Vigilantes la Cámara y el Senado

Por Maricarmen Rivera Sánchez, EL VOCERO 4:05 am
Los presidentes de ambos cuerpos legislativos no opinaron abiertamente sobre la decisión del Supremo de dejar sin efecto la Ley 160
10 abril 2013.Capitolio. entrevistas Jaime Perello(foto Willin Rodriguez)

Los presidentes de Cámara y Senado, Jaime Perelló y Eduardo Bhatia, respectivamente, buscaron minimizar el efecto de la paralización de la Ley 160 por parte del Tribunal Supremo, catalogando la acción como un asunto procesal que según ellos responde a la manera en que opera este foro judicial. Ahora, ambos cuerpos tienen ante sí proyectos para derogar esta ley.

“Es una decisión interlocutoria por parte del Supremo de una ley que no entra en vigor hasta el 1 de julio. El efecto es ninguno. Es simplemente una movida procesal interna para atenderlo en sus méritos”, dijo Bhatia. “Me parece normal”.

De igual forma, Perelló lo catalogó como una acción “procesal”. “Como tal, la respetamos pues no significa una adjudicación en sus méritos. La Reforma del Retiro de Maestros, así como la Reforma de Retiro de la Judicatura es constitucional y es una medida trascendental para atender la crisis fiscal que enfrenta el país”.

La decisión judicial fue tomada con pinzas por los legisladores que se opusieron a enmendar la Ley del Sistema de Retiro de los Maestros.

Mientras se evalúa este proyecto en el máximo foro judicial, ya la senadora popular Maritere González radicó un proyecto para derogar la Ley 160 y otros para restituir los bonos que fueron eliminados. González fue una de las que se opuso al proyecto y ayer dijo que radicó los proyectos para asegurar por vía legislativa que no se reducirán beneficios a los maestros. En la Cámara, un proyecto similar fue radicado por Waldemar Quiles.

“Pienso que detener el efecto de la ley ciertamente beneficia a los maestros, pero no garantiza que en efecto vayan a resolver que no es válida. Por eso tienen que continuar los esfuerzos del diálogo sincero, negociación y el intento de derogar la ley”, dijo González.

Bhatia pareció ayer cerrarle las puertas a los proyectos radicados por González al indicar que no se puede dar paso a estos proyectos sin dar opción para salvar el Sistema de Retiro de Maestros.

“Cualquier proyecto, que me digan exactamente dónde está el dinero para poder sufragar las pensiones cuando hay un déficit de miles de millones de dólares. Aquí no hay un ejercicio personal ni de grupo ni de discrimen, hay un asunto fundamental de matemática y en eso se debe saber dónde encontrar el dinero y quién lo va a pagar”, dijo Bhatia ayer.
Al igual que González, la senadora independentista María de Lourdes González y el popular Cirilo Tirado también pusieron en tela de juicio las intenciones de los jueces del Supremo.

“Es una buena señal, pero no se puede cantar victoria. En todo caso, la ley no tendría efecto hasta el final de este año fiscal, así que la paralización no tiene mayores consecuencias”, dijo Santiago. “A nadie se le escapa que ahora que ven su propio retiro amenazado, los jueces ven el tema”.

Tirado, en tanto, dijo que es una determinación “sospechosa”.
“Me parece una determinación sospechosa a menos de 24 horas de iniciar la discusión en el Tribunal Supremo del caso radicado por los propios jueces. No quisiera pensar que se refugiarán tras los maestros para decidir el caso en favor de los jueces cuando validaron la Ley 7”, dijo Tirado.
El expresidente del Senado, Antonio Fas Alzamora, cuestionó si esta decisión afectará la evaluación de las casas acreditadoras.

“Respeto la decisión…y espero que la misma no afecte la evaluación que están haciendo las casas acreditadoras sobre el Gobierno de Puerto Rico”, dijo Fas Alzamora. “Confío en que al final del proceso el alto foro judicial tome la mejor decisión”.

Por su parte, los portavoces de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en Cámara y Senado, Jenniffer González y Larry Seilhamer, vieron la decisión del Supremo como una “oportunidad”.

“Es evidente que el Tribunal va a conceder el análisis sosegado, prudente y racional que la atual administración le negó”, dijo Seilhamer.

González, por su parte, dijo que los populares deben aprovechar la determinación del Supremo para evaluar el proyecto “sosegadamente y con la participación de todos los sectores”.
“Es una oportunidad preciada para rectificar el grave daño que le han propiciado a la clase magisterial del país. Hago un llamado al diálogo y a la convergencia”, dijo González.


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