las políticas de ahorro selectivo.

Sobre la mesa están las propuestas hechas por las comunidades universitarias, que van desde la consolidación de plazas que realizan funciones similares hasta la ampliación de los servicios pagadas que puede ofrecer la UPR. Pero también está la revisión de medidas recientemente adoptadas, como el aumento del presupuesto de la Junta de Gobierno y el alza en la compensación a empleados de confianza—determinaciones incompatibles con la precariedad financiera de la institución.

La Universidad de Puerto Rico es mucho más que una agencia o que una corporación pública. Para los que estudiamos allí, es mucho, mucho más, que la vía para un grado académico. Es una ventana a un mundo más amplio, un descubrimiento, un reto y un instrumento democratizador, donde comparten la experiencia del conocimiento jóvenes de todas las procedencias y con los más diversos intereses. Si una inversión es, realmente, de futuro, es nuestra Universidad.

María de Lourdes Santiago

Portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño en el Senado.


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